La Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó en el caso Moliné O’Connor Vs. Argentina un fallo de enorme trascendencia para la defensa de la independencia judicial.
El Tribunal declaró responsable internacionalmente a la República Argentina por la destitución, mediante juicio político, del entonces juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Eduardo José Antonio Moliné O’Connor, al considerar que el procedimiento se fundó en el criterio jurídico expresado en decisiones adoptadas en ejercicio de su función jurisdiccional.
La Corte reafirma que los mecanismos de remoción de magistrados son compatibles con el sistema democrático, pero establece un límite esencial: no pueden utilizarse para revisar, sancionar o condicionar el contenido de las decisiones judiciales. Los jueces pueden responder por conductas ilícitas, faltas graves o incompetencia comprobada, pero no por la interpretación del derecho, la valoración de la prueba o el sentido de sus fallos.
El pronunciamiento destaca, además, que la independencia judicial no constituye un privilegio de los magistrados. Es una garantía de la ciudadanía y una condición estructural del Estado de Derecho, porque permite que los jueces ejerzan el control sobre los restantes poderes sin temor a represalias. La propia Corte advierte que un juez removible por la mayoría política en función de cómo decide difícilmente podría ejercer un control efectivo sobre esa misma mayoría.
Estos lineamientos coinciden de manera directa con una posición que la Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires viene sosteniendo reiteradamente.
La Red ha señalado que las decisiones judiciales pueden ser criticadas y revisadas por los mecanismos previstos en el ordenamiento jurídico, pero que el juicio político o el jury no pueden convertirse en vías alternativas de impugnación ni en instrumentos de presión sobre quienes ejercen la función jurisdiccional.
Cuando un magistrado puede ser sometido a un procedimiento de remoción por el contenido de una sentencia, la afectación no se limita a quien dictó esa decisión. El mensaje se proyecta sobre toda la judicatura y genera un riesgo evidente de condicionamiento para el ejercicio independiente de la jurisdicción.
El fallo Moliné O’Connor Vs. Argentina viene ahora a consolidar desde la jurisprudencia interamericana un principio fundamental: independencia y responsabilidad judicial no son conceptos incompatibles, pero la rendición de cuentas no puede invadir el contenido jurisdiccional.
Desde La Red consideramos especialmente relevante este precedente, que reafirma una idea central para cualquier sistema republicano y democrático: los jueces deben responder por sus conductas, pero no pueden ser castigados políticamente por el contenido de las decisiones que adoptan en ejercicio legítimo de su función.
