Bazán fue condenado por el Tribunal Criminal interviniente a la pena de prisión perpetua por ser encontrado responsable de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada, homicidio triplemente agravado y abuso sexual con acceso carnal. Analizado el caso y examinado el expediente, la Sala I del Tribunal de Casación resolvió anular el veredicto y sentencia y consecuentemente disponer la realización de un nuevo juicio. Los magistrados señalaron que la sentencia de primera instancia contenía enunciados que se apoyaban especialmente en afirmaciones de la fiscalía que no fueron probadas y no había contado con el debido análisis de la prueba ofrecida por la defensa, viéndose de tal modo vulnerada la garantía de imparcialidad.
Falta de prueba de afirmaciones de la Fiscalía TCP
