Ello implica la modificación de la ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que en lo sucesivo incluirá penas contra las ofensas a las mujeres que tengan lugar «en espacios públicos o de acceso público, transportes y centros comerciales» y que se define como «aquella ejercida contra las mujeres por una o más personas a través de conductas o expresiones verbales o no verbales, con connotación sexual, que afecten o dañen su dignidad, integridad, libertad, libre circulación o permanencia, o generen un ambiente hostil u ofensivo».