En el marco de las XI Jornadas de Actualización para la Magistratura Penal Bonaerense, la Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires presentó los primeros avances de la investigación “Cambios en las penas, población carcelaria y gasto público: una evaluación económica de las reformas penales en la Provincia de Buenos Aires”, desarrollada por los doctores en Economía e investigadores del CONICET Pablo Javier Mira Llambí y Martín Trombetta.
La investigación constituye una iniciativa promovida por La Red a partir del debate suscitado en torno a distintas propuestas de reforma de la legislación penal. Su propósito es incorporar al análisis una dimensión frecuentemente relegada en la discusión político-criminal: las consecuencias concretas que las modificaciones legislativas pueden producir sobre la población penitenciaria, las necesidades de infraestructura y los recursos públicos que los Estados provinciales deben destinar a la ejecución de las penas.
En la primera parte de la presentación, Pablo Javier Mira Llambí introdujo el problema desde la perspectiva del análisis económico. Su intervención permitió delimitar las preguntas centrales de la investigación y explicar las dificultades que supone traducir una modificación normativa en consecuencias cuantificables. El aumento de las escalas penales o las alteraciones en las reglas que determinan la duración efectiva del encierro no se agotan en una modificación abstracta de la respuesta penal: producen efectos acumulativos sobre el tiempo de permanencia de las personas en prisión y, consecuentemente, sobre la dimensión del sistema penitenciario que debe sostener esa política.
Desde esa perspectiva, el trabajo procura construir herramientas que permitan pasar de la discusión normativa a la estimación de escenarios. Ello exige identificar las variables relevantes, trabajar sobre la información disponible, formular supuestos explícitos y establecer relaciones entre duración de las penas, evolución de la población carcelaria y requerimientos presupuestarios. Mira Llambí destacó la potencia explicativa de la investigación como herramienta de análisis de impacto económico, más allá de tratar los resultados con la prudencia propia de una tarea que se encuentra todavía en desarrollo.
A continuación, Martín Trombetta profundizó la dimensión metodológica y cuantitativa del estudio. Su exposición estuvo orientada a mostrar de qué manera pueden construirse proyecciones capaces de estimar el impacto que determinadas decisiones de política criminal tendrían en el tiempo. Una de las claves del análisis radica precisamente en que los efectos de una reforma penal no necesariamente se manifiestan de manera inmediata: pueden acumularse progresivamente a medida que aumentan los tiempos de permanencia dentro del sistema y disminuye el ritmo de egreso respecto del ingreso de nuevas personas privadas de libertad.
La presentación permitió advertir así que la evaluación de una reforma penal requiere considerar no solamente sus objetivos declarados o su consistencia dogmática y constitucional. También supone preguntarse qué estructura estatal exige su aplicación, qué capacidad penitenciaria demanda, qué recursos humanos y materiales requiere y quién habrá de afrontar esos costos.
Esta última cuestión adquiere especial relevancia en nuestro sistema federal. Las modificaciones de la legislación penal pueden ser decididas en el ámbito nacional mientras que buena parte de sus consecuencias materiales recaen sobre las jurisdicciones provinciales, responsables de sostener sistemas penitenciarios, infraestructura y servicios cuya capacidad es necesariamente limitada. Precisamente esa preocupación estuvo presente desde el origen de la investigación promovida por La Red.
La exposición de Mira Llambí y Trombetta mostró, además, la potencialidad de un diálogo interdisciplinario entre el Derecho y las ciencias económicas. No se trata de sustituir las valoraciones constitucionales, jurídicas o político-criminales por un cálculo presupuestario, sino de evitar que decisiones con profundas consecuencias institucionales sean adoptadas sin conocer razonablemente sus efectos previsibles.
La investigación se encuentra todavía en una etapa preliminar. Precisamente por ello, su presentación en las Jornadas permitió compartir el enfoque, los interrogantes, las herramientas metodológicas y los primeros avances de un trabajo que continuará desarrollándose.
Con esta iniciativa, La Red procura contribuir a una discusión pública informada de las políticas penales, incorporando evidencia empírica allí donde con demasiada frecuencia predominan afirmaciones generales, respuestas coyunturales o decisiones legislativas desvinculadas de sus condiciones reales de implementación.
Porque toda política criminal tiene consecuencias. Conocerlas, medirlas y hacerlas visibles también forma parte de una discusión responsable sobre el sistema penal.
