Asistimos con preocupación a tergiversaciones de una resolución judicial a través de comunicadores y políticos que pretenden culpar a los jueces con imputaciones aberrantes.
Deberían saber que en todo el mundo un condenado puede volver a delinquir, porque en la Argentina, como en todos los países, las leyes, que no las dictan los jueces sino el poder legislativo, no solo autorizan, sino que obligan a los jueces a disponer libertades o prisiones domiciliarias, tanto durante el proceso como cuando hay sentencia firme.
Repasemos algunas: Libertad por falta de mérito. Excarcelación. Morigeracion. Libertad condicional. Libertad asistida. Salidas transitorias. Prisión domiciliaria a enfermos, madres, valetudinarios, mayores de 70, Etc.
En todos esos casos, si los requisitos legales se dan, al juez le corresponde concederlas aunque nunca ningún sistema de vigilancia posterior impida la comisión de un nuevo delito.
Sin embargo, en el caso de los colegas agraviados, hacía 5 meses que se había ordenado la detención sin que las fuerzas de seguridad, que no dependen del poder judicial, ubicaran y detuvieran al imputado.
Compartimos el dolor y las preocupaciones, pero el aumento del delito y de la inseguridad no se solucionan tergiversando el recto sentido y los fundamentos de las resoluciones judiciales desde el poder político o desde algunos medios, sin embargo así se viene haciendo y el problema, lejos de solucionarse, se agrava agraviando a jueces honestos, de carrera y que aplican las leyes vigentes.
Por el contrario, tanto como la justicia, la educación, la policía y las instituciones penitenciarias son algunas de las cosas que deben mejorarse. Ello con el objetivo de asegurar mediante políticas públicas, lejos de análisis superficiales y del ataque infundado a otros poderes, la plena vigencia de la Constitución y las leyes.
La Plata, 24 de marzo de 2021.
Mario Daniel Caputo Pedro Rodríguez
Presidente Secretario