Nicolás Schiavo en Radio La Red: la independencia judicial como garantía de la ciudadanía
A partir del documento “Preocupación institucional ante los hechos de público conocimiento vinculados con una Fiscal de San Isidro”, el presidente de la Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Nicolás Schiavo, fue entrevistado por Facundo Pastor en Radio La Red, oportunidad en la que profundizó el alcance institucional de los hechos que motivaron el pronunciamiento de nuestra Asociación.
La entrevista permitió situar el episodio más allá de su indudable gravedad personal. La información conocida acerca de un presunto plan dirigido contra una integrante del Ministerio Público y miembros de su familia, aparentemente relacionado con el ejercicio de sus funciones, plantea un problema que no puede reducirse a la seguridad individual de una funcionaria. Ese fue precisamente el punto de partida del documento de La Red: cuando la amenaza, la intimidación o la violencia aparecen como respuesta frente a una actuación funcional, lo que se intenta condicionar es el ejercicio mismo de una función estatal.
En ese sentido, las reflexiones desarrolladas por Schiavo durante la entrevista permiten advertir una dimensión particularmente relevante del concepto de independencia judicial. La independencia no consiste solamente en preservar a jueces, fiscales o defensores de interferencias provenientes de otros poderes públicos. También exige proteger el funcionamiento del sistema frente a aquellas formas de poder informal que pretenden sustituir las reglas del proceso por la intimidación, la amenaza o la violencia.
El problema adquiere entonces una dimensión institucional profunda. Una amenaza dirigida contra quien interviene en una causa penal no intenta solamente producir temor en una persona determinada. En la medida en que procura alterar, impedir o condicionar una actuación realizada en cumplimiento de una función pública, pretende introducir la fuerza como criterio de decisión allí donde sólo deberían operar la Constitución, la ley, la prueba y las razones.
Allí reside uno de los conceptos centrales que atraviesa tanto el comunicado como la intervención del presidente de La Red: la independencia de quienes integran el sistema de justicia no es una prerrogativa concedida en beneficio de quienes ejercen esas funciones. Es una garantía establecida en favor de la sociedad. El ciudadano necesita que quien investiga, acusa, defiende o juzga pueda hacerlo sin temor a las consecuencias personales que pudiera ocasionarle el cumplimiento de su deber. Por ello, cuando esa libertad funcional resulta amenazada, no se deteriora únicamente la situación de quien recibe la intimidación: se resiente una de las condiciones elementales para que el sistema de justicia pueda cumplir democráticamente su cometido.
Esa mirada se corresponde directamente con los principios fundacionales de nuestra Asociación. El Estatuto de La Red establece como objeto contribuir al mejoramiento de la justicia penal bonaerense conforme a los principios fundamentales del Estado democrático de derecho, promover el efectivo respeto de los derechos y garantías del imputado, de la víctima y de la sociedad y, de manera expresa, defender una judicatura independiente e imparcial frente a las indebidas intromisiones e interferencias provenientes de poderes formales, informales o grupos de presión.
Esta última previsión adquiere frente a hechos como los conocidos una significación especialmente concreta. La defensa de la independencia no puede activarse únicamente cuando la interferencia adopta formas institucionales reconocibles. También debe responder cuando el condicionamiento proviene de organizaciones delictivas, amenazas personales o mecanismos violentos dirigidos a quebrar la autonomía de quienes deben adoptar decisiones dentro del proceso penal. Cambian los instrumentos de la presión, pero permanece idéntico el bien institucional que debe ser preservado: la posibilidad de decidir y actuar conforme al Derecho y no bajo la imposición del miedo.
Desde esa misma perspectiva debe comprenderse la solidaridad expresada por La Red hacia la Fiscal involucrada, su familia y los integrantes del Ministerio Público. No se trata de una reacción meramente corporativa. El documento fue deliberadamente más allá: sostuvo que la independencia de quienes intervienen en el sistema de justicia constituye “una garantía de la ciudadanía y una condición esencial de la República”.
La intervención de Schiavo permitió profundizar precisamente esa idea. Proteger a quienes cumplen funciones en el sistema judicial no significa sustraerlos del escrutinio público, de la crítica o de las responsabilidades inherentes a sus cargos. Significa asegurar que ninguna persona deba elegir entre cumplir con su función y preservar su integridad o la de su familia. Una democracia puede y debe discutir las decisiones de sus jueces y fiscales, revisarlas por las vías institucionales correspondientes y exigir responsabilidad por sus actos. Lo que no puede admitir es que la amenaza o la violencia se conviertan en mecanismos alternativos de revisión o condicionamiento de las decisiones públicas.
Por eso, la respuesta frente a estos episodios tampoco puede agotarse en la indispensable protección de la persona amenazada. Requiere interrogarnos acerca de las condiciones institucionales que hacen posible que magistrados y funcionarios desarrollen su tarea con libertad, seguridad y responsabilidad. La independencia judicial no se preserva únicamente mediante declaraciones: necesita condiciones materiales que permitan ejercerla.
La entrevista realizada por Facundo Pastor constituyó, en definitiva, una oportunidad para explicar públicamente el sentido del pronunciamiento de La Red. Frente a un episodio de extrema gravedad, la Asociación no procuró reivindicar privilegios para un sector del Estado, sino reafirmar una convicción que atraviesa su historia institucional: la existencia de una justicia independiente, imparcial y libre de intimidaciones constituye uno de los límites que el Estado democrático de derecho opone al ejercicio arbitrario de cualquier forma de poder.
Defender esa independencia es, por ello, defender simultáneamente la autoridad de la ley, la vigencia de las garantías, los derechos de las víctimas y de las personas sometidas a proceso y, en última instancia, el derecho de toda la ciudadanía a que los conflictos sean resueltos mediante instituciones y razones, nunca mediante amenazas, presiones o violencia.
Acceder a la entrevista completa: https://youtu.be/PqFlcxJ-NNU?si=SI3_B9O2RzqBHxrl
