Ante recientes declaraciones públicas tendientes a la intervención de las Fuerzas Armadas en la investigación y represión de delitos, la Red de Jueces Penales Bonaerenses reitera, tal como se expresara en el “Dossier sobre políticas de seguridad” de abril pasado, que los planes, programas y políticas de seguridad deben ser parte de una política criminal integral, con objetivos de mediano y largo plazo, que debe fijarse a través de un debate democrático, para lo cual todos los dirigentes políticos (sean legisladores o gobernantes, oficialistas u opositores) debieran analizar seriamente la problemática y abstenerse de proclamar soluciones espasmódicas.
Ricardo Favarotto
Presidente
