Durante la Asamblea General Ordinaria de “La Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires”, celebrada en la ciudad de Mar del Plata, el 15 de agosto, la entidad consideró que –tal como lo advirtiera en su documento público del 8 de abril, titulado “Otra vez sin rumbo y sin brújula” –, se pudo verificar que “las medidas anunciadas por el gobernador lejos de aplacar la acuciante situación en materia de seguridad, van a generar nuevos problemas para la provincia no sólo a raíz de la superpoblación y el hacinamiento carcelario (en la mayoría de los casos, “presos sin condena”), sino también por el retorno a la actividad (policial y penitenciaria) de efectivos que, en su momento, fueron dados de baja por la existencia de fundadas sospechas de corrupción o complicidad criminal”, por lo que, en definitiva, “La Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires”decidió hacer propia la grave inquietud expresada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), respecto de los efectos negativos constatados tras cuatro meses de vigencia del estado de emergencia provincial en materia seguridad, tanto en lo que respecta al aumento y la situación en que se encuentra la población penitenciaria bonaerense, incluido el alojamiento de presos en comisarías y dependencia policiales, en desconocimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Verbitsky”, cuanto en el agravamiento de las situaciones de violencia institucional.
Se constatan los efectos negativos del estado de emergencia provincial en materia de seguridad
