La sociedad argentina vive horas de profunda consternación a raíz del homicidio del joven Lucas González, de 17 años, quien habría sido perseguido y ultimado por funcionarios policiales, sin uniformes y a bordo de un vehículo no identificable, mientras se trasladaba con tres amigos en un automóvil en las calles del barrio porteño de Barracas, por lo que La Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires entiende necesario exponer lo siguiente:
1) En el estado de derecho las responsabilidades penales son personales y deberán ser establecidas, con arreglo a las normas del debido proceso legal, por las autoridades judiciales competentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sin embargo, al margen de la culpabilidad por el delito cometido, a través de un juicio con todas las garantías, hay otro tipo de responsabilidades sobre las que creemos necesario hacer foco, tratando de coadyuvar al análisis de casos como el que hoy conmociona al país, pues el accionar de las fuerzas de seguridad a menudo suele estar impregnado por la narrativa y los slogans del discurso político.
2) Con esa precisa y acotada finalidad, no está de más recordar que desde la campaña electoral del ’99, cuando el entonces candidato (luego, gobernador) Carlos Federico Ruckauf lanzó su enjundiosa arenga “hay que meter bala a los delincuentes”, no sólo se sancionaron leyes procesales regresivas, de reconocida impronta manodurista (donde a la vez que se acordaron mayores atribuciones a la policía, se impusieron rígidas limitaciones a los jueces penales), sino también se intensificaron las prácticas policiales represivas, entre las que destacan las ejecuciones sumarias en enfrentamientos fraguados (“gatillo fácil”).
Unas y otras están estrechamente conectadas entre sí, porque cuando desde el discurso político se sostuvo que “a los delincuentes hay que meterles bala, no hay que tener piedad, al policía que mata a un delincuente hay que condecorarlo, no procesarlo, al que delinque hay que darle por la cabeza, la bala que mata a un ladrón es la bala de la sociedad” (entre muchas consignas por el estilo), se legitimó la respuesta represiva a como dé lugar, lo que produjo un inmediato y notorio incremento en los casos de “gatillo fácil”. Y no podría ser de otra manera, porque cuando un político en campaña proclama que “hay que meter bala a los delincuentes”, luego no puede ignorar que la policía lo primero (y acaso lo único) que entiende es que hay que meter bala.
3) En la reciente campaña electoral aquella encendida prédica manodurista que en el territorio bonaerense dejó un trágico saldo de violencia institucional e institucionalizada (no sólo encarcelamientos masivos, sino también muertes y torturas en contextos de encierro), fue actualizada por (el hoy diputado nacional electo) José Luis Espert, con su fatídica admonición:
«Primero es bala. Después hablamos de cárcel o bala», a lo que agregó que «para que los delincuentes empiecen a tener miedo, tiene que haber algunos que terminen bien agujereados».
4) Los dirigentes políticos deberían actuar con sensatez y racionalidad, máxime al anunciar medidas de política criminal para tratar de responder al acuciante interés social por la inseguridad. Cuando actúan de manera autoritaria e irresponsable, por ejemplo, incentivado el uso de la violencia y apelando a estrategias de “mano dura”, no hacen más que legitimar el abuso, el exceso y la desproporción en el uso del poder letal.
La Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires.
La Plata, 20 de noviembre de 2021.
