Las personas no se amontonan. Declaración de la Red de Jueces Penales

LAS PERSONAS NO SE AMONTONAN

Ante las manifestaciones realizadas por el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, en las que reconoce la gravísima situación de superpoblación en las Unidades Penitenciarias Bonaerenses y en dependencias policiales, pero postula que “los prefiero amontonados que libres”, no podemos menos que expresar sorpresa y contrariedad.
Tales declaraciones resultan asombrosas pues pareciera que el “amontonamiento” fuera el único curso de acción a seguir ante la gravísima situación en la que se encuentran las unidades penitenciaria y dependencia policiales, lo cual inhibe cualquier posibilidad de dar cumplimiento al artículo 18 de la Constitución Nacional cuando reza “Las cárceles serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará responsables al juez que la autorice”. 
Este claro texto, legado de nuestros padres fundadores, establece indelegables obligaciones públicas a las autoridades ejecutivas para remediar situaciones como las actuales, pero también a los magistrados que tienen un imperativo constitucional de denunciar y remediar el “amontonamiento” que pareciera predicarse como política pública de seguridad. 
Sobre este último la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expidió con contundencia en el denominado caso “Verbitsky” (Fallos 328:1146), y el conjunto de los magistrados de la Provincia de Buenos Aires han emitido cuantiosas resoluciones de hábeas corpus correctivos que en muchos casos son incumplidas por las mismas autoridades públicas que hoy formulan esas estruendosas declaraciones públicas.
Por otra parte no puede dejar de objetarse la expresión utilizada, que denuncia una política pública de desinterés por la gravísima situación del sistema de encierro penal. Son las “cosas” las que se amontonan, no las personas. Estás últimas tienen derechos inalienables por la sola circunstancia de ser tales y no pueden ser reducidos a un conjunto de objetos apilados en un depósito.
No pueden serlo porque ello es una afrenta a la dignidad humana, que todos los funcionarios públicos juramos proteger, defender y resguardar.
No puede serlo porque el “amontonamiento”, impide materializar el programa resocializador prescripto por las leyes 24.660 y 12.256 de ejecución de la pena privativa de la libertad, lo que repercute en un mayor nivel de inseguridad pública; pues quienes egresan del “depósito de amontonamiento”, lo hacen sin ninguna clase de herramienta para reinsertarse en la sociedad a la vez que adquirieron mayores dosis de violencia que vuelcan en su comportamiento en la comunidad.
No puede serlo porque la gran mayoría de las personas actualmente detenidas en la Provincia de Buenos Aires son “presos sin condena” sobre quienes aún no se determinó su intervención en un hecho delictivo, siendo que una proporción, no menor de ellas, finalmente resultan absueltas. 
Finalmente cabe señalar que la pretensa relación entre el aumento de los niveles de presos y la seguridad pública – que también se indica en aquellas expresiones – se ha demostrado, justamente en la Provincia de Buenos Aires, como una falacia. Hoy se registran los mayores niveles de prisionización de la historia de la Provincia en conjunto a los mayores niveles de inseguridad pública. Es así que la encuesta nacional de victimización realizada por el INDEC en el año 2017 señala que el 85% de las personas que habitan en la Provincia entienden que la situación de inseguridad es entre muy grave y bastante grave, mientras el número de personas detenidas en ese mismo período escaló a un ritmo anual del 12%.
Todos los funcionarios públicos debemos asumir una política de trabajo conjunto, en cumplimiento de la ley y en resguardo de la dignidad humana, pues ese programa de acción público, establecido por nuestra Constitución Nacional, es el único que contribuye a “construir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”.

La Plata, 12 de septiembre de 2018.

Gustavo A. Herbel          Adriana L. Nanni
    Presidente                      Vicepresidente

Pedro Rodríguez
   Secretario

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