El viernes 6 y sábado 7 de marzo, en Sierra de la Ventana, se llevó a cabo la primera reunión anual de la Comisión Directiva de “La Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires”, aunque en realidad se trató de una reunión plenaria, tal como se había anunciado, porque además de los integrantes de la CD tuvieron activa intervención otros miembros de La Red.
Tras verificar la existencia del quórum reglamentario, se dio inicio a las deliberaciones a partir de las 18 y hasta las 21 hs. del viernes 6, prosiguiendo entre las 11 y las 14 hs. del sábado 7, con la presencia de los siguientes colegas: Gustavo Herbel (San Isidro), Pedro Rodríguez (Morón), Adriana Nanni (Trenque Lauquen), Analía Pepi y María Claudia Castro (Dolores), Pablo Galli y Agustín Echevarría (Tandil), Gustavo Borghi y María Alejandra Raverta (Azul), Mario D. Caputo (Quilmes), Susana Calcinelli, José Luis Ares, Gilda Stemphelet, Claudia Olivera, María Elena Baquedano, Mario L. Burgos y Jorge L. Sayago (Bahía Blanca), Juan S. Galarreta y yo (Mar del Plata).
De inmediato comenzamos el tratamiento de los diversos puntos del Orden del Día, según el siguiente detalle:
1°) Situación institucional (interna)
En primer lugar, se dio lectura al exhaustivo informe que presentara por nuestro abogado en el expediente que tramita ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, Dr. Gabriel Di Giulio, del que –sintéticamente– resulta que nuestras reiteradas solicitudes requiriendo que el titular del organismo administrativo se expida sobre la cuestión de fondo no fueron respondidas, ni siquiera luego de presentar un escrito de pronto despacho, cuyo término máximo (es decir, 30 días hábiles) se halla fenecido. Por lo tanto, siguiendo la recomendación del Dr. Di Giulio, cuya gestión fue plenamente ratificada, se decidió promover a la mayor brevedad una acción contencioso-administrativa (o amparo) por mora, con la finalidad de que el juez le imponga un plazo conminatorio a la DPPJ para que se pronuncie.
Sin perjuicio de lo anterior, a propuesta de los colegas Agustín Echevarría y Pablo Galli, se decidió mantener abiertos los canales de diálogo para destrabar el dilatado trámite de la personería, tanto con las autoridades provinciales del área, como con la mesa directiva del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia, cuya titular –Dra. Margarita Tropiano– en forma expresa objetó el otorgamiento de la personería jurídica de La Red, aduciendo la existencia de ciertas superposiciones estatutarias entre ambas asociaciones.
En segundo término, Pedro Rodríguez presentó el informe de tesorería acerca de la situación patrimonial de La Red, con un activo de 4.750$ y sin que existan obligaciones inmediatas que atender, salvo lo relativo a los módicos honorarios profesionales del Dr. Di Giulio. La Comisión Directiva aprobó, por unanimidad, el informe presentado por el tesorero, al igual que su pedido de fijar para el año en curso una cuota anual de 500$.
2°) Situación institucional (externa)
Ante todo se analizó el estado actual del proyecto de Ley de Autarquía Judicial, a la par que las acciones entabladas por diversos jueces provinciales con el objeto de lograr la equiparación con las remuneraciones de la justicia federal. Tras intercambiar ideas sobre ambas cuestiones, íntimamente ligadas entre sí porque con la ley de autarquía (en palabras del Presidente de la SCBA, Dr. Daniel F. Soria) se pretende conseguir una gradual convergencia con los salarios de los jueces federales, se resolvió que para la próxima reunión ampliada de la Comisión Directiva (en principio, prevista para fines de mayo o primeros días de junio, en lugar a designar, aunque en la zona del Gran Buenos Aires) se invite al Dr. Soria para que exponga sobre el tema, dada la importancia que fue adquiriendo con los años la brecha salarial entre los jueces de ambas jurisdicciones.
Por otra parte, se evaluaron las implicancias institucionales del “Caso Nisman”, donde se resolvió, también por unanimidad, ratificar las orientaciones de la CD, en el sentido de seguir con atención los avances de la investigación judicial, pero sin emitir declaración o pronunciamiento alguno, al menos, hasta tanto no se sepa con certidumbre qué fue lo sucedido con el ex Fiscal de la Nación que tenía a su cargo la causa AMIA.
3°) Problemas relativos al ejercicio de la magistratura penal en provincia de Buenos Aires
En primer término, se analizó lo que viene sucediendo, tanto a nivel departamental cuanto provincial, acerca de la inminente puesta en funcionamiento del sistema de juicios por jurados (ley 14.543). Sobre este tema, Gustavo Borghi explicó no sólo los puntos sobresalientes de lo ocurrido en Azul, donde ya tuvo lugar una audiencia preparatoria de juicio, sino también los alcances del reciente Acuerdo n° 3746 de la SCBA (del 4 de marzo), acerca de la retribución y dieta diaria destinada a los jurados. Luego, hubo un fecundo intercambio de opiniones y experiencias sobre la marcha del proceso de implementación de la ley en las distintas jurisdicciones, haciéndose notar las diversas dificultades que habrá que saber sortear, desde problemas edilicios y de infraestructura, hasta controversias normativas entre las partes litigantes en lo relativo a la producción de las pruebas en las audiencias. En suma, la importancia que reviste el tema de los juicios por jurados, a criterio de todos los concurrentes, amerita la continuidad de su tratamiento en las sucesivas reuniones y encuentros de La Red.
En segundo lugar, dentro de las cuestiones específicas del ejercicio de la magistratura penal, se abordó la acuciante situación carcelaria. Inicialmente tomaron la palabra María Elena Baquedano y Gilda Stemphelet (aunque enseguida fueron secundadas por varios de los asistentes que intervinieron en forma activa en la discusión del tema), quienes se refirieron a la gravedad de lo que se viene constatando en las sucesivas visitas institucionales y de inspección a distintas unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense, donde a pesar de que tales anomalías se vuelcan en los respectivos informes a los Comités Departamentales y a la Subsecretaría de DD.HH. de la SCBA, no se advierte un gradual mejoramiento de la situación, sino más bien lo contrario. Entre otros hechos relevantes se mencionó la defectuosa atención sanitaria, la deficiente alimentación de los internos, la reiteración de malos tratos, castigos y violencias institucionales, y los recurrentes problemas para los traslados penitenciarios. Tales situaciones que en más o en menos se reproducen en la mayor parte de las cárceles bonaerenses, a criterio de los asistentes merecen ser analizadas con mayor detenimiento y profundidad, acaso para propiciar una declaración conjunta y/o una actuación colectiva de La Red. En ese orden de ideas se coincidió en ir preparando un borrador de trabajo que, debidamente enriquecido con los aportes de todos, se pueda discutir y, en su caso, refrendar en la próxima reunión plenaria de La Red, en principio, prevista para fines de mayo o primeros días de junio. Por último, también hubo coincidencias en hacer circular –como punto de partida de ese trabajo de campo sobre la situación carcelaria bonaerense– el informe preliminar preparado por Esteban Viñas, en septiembre de 2014, que la Comisión Directiva pondrá a disposición de todos los miembros de la entidad (ver documento adjunto); eso sí, con la especial aclaración de que no se trata más que de un borrador de uso interno, que deberá ser ampliado, corregido y reelaborado en función de los aportes de cada uno.
4°) Consejo de la Magistratura bonaerense
Respecto de los procesos de designación de magistrados y funcionarios judiciales, tras resaltar su importancia para asegurar la idoneidad e independencia de los futuros integrantes del Poder Judicial, se analizaron una serie de problemas verificables en el funcionamiento institucional del Consejo de la Magistratura provincial. Sobre este tema hubo coincidencias unánimes en que se debería propender a la profundización de criterios jurídicos para la selección y promoción de los magistrados, dejando a un lado las decisiones discrecionales de los consejeros, es decir, estableciendo un baremo para la evaluación que apunte a realzar pautas objetivas en lugar de apreciaciones subjetivas. Gustavo Herbel subrayó la necesidad de que en el ámbito del Consejo de la Magistratura se garantice el principio republicano de motivación de los actos de los poderes públicos, lo que fue acompañado por el resto de los asistentes. Por último, se coincidió en que se debía aprovechar la proyectada visita del Dr. Soria a la próxima reunión plenaria de La Red para que se refiera también a esta problemática.
Reunión plenaria de La Red en Sierra de la Ventana (6 y 7 de marzo de 2015)
