Esta semana comenzó una huelga de jueces y fiscales en España que reclama por la independencia judicial y para reclamar mejoras en sus condiciones laborales y que registra un importante seguimiento del 42% entre los magistrados y del 50% entre los miembros del ministerio público. 
Está siendo organizada por siete asociaciones de ambos colectivos y afecta miles de juicios y audiencias en todos los fueros.
Piden una justicia independiente y libre de injerencias políticas.
«Lo que más nos preocupa es la independecia judicial», explica a ABC Concepción Rodríguez González del Real, presidenta de Foro Judicial Independiente (FJI), en referencia al sistema de elección parlamentaria de los 12 vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) introducido con la reforma de la Ley del Poder Judicial impulsada en 2013 por el Partido Popular. «La estructura está afectada, mientras no haya una separación verdadera de poderes la democracia peligra», añade.
Precisamente ayer, la juez Mercedes Alaya, magistrada de la Audiencia de Sevilla, aseguró en una entrevista que el sistema judicial en España está amenazado por el poder ejecutivo, así como que ella misma recibió presiones por parte de la presidenta socialista de Andalucía, Susana Díaz. Unas declaraciones en sintonía con las denuncias del colectivo.
En este contexto, el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), perteneciente a la Comisión Europea, lleva años reprochando a España que 12 de los 20 vocales del CGPJ no sean elegidos por sus pares. El último informe publicado en enero asegura que el sistema de elección no es válido y recomienda a los miembros del Congreso que los representantes deben ser elegidos directamente por los jueces. Según la Asociación Profesional de Magistratura (APM), el colectivo mayoritario, la serie de enmiendas que presentó el Partido Popular, y que potencian que la Oficina de Justicia dependa más del Ministerio, introducen un elemento más de confusión. En esta línea, Concepción Rodríguez del Real, presidenta de FJI, es más incisiva. «La situación del Consejo es insostenible. Las 50 enmiendas del PP a la propuesta de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) la paralizan y van encaminadas a desapoderar al Consejo», opina Rodríguez sobre los intentos por modernizar la norma que regula el funcionamiento del Poder Judicial.
Por su parte, Raimundo Prado, portavoz de Magistrados Francisco de Vitoria (AJFV), sostiene que no es un problema del PP, sino de todos los partidos. Eso sí, también reconoce que las 50 enmiendas «menoscargan el poder judicial» y «ralentizan la tramitación inicial» que surgió para modificar un único artículo de la LOPJ. «Hay injerencias y falta de apariencia de independencia», explica el portavoz de AJFV, que asegura que nadie hace nada por cambiarlo a pesar de los avisos de la Comisión Europea.
Todos los colectivos en bloque –Foro Judicial Independiente (FJI) junto a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (AJFV) y Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Asociación de Fiscales, Unión Progresista de Fiscales y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales– enviaron en abril un comunicado al CGPJ y al Ministerio de Justicia con 19 propuestas para mejorar la Administración. Sin embargo, la pasividad del Ejecutivo les obliga hoy –según explican– a continuar con el calendario de movilizaciones.
En el comunicado de las siete asociaciones de jueces y fiscales, entre las 19 propuestas para mejorar el sistema judicial, también se exige «una convocatoria inmediata de la mesa prevista en la Ley de Retribuciones» para «reclamar las mejoras salariales que permitan recuperar los recortes de los últimos siete años».
En 2008, y a raíz de la crisis económica, el sueldo del colectivo se redujo un 10%, pero en los últimos años la recuperación del país ha permitido que la función pública recuperase su salario. No es el caso de los jueces. «Pensamos que no es descabellado pedir lo que un día se nos retuvo», dice Rodríguez Padrón. «Somos conscientes de que no pueden articularse partidas de recuperación absoluta en los Presupuestos Generales de Estado, pero lo que pedimos es un plan de recuperación salarial progresivo», añade. Los Presupuestos Generales de Estado se aprobarán pronto en el Congreso y, según considera Raimundo Prado sería, «vergonzoso» quedarse sin la subida salarial.
El pasado 11 de mayo las asociaciones del sector se reunieron con la secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Córtes, y el Ministerio emitió una nota en la que decía que «una amplía mayoría de peticiones están ya en proceso de elaboración», así como que trabajarían para «materializar con agilidad las mejoras normativas proyectadas». Además, según Justicia, la Mesa de Retribuciones se convocará pronto. Sin embargo, las asociaciones se sintieron insatisfechas y siguieron denunciando la «indiferencia» del Ministerio al que consideran que «intenta reducir al mínimo» su presencia en dicha reunión, que ya lleva años de retraso.
Asimismo, el comunicado también engloba peticiones que van desde la modernización de los edificios de Justicia hasta derechos corporativos del sector como la recuperación del régimen de vacaciones reducido en 2012, aumentar los 15 días de permiso por paternidad, equiparar el número de creación de plazas anuales a la media europea y la implantación de cargas máximas de trabajo para dar una mejor respuesta a los ciudadanos.
Fuentes:
http://www.abc.es/espana/abci-huelga-inedita-jueces-espana-situacion-cgpj-insostenible-201805220156_noticia.html
https://politica.elpais.com/politica/2018/05/21/actualidad/1526918094_248341.html
