Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo revela los altos costos de la delincuencia en América Latina y el Caribe. Marca las deficiencias en los recursos que se aplican. Se gastaría el doble que en los países desarrollados

Cárcel en BrasilEl trabajo a cargo de un equipo multidisciplinario encabezado por la economista argentina Laura G. Jaitman, sería el primero en proporcionar un análisis integral, sistemático y riguroso de los costos de la delincuencia en América Latina y el Caribe (ALC).

 
Allí se abordan los desafíos de la región: el costo social de los homicidios, el gasto público y privado en seguridad, la crisis penitenciaria, violencia contra la mujer, crimen organizado y ciberseguridad.
Algunas de sus conclusiones:
«Se estima que el costo directo del crimen en 17 países de ALC en 2010-2014 es, en promedio, 3,5% del PBI de la región –casi el doble que en los países desarrollados. Se analizan más exhaustivamente los costos del crimen en Brasil, por estado y componente. También se examina la distribución geográfica del crimen en las subregiones más peligrosas: el Triángulo Norte en América Central y el Caribe. Se evalúa la situación en materia de violencia contra la mujer y ciberdelincuencia: la región se encuentra rezagada para enfrentar estos nuevos y antiguos delitos.
«La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha considerado que el crimen y la violencia en la región se encuentran en niveles epidémicos. En ella habita el 9% de la población mundial, pero se registra cerca del tercio de los homicidios de todo el mundo. Seis de cada diez robos en la región involucran violencia y el 90% de los asesinatos no son resueltos»… «sus prisiones se han convertido en las más abarrotadas del mundo»
Para calcular los costos de los delitos se utilizó el método contable dividiendo los costos de la delincuencia en tres partes:
1. El costo social, que incluye los costos de la victimización en términos de la pérdida de la calidad de vida por homicidios y otros delitos violentos y los ingresos no percibidos de la población penitenciaria.
2. El gasto privado en seguridad por empresas y hogares, que incluye el gasto de las empresas y los hogares en la prevención de la delincuencia, es decir, el gasto en servicios de seguridad.
3. El gasto público, que incluye el gasto público en el sistema judicial, los servicios policiales y la administración de prisiones.
Así «las estimaciones de los costos totales revelan que el delito les cuesta a los países de ALC, en promedio, 3,55% del PBI. Esto equivale, para la región, a un monto de US$170.000 millones (a tipo de cambio de 2014)».
«El tamaño de los costos relacionados con el crimen en ALC es similar al que gastan esos países en infraestructura y equivalente al ingreso del 30% más pobre de la población», «El costo del crimen en América Latina y el Caribe es el doble que en los países desarrollados»
Costos del sistema penitenciario en América Latina y el Caribe:
«Para el período 2010-2014, la región gastó 6.500 millones de dólares al año para mantener y construir prisiones. Además, las personas encarceladas renuncian a un ingreso adicional de 7.300 millones de dólares anuales. Los dos números juntos representan el 0,39 por ciento del PIB, más que las transferencias monetarias condicionales para los pobres de la región».
«los países que gastan más en prisiones no necesariamente obtienen los beneficios de menores índices de violencia. «Las Bahamas y El Salvador, por ejemplo, gastan grandes sumas (en términos de PIB) en sus sistemas penitenciarios, pero sufren altos índices de criminalidad. Argentina y Uruguay, por otro lado, tienen costos de encarcelamiento mucho menores y menores índices de delincuencia».
Entienden así que el encarcelamiento «es costoso y no es costo-efectivo para combatir el crimen» en comparación con otras políticas que puede aplicar un Gobierno. «Si no se aplica adecuadamente, las repercusiones en la sociedad a lo largo del tiempo pueden ser aún peores en términos de crimen y violencia».
Hay dos tipos de costos en el encarcelamiento: el gasto público en administración penitenciaria y el costo social de los ingresos no percibidos de la población carcelaria.
Los países de la región «han experimentado un reciente aumento de la población penitenciaria debido al alto nivel de delincuencia y a la difusión de enfoques de mano dura para combatir la problemática».
«El hecho de que en la región hayan aumentado tanto la tasa de homicidios como la tasa de encarcelamiento arroja serias dudas sobre el correcto funcionamiento de estos efectos anti-delictuales». «Más aún: se observan ciertos factores que favorecen los efectos criminógenos de la cárcel: altas tasas de hacinamiento (la ocupación en promedio casi duplica la disponibilidad de plazas), carencias en los servicios de rehabilitación y reinserción de los privados de libertad, deficiencia en la infraestructura carcelaria para poder analizar el riesgo de los privados de libertad y darles espacios y tratamientos diferenciados, altas tasas de presos sin condena»
«el gasto en la administración del sistema penitenciario de la región casi se ha duplicado, pasando de US$4.318 millones en 2010 a US$7.832 millones en 2014».
El país con el gasto más bajo en sistema penitenciario es Brasil, con solamente el 0,06% del PBI durante 2010-14, mientras que el que más gasta proporcionalmente es Barbados, con un 0.47% del PIB. Le siguen Jamaica y Trinidad y Tobago, con el 0,34% y 0,33% del PIB respectivamente.
En cuanto al gasto público en la administración de prisiones (en porcentaje del PIB), en la Argentina es del 0,25%.
Aclara el estudio que «el efecto de incapacitación que produce el encarcelamiento no se limita a la actividad delictiva sino que en general incluye también a la actividad productiva».
«La metodología es simple… se atribuye a cada persona privada de libertad el ingreso laboral promedio de una persona de su mismo género y edad, información que se obtiene de las encuestas de empleo de cada país».
Así «la región ha perdido en promedio más de US$7.000 millones por la inactividad de los encarcelados». En el caso de la Argentina, la pérdida de ingresos por privación de la libertad sería del 0,11% del PBI.
«Estos números arrojan serios interrogantes sobre la eficacia de la política penitenciaria de varios países de la región. Parece haber espacio, entonces, para pensar reformas que reduzcan simultáneamente los niveles de violencia y el costo del encarcelamiento en numerosos países de ALC».
El costo social y económico de los homicidios
«Cada vez que se produce un homicidio, la consecuencia inmediata es la pérdida irreversible de la vida humana que conlleva. Pero para la sociedad en general también hay un costo económico adicional asociado -la pérdida de la productividad de las víctimas de homicidios».
La mayoría de las víctimas de homicidios de la región son hombres jóvenes de entre aproximadamente 15 y 30 años lo que significa que las víctimas de homicidios en todos los países provienen del grupo de mayor productividad laboral de la población, el de los jóvenes hombres en edad de trabajar».
«Esto hace que su muerte sea particularmente costosa en general para la sociedad y tenga implicaciones en términos de desarrollo del capital humano y crecimiento a futuro»
El costo total de los homicidios en la región fue de entre US$9.800 millones y US$11.400 millones por año entre 2010 y 2014, según el informe.
El costo más bajo sería el de Chile, «con una pérdida promedio del 0,04% del PIB durante 2010-14. El segundo costo más bajo fue estimado para Argentina, con una pérdida promedio del 0,06% del PIB durante el período de análisis, seguido por Perú con una pérdida del 0,07% del PIB durante el mismo período» mientras que enHonduras, en donde en 2014 el costo de homicidios fue del 1,62% del PIB, más de cinco veces que el promedio regional. El Salvador es el país con el segundo mayor costo por homicidio, con un récord de 0,94% del PIB en 2014.
«Incluso según una estimación conservadora, se pierden alrededor de US$10.000 millones anualmente en la región debido a los homicidios debería atraer a los principales actores políticos de ALC para hacer efectiva la prevención del crimen como una parte fundamental de su agenda de política», Más en:
https://publications.iadb.org/discover?thumbnail=false&filtertype_Prevenci%C3%B3n+del+crimen+y+de+la+violencia=subject_es&filter_relational_operator_Prevenci%C3%B3n+del+crimen+y+de+la+violencia=equals&filter_Prevenci%C3%B3n+del+crimen+y+de+la+violencia=Prevenci%C3%B3n+del+crimen+y+de+la+violencia
https://publications.iadb.org/handle/11319/8133#sthash.GVRry7Fr.dpuf

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