La Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires celebra la reciente publicación de Ne bis in idem, double jeopardy y la firmeza del veredicto del jurado, decimocuarto volumen de la prestigiosa Colección de Juicio por Jurados y Participación Ciudadana en la Administración de Justicia, editada por el sello Ad Hoc, bajo la dirección de Andrés Harfuch.
Esta pieza de doctrina reúne contribuciones de especialistas de reconocida trayectoria internacional, entre ellos las profesoras estadounidenses Catherine M. Grosso y Barbara O’Brien, los profesores japoneses Hiroshi Fukurai y Satoru Shinomiya, la investigadora argentina Carolina Ahumada y el propio Andrés Harfuch.
Concebido como homenaje a dos trascendentes precedentes de 2024, McElrath v. Georgia, de la Corte Suprema de los Estados Unidos, y Pitman, de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, el volumen aborda uno de los problemas centrales del juicio por jurados contemporáneo: la firmeza e inapelabilidad de los veredictos de no culpabilidad como derivación de la garantía del ne bis in idem. Desde esa perspectiva, la obra examina críticamente la idea de una facultad recursiva simétrica entre acusación y defensa y recupera la concepción del recurso contra la condena como garantía constitucional y convencional del acusado.
En el prólogo preparado para la edición brasileña, Alberto Martín Binder y Andrés Harfuch desarrollan dos coordenadas teóricas de particular relevancia para la magistratura contemporánea. La primera indaga en las razones de la persistente resistencia cultural a asumir una versión fuerte y efectiva del non bis in idem y encuentra una de sus raíces en la tradición inquisitorial de la denominada “unidad del proceso”. Conforme a esa concepción, las decisiones jurisdiccionales aparecen como eslabones todavía provisionales dentro de un procedimiento que sólo alcanza verdadera definitividad cuando intervienen los órganos situados en la cúspide de la organización judicial. Frente a esa inercia jerárquica, la obra propone recuperar la tradición liberal del juicio oral como instancia de decisión definitiva y la histórica vinculación entre la centralidad del juicio, la cosa juzgada y la intangibilidad de los hechos establecidos en primera instancia, con especial intensidad cuando la decisión emana de un jurado integrado por doce ciudadanos.
Desde esa perspectiva, Binder y Harfuch recuerdan que el desarrollo posterior del derecho a la revisión integral de la condena constituye una garantía establecida en favor del condenado y no una modificación general del principio histórico de firmeza de los hechos fijados durante el juicio. El non bis in idem aparece así estrechamente vinculado con la propia estructura política del proceso acusatorio y con la preservación de la decisión adoptada bajo las condiciones de oralidad, publicidad, inmediación y concentración que caracterizan al juicio.
La relación entre la fuerza de la cosa juzgada y la precisión fáctica de la decisión, cobra particular interés en los supuestos en que se introduce una defensa por inimputabilidad. La línea teórica que explora el volumen invita a superar aquellas concepciones positivistas vinculadas con la noción de “estado peligroso”, en las cuales la determinación del hecho tendía a quedar relegada frente al examen de las condiciones personales del acusado. En el marco de un juzgamiento constitucional, la inimputabilidad presupone necesariamente la previa constatación del hecho punible y de su atribución al acusado.
De allí que el jurado, al igual que los jueces profesionales, deba someter la existencia del hecho y su autoría al mismo escrutinio probatorio exigible frente a cualquier acusación. Si el hecho no existió, no pudo ser probado o no puede ser atribuido al acusado, corresponde una declaración específica en ese sentido y no existe base legítima para la imposición de una medida de seguridad. La precisión del veredicto aparece, de este modo, no sólo como una exigencia epistemológica del proceso, sino también como una garantía del acusado y como presupuesto de la fuerza que el orden constitucional reconoce a la decisión adoptada en el juicio.
El volumen incorpora, asimismo, el dictamen del Procurador General de la Provincia de Buenos Aires, Julio Conte-Grand, y la intervención histórica en calidad amicus curiae que reunió a Guillermo Ledesma, Ricardo Gil Lavedra, León Arslanian y Jorge Valerga Aráoz, cuatro de los magistrados que integraron el tribunal del histórico Juicio a las Juntas de 1985.
Por la actualidad y trascendencia de los precedentes examinados, la diversidad de las tradiciones jurídicas convocadas y la jerarquía académica de sus contribuciones, Ne bis in idem, double jeopardy y la firmeza del veredicto del jurado constituye un aporte de especial relevancia para magistrados, funcionarios, litigantes y académicos interesados en el juicio por jurados, el sistema de garantías del proceso penal y los alcances contemporáneos de la prohibición de la múltiple persecución penal.
La Red valora y difunde la aparición de una obra que contribuye a enriquecer el debate jurídico sobre instituciones centrales del proceso penal y a profundizar la reflexión acerca de un modelo de administración de justicia fundado en la oralidad, la participación ciudadana y el pleno respeto de las garantías constitucionales.
