LINCHAR NO ES AJUSTICIAR
“Abrid escuelas y se cerrarán cárceles”
Concepción Arenal (1820-1893).
Por José Luis Ares (#)
Los recientes y terribles acontecimientos de linchamientos de sospechosos de haber cometido hurtos o robos, con al menos la muerte de uno de ellos, merecen una reflexión serena y el repudio de todos aquellos que poseen responsabilidades públicas. No es más que echar leña al fuego, decir que esos episodios se producen por la ausencia del Estado o porque la justicia no funciona, cuando las cárceles desbordan de presos, los más vulnerables y torpes, cuando el 70 % no tiene sentencia condenatoria firme, cuando el 30 % está detenido por delitos contra la propiedad. Es evidente que el sistema penal tiene muchas falencias, pero la prisión no es una poción mágica para solucionar el problema de la inseguridad, sino que, por el contrario, retroalimenta la violencia, genera resentimiento y casi nunca socializa. Los países desarrollados de occidente más violentos -EEUU y Rusia- son los que más presos tienen.
La demagogia punitiva, la llamada criminología mediática, con su simplismo ramplón e ignorancia supina del marco constitucional y legal, la repetición de la consigna “otro caso de justicia por mano propia”, no hacen más que contribuir a la repetición y a la imitación.
“Hay que matarlos”, vociferan algunos. Claro, los “matables” son jóvenes marginales, pobres, morochos, analfabetos, subhumanos a quienes hay que suprimir, porque son el enemigo visible y molesto, como en otras épocas y lugares lo fueron los cristianos, los herejes, las brujas, los judíos, los negros, los “zurdos”. Decía Bertolt Brecht que nada se parece más a un fascista que un burgués asustado.
Es evidente el doble estándar respecto al delito callejero y al de “cuello blanco”; a un seudofinancista procesado por graves delitos se le pide una foto en una disco de moda. La reacción bárbara y salvaje es a la vez discriminadora y clasista; la turba hasta se ha equivocado de objetivo y la ha emprendido con trabajadores por portación de cara, de moto y de ropaje humilde.
Estos terribles episodios retrotraen a una sociedad primitiva, incluso anterior al talión, que significó un avance contra la venganza ilimitada. Es lógico que las víctimas deseen venganza, retribución, aunque la llamen justicia, en especial en delitos graves; pero el Estado debe canalizar civilizadamente ese reclamo a través del debido proceso en clave constitucional. Pretender que todos los presuntos autores de robos y hurtos permanezcan en prisión hasta el juicio no sólo va en contra de directrices constitucionales, que establecen que la prisión de presuntos inocentes debe ser excepcional, sólo si se advierte peligro de fuga o de entorpecimiento probatorio, sino que también resulta impracticable, dado que las prisiones ya desbordan de detenidos, precisamente por el abuso de la prisión preventiva (ejercido por jueces temerosos de las críticas periodísticas y políticas), como fuera señalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Paradójicamente, los linchamientos se han producido respecto a sospechados de delitos menores que prevén penas mínimas de prisión de un mes, por lo que, salvo las excepciones ya mencionadas, no admiten detención provisoria, sino que según la normativa vigente, en caso de no poseer condenas anteriores, podrán obtener la suspensión del proceso a prueba (mal llamada probation) o pena de prisión de ejecución condicional o en suspenso.
La ley prevé la legítima defensa, propia y de un tercero que exime de pena, el exceso en la defensa con una pena reducida, y la legítima defensa privilegiada para quien está en su casa y recibe la indeseada visita de un extraño. Las leyes procesales contemplan la aprehensión por particulares cuando un sujeto es sorprendido en flagrancia en la comisión de un delito; pero este “arresto ciudadano” faculta sólo a ejercer la fuerza mínima e indispensable para atrapar a la persona y ponerla de inmediato a disposición de la autoridad policial.
Los argentinos deberíamos aprender las lecciones del pasado; la mano dura ya se aplicó y en gran medida se sigue aplicando, con restricciones a las excarcelaciones de personas aún consideradas inocentes (casi siempre inconstitucionales) y la elevación de las penas, y fracasó estrepitosamente; no deberíamos dejarnos engañar nuevamente por los gurúes de la demagogia punitiva. En 1997, en nuestra provincia teníamos poco más de 14.000 presos, en 2005 teníamos más de 30.000; ¿nos sentíamos más seguros en este último año?.
Respecto a estos episodios, además del claro y firme repudio de todos los sectores, evitando el uso mezquino por necesidades político-partidarias coyunturales, deberían dejar de denominarse “casos de justicia por mano propia”, pues además de que en general no es la propia víctima la que emprende el brutal castigo, no se trata de justicia, la que sólo puede ser administrada por jueces o jurados en el marco de un proceso con reglas (acusación, defensa, prueba, sentencia, recursos), sino desproporcionadas e inhumanas venganzas, además de la cobardía que implica golpear a quien se encuentra indefenso en el suelo y en forma masificada para lograr la impunidad. No se puede ni debe pretender combatir el delito cometiendo delitos, ni desde el Estado, ni desde la ciudadanía.
Según el diccionario de la lengua española, linchar es ejecutar sin proceso y tumultuariamente a un sospechoso, y ajusticiar es dar muerte al reo condenado a la pena capital. Afortunadamente, no está prevista la pena de muerte entre nosotros y su reintroducción se encuentra prohibida por normas de jerarquía constitucional; si lo estuviera, sería para los delitos más graves contra la vida de las personas, y desde luego, no para ladronzuelos. Nada hay de justicia en los ataques de particulares a sospechados de delitos, sólo la comisión de otros delitos más graves.
Para hacer retroceder el delito, además de una política criminal seria, permanente y coherente que se ocupe del crimen organizado y desbarate la protección oficial, es necesario hacer avanzar los derechos sociales, culturales y económicos; como enseña la experiencia de otros países, una sociedad más justa, menos desigual y más inclusiva será una sociedad menos conflictiva. Canadá es uno de los países más seguros del mundo a pesar de no tener pena capital ni muchos presos, a diferencia de su vecino Estados Unidos. No debe ser casual que los canadienses tengan uno de los mejores sistemas educativos del planeta y destinen ingentes recursos a esa materia.
Parafraseando a María Elena Walsh, al referirse a la pena de muerte, creo que cada vez que se produce un linchamiento, la humanidad retrocede en cuatro patas.
(#) Juez en lo Correccional. Profesor Adjunto -por concurso-
de Derecho Procesal Penal, UNS. Miembro de la Red de Jueces
Penales de la Pcia. de Bs. As.
"LINCHAR NO ES AJUSTICIAR", por el profesor Dr. José Luis Ares
