«Las políticas punitivas y criminales de los últimos 15 años han sido regresivas por las vulneraciones de derechos que han propiciado, y porque no han aportado a la resolución de los conflictos sociales (entre ellos el delito) en clave de garantía de derechos. »
El Poder Legislativo ha fomentado la profundización de esta tendencia sancionando leyes que refuerzan la orientación hacia el incremento de la detención preventiva y la limitación a las alternativas al encierro
como herramienta fundamental para la prevención y represión del delito. Esto ha convalidado la reversión del principio de inocencia y el hacinamiento en las cárceles y comisarías de la Provincia.
La situación carcelaria actual es de extrema gravedad….»
I- Introducción
Tal como hemos venido reflejando en los diversos informes anuales presentados por la Comisión Provincial por la Memoria, la orientación
de la política criminal de la provincia ha desencadenado en los últimos 15 años el peor colapso del sistema penal.
Este colapso tiene sus pilares fundamentales en la persecución de los eslabones más débiles de las cadenas delictivas, en la limitación cada
vez mayor del principio de libertad durante el proceso (y el consecuente uso indiscriminado de la prisión preventiva como pena anticipada), en
el incremento de los topes máximos de las penas, y en el uso cada vez más extendido de las detenciones policiales sin orden ni control judicial.
A esto hay que agregar que el sistema carcelario -saturado en función de la alta tasa de prisionización y la ausencia de plazas suficientes- se
encuentra hoy en las peores condiciones de hacinamiento de los últimos 15 años.
En este escenario se agudizan aun más la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes como práctica sistemática y se consolida el
esquema de delegación territorial y autonomización de la policía bonaerense, lo que no hace más que habilitar el incremento de la
violencia estatal.
El escenario actual de la provincia de Buenos Aires ha llegado a indicadores que superan los que hicieran intervenir a la Corte Suprema
de la Nación y a la Suprema Corte de la Provincia, en las causas V 856 XXXVIII y P. 83.909 respectivamente. Esto debe ser motivo de
preocupación para los distintos poderes del Estado. A este resultado no se ha llegado de manera casual sino en virtud de políticas concretas
que han ido en sentido contrario a lo recomendado en estos fallos. Y también por los distintos organismos internacionales que auditan el
cumplimiento de los tratados de derechos humanos suscriptos, y que rigen en nuestro país con jerarquía constitucional en las condiciones de
su vigencia.
No puede analizarse el preocupante colapso del sistema carcelario sin relacionarlo con las políticas de seguridad y la orientación de la política
criminal en la provincia de Buenos Aires. En este sentido, la reciente declaración de emergencia en materia de seguridad dictada por el Poder
Ejecutivo y todas las medidas que se derivan de la misma, sumadas a la realidad actual de hacinamiento en comisarías y cárceles, deben
constituirse en una alerta para los poderes del Estado en general y para la Suprema Corte de Justicia en particular, en función de lo resuelto en
la causa P. 83.909, aún en estado de control de ejecución de sentencia.
2II- Declaración de emergencia en materia de seguridad dictada por el Poder Ejecutivo. Elección de políticas que profundizan la
crisis carcelaria e incrementan la violencia estatal El 9 de abril del corriente año comenzó a regir el decreto 220 que
declara por el término de doce meses la emergencia en materia de
seguridad en la provincia de Buenos Aires.
Las medidas anunciadas y el conjunto de acciones derivadas de esta
declaración de emergencia constituyen una clara profundización de las
políticas aplicadas en los últimos 15 años implicaron:
la cristalización de un sistema penal focalizado en los eslabones
más débiles de los mercados delictivos,
el incremento de penas (fundamentalmente en lo referente a
delitos contra la propiedad),
la aplicación como regla del encierro cautelar y el incremento de
facultades policiales para intervenir sin orden ni control judicial.
Los anuncios del Poder Ejecutivo en relación a los resultados de la
emergencia no sólo confirman lo que se deriva expresamente del decreto
220, sino también algunos temas de primer orden en función de sus
consecuencias en términos de vulneración de derechos humanos y
pauperización de la seguridad pública y el sistema penal.
En primer lugar, se confirma y promueve una concepción de la
seguridad pública fundada en la lógica de la guerra contra el crimen.
Una de las cifras resaltadas en la evaluación de la emergencia que
realizó el gobierno provincial refiere a los enfrentamientos de la fuerzas
de seguridad con supuestos delincuentes (164), donde no sólo se
reivindica como positivo que hayan ocurrido sino que designan como
resultados positivos los “delincuentes heridos” (64) y “delincuentes
abatidos” (35). Se construye y propicia de este modo un escenario bélico
3en el cual la muerte se asume como resultado natural y esperable…
El informe completo
INFORME CPM
