Artículo publicado en El Argentino. com
Artículo publicado en Diario Hoy
La idea de un Estado bonaerense “con menos burocracia y más cerca de los problemas de la gente”, tal como reza la iniciativa administrativa y judicial impulsada desde el gobierno bonaerense, mantiene en alerta al máximo tribunal penal de la Provincia: la Casación, con sede en 7 entre 56 y 57. Los nueve jueces firmaron un duro documento contra la iniciativa que ya tiene media sanción en la Cámara de Senadores. “Desiguladad jurisprudencial”, “anarquía jurídica” y “cuadro poco optimista para la Justicia bonaerense”, son algunas de las conclusiones a las que arribaron los magistrados en un documento al que accedió Diagonales.
En La Plata funcionan desde 1997 las tres salas, con tres integrantes cada una. Desde entonces, la Casación se fue instalando en la Provincia como un órgano unificador de doctrina.
Y esa centralización en los dictámenes, que sientan jurisprudencia sobre los distintos matices que fallan los numerosos juzgados y tribunales inferiores de los 18 departamentos judiciales, precisamente, es el factor de poder jurídico y político que no están dispuestos a negociar sus miembros.
Lo que el gobierno bonaerense impulsa es la creación de nuevas salas, más allá de las tres que tienen sede en La Plata. Esas salas funcionarían, en caso de aprobarse el proyecto, en Mercedes, San Martín, San Nicolás y Mar del Plata.
Esa postura oficial incluye otro dato clave: las salas que hoy están integradas por tres jueces pasarán a conformarse por dos integrantes. Y, sólo para casos de votos en disidencia, será sorteado un tercer juez. Así se logrará la mayoría.
La integración de “a dos” acrecentará el número de salas. Y también de personal. Es por eso que en los últimos meses uno de los principales temas de conversación son los puestos que se generarán en la Casación descentralizada: los jueces dirimen los suyos, como siempre, con las reglas del Consejo de la Magistratura. Y los empleados y funcionarios de menor rango también hacen su juego. Es que los cargos para relator, secretario y auxiliar son muy codiciados porque están equiparados con jueces de primera instancia.
Los magistrados temen que la descentralización genere un juego de presiones políticas de los sectores en el poder, especialmente en el Conurbano. Uno de los jueces confió a este medio que “con la descentralización los intendentes tendrán injerencia en la designación de los magistrados y así se armarían de una red que los protegería ante cualquier eventualidad con la ley”.
En el documento firmado por todos los jueces de Casación, a excepción del Presidente del Tribunal Federico Domínguez, los magistrados aseguran que con esta medida se generará “falta de seguridad jurídica” para los bonaerenses en general y para el Tribunal en particular, además de “desorden y anarquía interpretativa”.
“La creación de salas descentralizadas conlleva el riesgo de provocar injustos tratamientos y hasta la anarquía jurídica”, detallaron los jueces en otro pasaje del documento que ya fue enviado al gobernador Daniel Scioli. “Una descentralización de la labor casatoria carece de sentido práctico, pues conlleva entorpecimiento, demora, falta de objetividad y dispersión interpretativa”, concluye el documento
