“La víctima sola no puede: Necesita del Estado”
Ante el proyecto de reforma al Código Procesal Penal, la RED de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires expresa que, tal como viniera sosteniendo, el acuciante problema de la seguridad es fundamentalmente de competencia policial y, por lo tanto, constituye una cuestión ajena al sistema judicial, que reclama 
depuración y capacitación de las fuerzas de seguridad. Así como también la implementación de la Policía Judicial; un mandato constitucional incumplido.
El actual proyecto de reforma se inscribe dentro de las 36 modificaciones del Código Procesal Penal Provincial, todas dictadas en los últimos años con el mismo objetivo de solucionar el aumento de la criminalidad.
Estos cambios formales no han dado resultado: de los aproximadamente 700.000 investigaciones de la Provincia, en casi el 50 % no se logra determinar al autor, y en aquellas que sí individualiza al sospechoso, sólo un pequeño número se presenta ante los tribunales, puesto que son archivadas o desistidas más de un 90 %, y unas pocas son resueltas por conciliación. En definitiva, menos del 5% de las causas se tramitan ante un juez.
La reforma procesal promueve la intervenciones de las víctimas que ya están previstas en ley vigente (así en los Arts. 59.2, 83, 84, 85 y 88), cuando debieran diseñarse dispositivos eficaces para éxito de las investigaciones y no para molestia constante del ciudadano (revictimización).
El proyecto crearía un “Cuerpo de Abogados de la Víctima” dentro del Ministerio Público Fiscal, sin embargo esta función ya la tiene el “Centro de Atención a la Víctima”, que debe brindar “un abogado a fin de constituirse en particular damnificado” (art. 85 CPP). Si se trata de mejorar la asistencia de la víctima, parece contradictorio utilizar para ello funcionarios públicos del mismo Ministerio Fiscal que se pretende controlar.
Sí se podría crear una institución sin burocracia, con abogados ajenos al Ministerio Público y sin costos para el Estado, por medio de las Universidades, Colegios de Abogados, ONGs, etc.; es decir, brindar a la víctima asesoramiento especializado e independiente para optimizar las investigaciones.
Multiplicar audiencias con la víctima en todo el proceso, como proyecta la reforma, dilata plazos y no soluciona la inseguridad, que si requiere políticas de Estado y modificaciones profundas de las fuerzas policiales.
Gustavo A. Herbel Adriana L. Nanni
Presidente Vicepresidente
