A treinta años de la Ley 24.660: pensar los desafíos actuales de la ejecución penal
La Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires invita a participar del XXI Encuentro Nacional de la Justicia de Ejecución Penal, organizado por la Asociación Argentina de la Justicia de Ejecución Penal, que se desarrolla en la provincia de Catamarca los días 14, 15 y 16 de octubre de 2026, bajo el lema “El horizonte de la Ejecución Penal frente a los paradigmas actuales. A 30 años de la Ley 24.660: nuevos desafíos y propuestas”.
La propuesta reúne a magistradas y magistrados, funcionarios, operadores judiciales, equipos interdisciplinarios, integrantes de los servicios penitenciarios, académicos y estudiantes de todo el país, en un espacio federal destinado a la reflexión, el intercambio de experiencias y la construcción de buenas prácticas en materia de ejecución penal. La metodología prevista articula conferencias magistrales, talleres y conversatorios, procurando vincular la reflexión académica con los problemas concretos que enfrenta diariamente la administración de justicia.
Desde La Red entendemos que esta convocatoria posee una especial significación. La ejecución de la pena constituye uno de los ámbitos en los que con mayor intensidad se pone a prueba la capacidad del sistema judicial para transformar los principios constitucionales y convencionales en prácticas efectivas. Pensar críticamente sus instituciones no supone solamente discutir reglas penitenciarias: implica interrogar el modo en que el Estado ejerce su poder punitivo una vez dictada la sentencia, las condiciones bajo las cuales se restringen derechos y los instrumentos disponibles para reducir los efectos deteriorantes de la prisionización.
Los desafíos procesales de la ejecución penal constituyen, en ese sentido, un primer eje imprescindible. La incorporación de los principios propios del modelo acusatorio, la oralidad, las técnicas de litigación, la producción y valoración de la prueba, la intervención de la víctima y la revisión de las decisiones obligan a abandonar definitivamente cualquier concepción de la ejecución como una etapa meramente administrativa de la pena. También allí existe conflicto, controversia y ejercicio de poder estatal y, por ello, también allí deben operar plenamente las garantías del debido proceso, la contradicción y la imparcialidad judicial.
El análisis de los modelos de organización y gestión de las oficinas judiciales, junto con la incorporación de herramientas de inteligencia artificial, incorpora otra dimensión impostergable. Una justicia respetuosa de los derechos necesita también organizaciones capaces de responder de manera oportuna, transparente y eficiente. La tecnología puede ofrecer instrumentos valiosos para ese cometido, siempre que permanezca subordinada a la función jurisdiccional, a la responsabilidad de quienes deciden y a criterios éticos compatibles con las garantías fundamentales. El propio programa dedica un espacio específico a los desafíos éticos y jurídicos que plantea el uso de inteligencia artificial en la ejecución penal.
Las medidas alternativas al encarcelamiento ocupan igualmente un lugar central. Explorar experiencias exitosas, identificar obstáculos y diseñar estrategias que permitan fortalecer respuestas distintas del encierro significa reconocer que la prisión no puede constituir la respuesta automática frente a todo conflicto penal. Para La Red, este debate se vincula directamente con uno de sus compromisos fundacionales: trabajar para minimizar los efectos negativos de la prisionización y promover una administración de justicia compatible con la dignidad humana.
En idéntica dirección, la Justicia Restaurativa introduce herramientas capaces de desplazar la mirada desde la exclusiva imposición de sufrimiento hacia la reparación, la responsabilización y la reconstrucción de vínculos afectados por el conflicto. Su inclusión como eje específico, tanto desde las prácticas judiciales como desde el tratamiento penitenciario, abre un espacio particularmente fértil para pensar formas de intervención que otorguen participación real a quienes han sido afectados y permitan ampliar el repertorio de respuestas disponibles frente al delito.
El abordaje del consumo problemático recuerda, por otra parte, que numerosas situaciones sometidas al sistema penal no pueden comprenderse adecuadamente desde categorías exclusivamente jurídicas. El tratamiento, el enfoque comunitario en contextos de encierro y las experiencias de Justicia Terapéutica plantean la necesidad de intervenciones interdisciplinarias que permitan distinguir castigo, asistencia y tratamiento, evitando que el sistema penal termine gestionando problemáticas sociales y sanitarias únicamente mediante el encarcelamiento.
Un capítulo de particular relevancia corresponde a los informes penitenciarios y criminológicos. La composición interdisciplinaria de los equipos, sus métodos de trabajo, la razonabilidad y proporcionalidad de sus evaluaciones y el alcance que aquellas deben tener sobre las decisiones jurisdiccionales requieren permanente revisión crítica. La información técnica constituye una herramienta indispensable para decidir, pero no puede convertirse en una sustitución de la función judicial ni en una predicción determinista acerca de la conducta futura de las personas. El programa propone precisamente discutir sus alcances y límites, incluso frente a regímenes especiales.
La incorporación de las neurociencias aplicadas a la evaluación criminológica plantea, a su vez, uno de los debates contemporáneos más desafiantes. El aporte científico puede enriquecer la comprensión de conductas y procesos de toma de decisiones, pero exige particular prudencia cuando sus conclusiones ingresan al ámbito jurisdiccional. La discusión sobre sus posibilidades y límites resulta indispensable para evitar reduccionismos y preservar una concepción de la persona compatible con la responsabilidad individual, la dignidad humana y las garantías propias del Estado de derecho.
Finalmente, el Observatorio de Buenas Prácticas, que en esta edición incorpora un estudio sobre las familias y la privación de libertad, introduce una perspectiva frecuentemente postergada: los efectos del encarcelamiento exceden a la persona condenada y alcanzan a su entorno familiar y comunitario. Incorporar esa dimensión permite comprender de manera más completa las consecuencias sociales de la pena y desarrollar políticas institucionales que procuren evitar daños innecesarios que ninguna sentencia ha impuesto.
La amplitud de estos ejes revela una concepción de la ejecución penal que ya no puede agotarse en el control del cumplimiento temporal de una condena. Litigación, organización judicial, alternativas al encierro, justicia restaurativa, salud, criminología, interdisciplinariedad, tecnología y efectos sociales de la prisión forman parte de un mismo interrogante: cómo ejercer el poder punitivo dentro de los límites que impone un Estado democrático de derecho y, al mismo tiempo, construir instituciones capaces de revisar críticamente sus propias prácticas.
A treinta años de la sanción de la Ley 24.660, el encuentro constituye así una oportunidad especialmente valiosa para realizar un balance de los estándares alcanzados, identificar los problemas aún pendientes y elaborar nuevas respuestas mediante el intercambio federal de experiencias. Esa vocación por la formación permanente, la discusión plural y la mejora del sistema penal coincide plenamente con los objetivos que dieron origen a nuestra Asociación.
Desde la Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires celebramos esta iniciativa de la Asociación Argentina de la Justicia de Ejecución Penal e invitamos a nuestra comunidad a conocer su programa y participar de sus actividades.
Catamarca | 14, 15 y 16 de octubre de 2026
XXI Encuentro Nacional de la Justicia de Ejecución Penal
“A 30 años de la Ley 24.660: nuevos desafíos y propuestas”
El link de inscripción es el siguiente: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEFAOY-O9fwam5XoKTnk35sdVnf2duku4vVZUVjXG9ydC8JA/viewform?usp=dialog
