Hace un año, a raíz del Plan de Emergencia en seguridad que diera a conocer el Poder Ejecutivo Provincial, desde la “La Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires” advertimos públicamente sobre la ineficacia de persistir en las mismas políticas punitivistas que no sólo no habían reducido los índices de delincuencia y criminalidad, sino que habían agravado la situación de hacinamiento carcelario. Así se señaló que las medidas anunciadas en ese momento eran la continuidad de otras similares de gestiones anteriores, explicándose porqué resultaban más efectistas que efectivas, lo que fue respondido por algún legislador del oficialismo en el sentido de que era el momento de aportar ideas. En virtud de ello se entregó en la Legislatura (y también se dio a publicidad) un “Dossier sobre políticas de seguridad”, recomendando realizar un diagnóstico con base en un amplio y profundo debate entre instituciones y especialistas, sobre las medidas de mediano y largo plazo a adoptarse, entre las que ya señalamos, tal como veníamos haciendo en documentos anteriores, la necesidad de implementar la demorada Policía Judicial (prevista en la Constitución Provincial de 1994), así como la de formular reformas penitenciarias y policiales de fondo, sin desmedro del mejoramiento de la educación pública y del empleo, entre muchas otras propuestas que, evidentemente, no fueron tenidas en cuenta. En la actualidad, los mismos informes y estadísticas oficiales no pueden dejar de revelar que dichas tendencias –tanto la relativa al aumento sostenido de la criminalidad, como la referida al agravamiento de las condiciones del encierro– no sólo persisten, sino que han aumentado, notándose incluso la reaparición de organizaciones delictivas complejas y con importantes recursos en materia de narcotráfico y de secuestros extorsivos (en especial, en el Conurbano bonaerense). Todo ello sin que se avizoren análisis, estudios o investigaciones criminológicas serias y, menos aún, la elaboración de una política criminal de mediano y largo plazo, consensuada entre las distintas fuerzas políticas, medida indispensable para atacar las causas profundas de esta grave situación. Peor aún, se advierte cómo la dirigencia política sigue distraída y ocupada a tiempo completo en sus respectivas campañas electorales, procurando captar votantes con propuestas simplistas e inconsistentes, en un auténtico festival de demagogia punitiva.
Hace un año, a raíz del Plan de Emergencia en seguridad que diera a conocer el Poder Ejecutivo Provincial, desde la “La Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires” advertimos públicamente sobre la ineficacia de persistir en las mismas políticas punitivistas que no sólo no habían reducido los índices de delincuencia y criminalidad, sino que habían agravado la situación de hacinamiento carcelario. Así se señaló que las medidas anunciadas en ese momento eran la continuidad de otras similares de gestiones anteriores, explicándose porqué resultaban más efectistas que efectivas, lo que fue respondido por algún legislador del oficialismo en el sentido de que era el momento de aportar ideas. En virtud de ello se entregó en la Legislatura (y también se dio a publicidad) un “Dossier sobre políticas de seguridad”, recomendando realizar un diagnóstico con base en un amplio y profundo debate entre instituciones y especialistas, sobre las medidas de mediano y largo plazo a adoptarse, entre las que ya señalamos, tal como veníamos haciendo en documentos anteriores, la necesidad de implementar la demorada Policía Judicial (prevista en la Constitución Provincial de 1994), así como la de formular reformas penitenciarias y policiales de fondo, sin desmedro del mejoramiento de la educación pública y del empleo, entre muchas otras propuestas que, evidentemente, no fueron tenidas en cuenta. En la actualidad, los mismos informes y estadísticas oficiales no pueden dejar de revelar que dichas tendencias –tanto la relativa al aumento sostenido de la criminalidad, como la referida al agravamiento de las condiciones del encierro– no sólo persisten, sino que han aumentado, notándose incluso la reaparición de organizaciones delictivas complejas y con importantes recursos en materia de narcotráfico y de secuestros extorsivos (en especial, en el Conurbano bonaerense). Todo ello sin que se avizoren análisis, estudios o investigaciones criminológicas serias y, menos aún, la elaboración de una política criminal de mediano y largo plazo, consensuada entre las distintas fuerzas políticas, medida indispensable para atacar las causas profundas de esta grave situación. Peor aún, se advierte cómo la dirigencia política sigue distraída y ocupada a tiempo completo en sus respectivas campañas electorales, procurando captar votantes con propuestas simplistas e inconsistentes, en un auténtico festival de demagogia punitiva.
