En un comunicado conjunto obispos de las Diócesis de Lomas de Zamora y San Justo apuntaron contra la “situación inhumana” de los detenidos en cárceles y comisarías bonaerenses.
El texto firmado, entre otros, por el titular de la Pastoral Social, monseñor Jorge Lugones, tildó a la reciente tragedia en la comisaría 3º de Esteban Echeverría –donde este martes se elevó a nueve el número de fallecidos- como “la masacre más grande en la historia de muertos en comisarías”.
“En este caso había 27 personas detenidas, 17 más de la capacidad de dicha comisaría, más allá que la misma estaba clausurada por incumplir con las condiciones básicas de seguridad y habitabilidad”, remarcaron los obispos para recordar que, “en marzo de este año, el juzgado de Garantías N° 2 de Lomas de Zamora pidió que desalojaran los calabozos y trasladaran a las personas que estaban detenidas, notificó a las autoridades policiales, municipales y del gobierno de la provincia respecto de la ‘prohibición de alojamiento en las seccionales con clausura’ y los instó a que no envíen ahí a nuevos detenidos”.
Ante eso, remarcaron que “este drama es un clamor al cielo que desnuda la situación inhumana en la que viven los presos”. Así, destacaron que “la superpoblación en las comisarías bonaerenses es de un 290% -con un excedente de alrededor de 2900 detenidos” y que existen “alrededor de 42 mil detenidos en cárceles, pero sólo hay plazas para 28 mil aproximadamente, con lo cual el hacinamiento también es brutal en las unidades penitenciarias”.
“El alojamiento de personas en establecimientos policiales, así como el hacinamiento en el sistema penitenciario se ha ido consolidando en la Provincia de Buenos Aires como un componente de las condiciones de privación de la libertad”, añadieron para subrayar que estos datos, “sumado a la cantidad de prisiones preventivas dictadas, hace que sea insostenible la situación, y que cualquier dificultad de convivencia, pelea, discusión, etc. sea motivo para encender la violencia en un contexto de encierro que de por sí es violento e inhumano”.
Finalmente señalaron: “Urgimos a los poderes de la Provincia de Buenos Aires para que adopten las medidas necesarias en el ámbito de sus atribuciones constitucionales, con el fin de asegurar que las detenciones y las condenas que se ejecutan en establecimientos sometidos a su jurisdicción no agreguen a la privación de la libertad lesiones a los derechos humanos de los presos (arts. 18 y 75, inc. 22 de la Constitución Nacional)”.
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