A cincuenta años del último golpe cívico militar, la memoria no puede ser un rito vacío ni una evocación puramente ceremonial. Debe ser, antes que nada, un ejercicio vivo, consciente y crítico, orientado a mantener despierta la reflexión colectiva sobre uno de los períodos más trágicos y desgarradores de nuestra historia nacional. Recordar, en este tiempo, no es solamente volver la mirada hacia el pasado. Es también asumir, con lucidez y responsabilidad, el deber de interpelar el presente.
En días que muchas veces aparecen atravesados por la inmediatez, la superficialidad del debate público y la reaparición de discursos negacionistas o relativistas que pretenden minimizar el horror o diluir sus consecuencias, se vuelve todavía más imperioso sostener de manera firme e inquebrantable el compromiso con los valores de memoria, verdad y justicia. No se trata de consignas vacías ni de fórmulas cristalizadas, sino de principios éticos, políticos e institucionales que constituyen una base indispensable para la vida democrática y para la plena vigencia de los derechos humanos.
La experiencia del terrorismo de Estado dejó una marca indeleble en nuestra sociedad. Sus crímenes, perpetrados desde estructuras estatales puestas al servicio de la persecución, la tortura, la desaparición y la muerte, no lesionaron únicamente a las víctimas directas y a sus entornos más íntimos. El daño fue mucho más vasto, más hondo y más persistente. Afectó a la Nación entera, desgarró el tejido social, erosionó confianzas elementales y dejó cicatrices que, medio siglo después, permanecen todavía a flor de piel en la conciencia colectiva de nuestro pueblo.
Por eso, evocar este particular aniversario exige también rendir homenaje a quienes, aun en la oscuridad de aquellos años, tuvieron la valentía moral y el compromiso cívico de alzar su voz para denunciar los atroces desbordes del régimen dictatorial, para visibilizar lo que muchos pretendían ocultar y para sostener, incluso en condiciones extremas, una esperanza de verdad y de justicia. En esa memoria de dignidad y resistencia corresponde también reconocer el obrar de aquellos integrantes del Poder Judicial que, en un contexto signado por el miedo, la persecución y la degradación institucional, tuvieron la entereza de canalizar y atender los reclamos de quienes acudían al sistema de justicia en busca de amparo frente a los atropellos y abusos sistemáticamente ejercidos por las agencias estatales. Esa conducta, silenciosa muchas veces, pero no por ello menos valiosa, constituye también un testimonio de coraje institucional y de fidelidad a los principios más elementales del derecho y de la condición humana.
La Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires reafirma, en esta fecha de honda significación institucional y humana, su firme e irrenunciable compromiso con los valores democráticos, con la defensa de la plena vigencia de los derechos humanos y con la preservación de una memoria activa que no se limite a conmemorar, sino que también convoque a pensar, a enseñar y a asumir responsabilidades. Sostener esa memoria viva y crítica es una tarea insoslayable, porque sólo una sociedad capaz de enfrentar con honestidad los capítulos más dolorosos de su pasado puede fortalecer las bases de un porvenir más justo, más libre y más respetuoso de la dignidad humana.
