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En un caso en que el Servicio Penitenciario había denunciado al Defensor de Casación, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia instó a todas las autoridades a que se abstengan de llevar a cabo acciones que pudieran implicar un obstáculo o un amedrentamiento de la labor de toda persona que actúa en el presente caso en el rol de Defensora de los Derechos Humanos, bajo apercibimiento de responsabilidades administrativas, civiles, penales e institucionales correspondientes.
Fue en el caso de una mujer trans que habría sido torturada por personal penitenciario.
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