Un ex Juez Federal, su secretario, el Fiscal y dos Defensores Oficiales procesados por participar y encubrir homicidios y violaciones a derechos humanos durante la dictadura

Corresponde a la denominada «causa de los Magistrados»
Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-273580-2015-05-27.html
La Cámara Federal de Córdoba el pasado 26 de mayo dispuso el procesamiento de cinco ex funcionarios judiciales que actuaron en esa jurisdicción durante la última dictadura militar.

Se trata de la denominada “Causa de los magistrados” y los procesados son el ex juez federal Miguel Angel Puga, el ex fiscal Antonio Sebastián Cornejo, el ex secretario judicial Carlos Otero Alvarez y los ex defensores oficiales Ricardo Haro y Luis Molina. La Cámara Federal de Córdoba está integrada por Liliana Navarro, Eduardo Avalos y Graciela Montessik, quienes revocaron el sobreseimiento parcial de Otero Alvarez y las faltas de mérito de Haro y Molina todo ello recurrido por los fiscales generales Jorge Auat y Carlos Gonella.

Se les imputan  los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, encubrimiento y participación necesaria en delitos de lesa humanidad como secuestros y tormentos, de los que resultaron víctimas presos políticos que estuvieron en cautiverio en la Dirección de Informaciones (D2) de la policía de Córdoba y en la Unidad Penal 1 (UP1) de la capital provincial. La causa se originó a partir de los testimonios de víctimas de la dictadura durante los juicios orales y públicos que se realizan en Córdoba desde 2008. Ese año el propio Otero Alvarez integró el tribunal oral que dictó la primera condena al ex general Luciano Benjamín Menéndez, ex comandante del Tercer Cuerpo de Ejército. El ex juez Adolfo Zamboni Ledesma y su entonces secretario Otero Alvarez estaban denunciados desde 1984 en la Conadep por sobreseer sin investigar 31 fusilamientos de presos políticos en la UP1. En 2009 adelantó su jubilación y de ese modo logró evitar el jury.

El primer pronunciamiento judicial sobre los cinco imputados se produjo el 29 de octubre de 2012. El juez federal riojano Daniel Herrera Piedrabuena, actuando como subrogante en Córdoba, procesó entonces a Otero Alvarez, Puga y Fernández porque “pretendieron asegurar la impunidad de los autores de aberrantes delitos”, y dictó las faltas de mérito de Haro y Molina. La causa sufrió demoras por las distintas recusaciones y los subsiguientes inconvenientes para integrar la sala de la Cámara Federal. Conforme informó Página 12 “Las dilaciones se agudizan en las causas que involucran a empresarios y a funcionarios, como ex magistrados. Se van produciendo maniobras procesales o estrategias para eternizar el proceso. La recusación ha sido una de las herramientas que más se usaron como estrategia de impunidad”, explicó el chaqueño Auat, titular de la Procuraduría de Lesa Humanidad, en referencia a las causa de los magistrados cordobeses.

La Sala II de la Cámara cordobesa revocó la resolución dictada en la primera instancia que beneficiaba a Otero Alvarez, Haro y Molina, y confirmó los procesamientos de Puga y Cornejo por incumplimientos de sus obligaciones y por “encubrimiento” de delitos de lesa humanidad. El próximo paso sería la elevación a juicio.