La reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Moliné O’Connor vs. Argentina vuelve a colocar en el centro del debate una cuestión decisiva para el sistema republicano: los límites de los mecanismos de remoción de magistrados y su relación con la independencia judicial.
A partir de ese pronunciamiento, el documento “Sin independencia judicial no existe Estado de derecho ni es posible la democracia” retoma una posición sostenida históricamente por la Red de Jueces Penales Bonaerenses: los procesos de responsabilidad institucional no pueden transformarse en vías destinadas a revisar o sancionar el contenido de las decisiones jurisdiccionales.
El texto destaca que la independencia judicial no constituye un privilegio personal de quienes ejercen la magistratura, sino una garantía de la sociedad frente a presiones políticas, mayorías circunstanciales o intereses particulares. Al mismo tiempo, reafirma que la responsabilidad de los jueces debe ejercerse mediante causales jurídicas precisas, procedimientos respetuosos del debido proceso y sin menoscabar la autonomía de la función jurisdiccional.
El documento propone así una reflexión sobre independencia, responsabilidad y control democrático, y sobre las condiciones institucionales necesarias para preservar una judicatura libre, responsable y plenamente comprometida con el Estado de Derecho.
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