Desde la Red de Jueces Penales de la provincia de Buenos Aires, celebramos y hacemos propios los postulados de la reciente “Declaración de Santo Domingo”, emitida por la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) durante su 73ª Asamblea General Ordinaria el pasado 9 de abril de 2026. Este documento constituye un diagnóstico riguroso de nuestra región y un pilar fundamental en la defensa irrestricta de las instituciones republicanas.
El acierto conceptual más destacado de la FLAM radica en clarificar ante la sociedad que “la independencia judicial no es un privilegio de quienes ejercen la judicatura, sino una garantía institucional de la ciudadanía” orientada a asegurar una tutela judicial efectiva de sus derechos fundamentales.
El documento advierte que, lamentablemente, en nuestra región persisten dinámicas institucionales y prácticas que debilitan la autonomía del Poder Judicial y la confianza pública. La Federación traza un exhaustivo mapa de estas amenazas, muchas de las cuales resuenan fuertemente en nuestra práctica diaria:
* Injerencias indebidas: Actuaciones coordinadas o decisiones de los poderes políticos (Ejecutivo y Legislativo) que comprometen la autonomía del sistema de justicia y el principio de separación de poderes.
* Deslegitimación y estigmatización: Prácticas sistemáticas de descrédito público a través de medios de comunicación o discursos oficiales que individualizan a los jueces, erosionando su autoridad y debilitando la confianza ciudadana.
* Instrumentalización del régimen disciplinario: La apertura de investigaciones infundadas, basadas en información no verificada o en conceptos indeterminados, que funcionan como represalia por decisiones adoptadas en el ejercicio de la función jurisdiccional.
* Precarización estructural: Afectaciones materiales que van desde reducciones de las remuneraciones y deficiencias en los sistemas previsionales, hasta la insuficiencia presupuestaria que genera sobrecarga laboral e impacta la salud de quienes ejercen la magistratura. A esto se suman los graves déficits en materia de seguridad personal e institucional.
A nivel nacional, el apoyo de la FLAM es explícito: el documento exhorta a las autoridades argentinas a revisar reformas que suprimen inmunidades funcionales de magistrados en la provincia de Chubut, recordando que estas son esenciales para la independencia judicial. Asimismo, insta a la provincia de Córdoba a abstenerse de adoptar medidas que, bajo el nombre de «equidad jubilatoria”, impliquen recortes de haberes que vulneren la garantía constitucional de la intangibilidad de la remuneración.
Este valioso pronunciamiento internacional encuentra un riguroso emparentamiento con los principios fundantes de La Red de Jueces Penales de la provincia de Buenos Aires. Las exigencias de la FLAM para que los jueces y juezas puedan decidir libres de presiones y condicionamientos dotan de renovada legitimidad a nuestras luchas históricas:
- Defensa de la Independencia Judicial: Como espacio de contención, resistimos constantemente las presiones políticas y mediáticas, exigiendo las condiciones necesarias para ejercer la función judicial conforme a derecho sin temor a represalias institucionales.
- Rechazo a la estigmatización del fuero penal: El repudio de la FLAM a las campañas de deslegitimación y litigio abusivo refleja exactamente nuestra postura frente a los ataques públicos que sufren los jueces de garantías o de juicio cuando sus resoluciones no acompañan demandas punitivas coyunturales o mediáticas.
- Protección de la carrera, la intangibilidad de las remuneraciones y la inamovilidad: Reafirmamos nuestro compromiso con la inamovilidad en el cargo, contra la degradación de los salarios o haberes previsionales y nuestra prédica por la profesionalización frente a mecanismos discrecionales que buscan descomponer los ingresos de las y los agentes activos y jubilados, desplazar el mérito o utilizar el control disciplinario de manera arbitraria.
Tal como sostiene esta declaración, las sociedades democráticas y respetuosas de la dignidad humana encuentran su sustento únicamente en sistemas de justicia verdaderamente independientes. Desde la Red de Jueces Penales, seguiremos trabajando unidos para garantizar que este principio no sea una mera declaración, sino una realidad inquebrantable.
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