Implementación de la Policía Judicial para la Provincia de buenos Aires.
Desde el Programa de Justicia y Seguridad Democrática de la Comisión Provincial por la Memoria, y en colaboración con un grupo de juristas y expertos del ámbito académico, hemos elaborado un proyecto para la implementación de la Policía Judicial en la Provincia de Buenos Aires, con el objeto de contribuir a la transparencia y calidad de las investigaciones judiciales y por ende a la mejora del Poder Judicial y en beneficio de la ciudadanía.
El efectivo funcionamiento de una Policía Judicial profesionalizada en la investigación criminal, que se desempeñe dentro de la estructura del Poder Judicial es una cuestión pendiente en un sistema democrático consolidado y un elemento esencial del sistema en cuanto a la división de funciones de los diferentes poderes del estado.
Así, el paso del sistema inquisitivo al acusatorio que operó hace ya más de diez años, contemplaba como uno de sus pilares el hecho de colocar en cabeza del Ministerio Público Fiscal la responsabilidad de la investigación, separando esta actividad de la de control de garantías y juzgamiento en la etapa de juicio oral. No obstante estar contemplada en la ley de Ministerio Publico, y con funciones asignadas en este esquema, la Policía Judicial no tuvo un desarrollo efectivo en los hechos. La ausencia de la Policía Judicial ha determinado una delegación absoluta de la actividad investigativa en la policía administrativa. De este modo la función del Ministerio Público se ha visto limitada en sus posibilidades de dirigir la investigación de los delitos.
La investigación criminal es hoy una función de la policía administrativa con todas las consecuencias negativas que esa circunstancia acarrea en la objetividad y profesionalización de las investigaciones penales. La otra Consecuencia no deseada de este sistema distorsionado ha sido la acumulación por parte de la policía administrativa de funciones propias del poder judicial, las que se superponen con su actividad originaria de prevención del delito.
La necesidad de instalar formas democráticas y efectivas para la investigación de los delitos acordes con lo estipulado en la ley y lo reclamado por la comunidad democrática desde todos los sectores, impone tomar la urgente decisión de modificar definitivamente este modo de investigar y adoptar un modelo compatible con las formas de administración de justicia que nuestra democracia demanda.
En este orden de ideas, el proyecto que ponemos a consideración, propone la constitución de un organismo de investigación en la órbita del poder judicial, con dependencia jerárquica al Ministerio Público Fiscal, descentralización operativa en los departamentos judiciales y mecanismos de selección y control de gestión que garanticen la publicidad y la participación ciudadana.
El proyecto propone que este organismo se constituya como un cuerpo especializado de investigación criminal, orientando su actuación a la investigación de delitos que, por el tipo penal, la estructura organizativa de los autores que involucra, las características propias de la comisión del hecho, entre otras, puedan ser caracterizados como complejos. Propone asimismo la constitución de un instituto de formación y capacitación que tendrá por objetivo la creación de la carrera de Policía Judicial.
Teniendo en cuenta la manda del artículo 166 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, ponemos a disposición este proyecto para su difusión y debate, con el objeto de entablar un diálogo que permita iniciar el camino hacia la implementación definitiva de la Policía Judicial.
Asimismo lo invitamos a participar de la reunión ampliada a realizarse el día 14 de Octubre en la sede de la Comisión por la Memoria a las 15 hs. En esta reunión debatiremos los aspectos generales de la implementación de la Policía Judicial y los modos de coordinar acciones orientadas a ese fin.
Saludan a Usted Cordialmente.
Rodrigo
Rodrigo Pomares.
Programa de Justicia y Seguridad Democrática
Comisión Provincial Por la Memoria
Grupo de Colaboradores.
Julián Axat, defensor oficial del fuero penal juvenil; María Ester Zabala, Red de Jueces Penales; Juan Casolati, Secretario de Ejecución Penal del Departamento de San Martín; María Dolores Gomez, defensora oficial del Tribunal de San Isidro; Rafael Sal Lari, Juez de Garantías de San Isidro; Luis Federico Arias, Juez en lo contencioso y administrativo; Marcelo Madina, Juez de la Cámara Penal de Mar del Plata; Mauricio Macagno, profesor de la Facultad de Derecho de la UNLP; Juan Tapia, Juez de Garantía de Mar del Plata; Gabriel Bombini, Juez de Garantías de Mar del Plata; Mariano Juliano, Juez del Tribunal Oral de Necochea; Fernando Domínguez, fiscal judicial de San Martín; miembros de la Asociación Judicial Bonaerense.
