SUPREME COURT OF THE UNITED STATES
No. 19–1392
THOMAS E. DOBBS, STATE HEALTH OFFICER OF THE MISSISSIPPI DEPARTMENT OF HEALTH, ET AL., PETITIONERS v. JACKSON WOMEN’S HEALTH ORGANIZATION, ET AL. ON WRIT OF CERTIORARI TO THE UNITED STATES COURT OF APPEALS FOR THE FIFTH CIRCUIT
[June 24, 2022]
JUSTICE ALITO delivered the opinion of the Court.
Introducción
El aborto presenta un problema moral profundo sobre el cual los estadounidenses tienen puntos de vista profundamente contradictorios. Algunos creen fervientemente que una persona humana nace en el momento de la concepción y que el aborto acaba con una vida inocente. Otros sienten con la misma fuerza que cualquier regulación del aborto invade el derecho de la mujer a controlar su propio cuerpo e impide que las mujeres alcancen la plena igualdad. Aún otros en un tercer grupo piensan que el aborto debe permitirse en algunas pero no en todas las circunstancias, y los de este grupo tienen una variedad de puntos de vista sobre las restricciones particulares que deben imponerse.
Durante los primeros 185 años posteriores a la aprobación de la Constitución, se permitió a cada Estado abordar esta cuestión de acuerdo con las opiniones de sus ciudadanos. Luego, en 1973, este Tribunal decidió Roe v. Wade. Si bien la Constitución no menciona el aborto, la Corte sostuvo que confiere un amplio derecho a obtenerlo. No afirmó que la ley estadounidense o el derecho consuetudinario hubieran reconocido
alguna vez tal derecho, y su análisis de la historia varió desde lo constitucionalmente irrelevante (p. ej., su discusión sobre el aborto en la antigüedad) hasta lo claramente incorrecto (p. ej., su afirmación de que el aborto era probablemente nunca un delito bajo el derecho consuetudinario). Después de catalogar una gran cantidad de otra información que no tiene relación con el significado de la Constitución, la opinión
concluyó con un conjunto numerado de reglas muy parecidas a las que se pueden Bajo este esquema, cada trimestre del embarazo se reguló de manera diferente, pero la línea más crítica se trazó aproximadamente al final del segundo trimestre, que, en ese momento, correspondía al punto en el que se pensaba que un feto alcanzaba la «viabilidad». es decir, la capacidad de sobrevivir fuera del útero. Si bien la Corte reconoció que los Estados tenían un interés legítimo en proteger la “vida potencial”, encontró que este interés no podía justificar ninguna restricción a los abortos previos. La Corte no explicó la base de esta línea, e incluso a los partidarios del aborto les ha resultado difícil defender el razonamiento de Roe. Un prominente estudioso constitucional escribió que él “votaría por un estatuto muy parecido al que la Corte terminó redactando” si fuera “un legislador”, pero su evaluación de Roe fue memorable y brutal: En el momento de Roe, 30 estados aún prohibían el aborto en todas las etapas. En los años previos a esa decisión, alrededor de un tercio de los Estados habían liberalizado sus leyes, pero Roe terminó abruptamente con ese proceso político. Impuso el mismo régimen altamente restrictivo en toda la Nación, y efectivamente derogó las leyes de
aborto de todos los Estados. Como lo expresó acertadamente el juez Byron White en su disidencia, la decisión representó el “ejercicio del poder judicial en bruto”, 410 US, en 222, y desató una controversia nacional que ha amargado nuestra cultura política durante medio siglo.
Eventualmente, en Planned Parenthood of Southeastern Pa. v. Casey, 505 US 833 (1992),el Tribunal revisó Roe, pero los miembros del Tribunal se dividieron en tres caminos. Dos jueces no expresaron ningún deseo de cambiar a Roe de ninguna manera. Otros cuatro querían anular la decisión en su totalidad. Y los tres Magistrados restantes, que firmaron conjuntamente la opinión de control, tomaron una tercera
posición.’ Su opinión no respaldaba el razonamiento de Roe, e incluso insinuaba que uno o más de sus autores podrían tener “reservas” sobre si la Constitución protege el derecho al aborto.’ Pero la opinión concluyó que el stare decisis, que requiere que se sigan decisiones previas en la mayoría de los casos, requería adherirse a lo que denominó el «mantenimiento central» de Roe: que un Estado no puede proteger
constitucionalmente la vida fetal antes de la «viabilidad», incluso si eso sujetar estuvo mal. Cualquier otra cosa, afirmaba la opinión, socavaría el respeto por esta Corte y el estado de derecho.
Paradójicamente, el juicio en Casey hizo una buena cantidad de anulación. Varias decisiones importantes sobre el aborto fueron anuladas en su totalidad, y la propia Roe fue anulada en parte. Casey desechó el esquema trimestral de Roe y lo sustituyó por una nueva regla de origen incierto bajo la cual se prohibía a los estados adoptar cualquier regulación que impusiera una “carga indebida” sobre el derecho de la mujer
a tener un aborto. La decisión no brindó una guía clara sobre la diferencia entre una carga “debida” e “indebida”. Pero los tres jueces que escribieron la opinión de control “llam[aron] a las partes contendientes de una controversia nacional a poner fin a su división nacional” al tratar la decisión de la Corte como el arreglo final de la cuestión del derecho constitucional al aborto.
Como se ha vuelto cada vez más evidente en los años intermedios, Casey no logró ese objetivo. Los estadounidenses continúan teniendo puntos de vista apasionados y ampliamente divergentes sobre el aborto, y las legislaturas estatales han actuado en consecuencia. Algunos han promulgado recientemente leyes que permiten el aborto, con pocas restricciones, en todas las etapas del embarazo. Otros han restringido
estrictamente el inicio del aborto mucho antes de la viabilidad. Y en este caso, 26 Estados han pedido expresamente a esta Corte que anule Roe y Casey y permita a los Estados regular o prohibir los abortos de previabilidad.
Ahora tenemos ante nosotros una de esas leyes estatales. El estado de Mississippi nos pide que defendamos la constitucionalidad de una ley que generalmente prohíbe un aborto después de la semana 15 de embarazo, varias semanas antes del punto en el que ahora se considera que un feto es «viable» fuera del útero. Al defender esta ley, el argumento principal del Estado es que debemos reconsiderar y invalidar Roe y Casey y una vez más permitir que cada Estado regule el aborto como lo deseen sus ciudadanos. Por otro lado, los demandados y el Procurador General nos piden que reafirmemos a Roe y Casey, y sostienen que la ley de Mississippi no puede mantenerse si lo hacemos. Argumentan que permitir que Mississippi prohíba los abortos después de las 15 semanas de embarazo «no sería diferente a anular por completo a Casey y
Roe». Escrito para los demandados 48.Sostienen que «no hay medias tintas» disponibles y que debemos reafirmar o invalidar Roe y Casey. Informe para los encuestados 50.
Sostenemos que Roe y Casey deben ser anulados. La Constitución no hace referencia al aborto, y dicho derecho no está protegido implícitamente por ninguna disposición constitucional, incluida aquella en la que ahora se basan principalmente los defensores de Roe y Casey: la Cláusula del Debido Proceso de la Decimocuarta Enmienda. Esa disposición se ha sostenido para garantizar algunos derechos que no se mencionan en la Constitución, pero tal derecho debe estar “profundamente arraigado en la historia y tradición de esta Nación” e “implícito en el concepto de libertad ordenada”. Washington v. Glucksberg, 521 US 702, 721 (1997) (se omiten las comillas internas).
El derecho al aborto no entra dentro de esta categoría. Hasta la última parte del siglo XX, tal derecho era completamente desconocido en la ley estadounidense. De hecho, cuando se adoptó la Decimocuarta Enmienda, tres cuartas partes de los Estados tipificaron el aborto como delito en todas las etapas del embarazo. El derecho al aborto también es críticamente difer
ente de cualquier otro derecho que este Tribunal haya sostenido que cae dentro de la protección de la “libertad” de la Decimocuarta Enmienda. Los defensores de Roe caracterizan el derecho al aborto como similar a los derechosreconocidos en decisiones pasadas que involucran asuntos como lasrelaciones sexuales íntimas, la anticoncepción y el matrimonio, pero el aborto es fundamentalmente diferente, como reconocieron tanto Roe como Casey, porque
destruye lo que esas decisiones llamaron «derechos fetales». vida” y lo que la ley ahora ante nosotros describe como un “ser humano no nacido”.
Stare decisis, la doctrina en la que se basó la opinión dominante de Casey, no obliga a una adhesión interminable al abuso de autoridad judicial de Roe. Roe estaba terriblemente equivocado desde el principio. Su razonamiento fue excepcionalmente débil y la decisión ha tenido consecuencias perjudiciales. Y lejos de lograr un acuerdo nacional sobre el tema del aborto, Roe y Casey han inflamado el debate y profundizado
la división.
Es hora de hacer caso a la Constitución y devolver el tema del aborto a los representantes electos del pueblo. “La permisibilidad del aborto y las limitaciones que se le imponen deben ser resueltas como las cuestiones más importantes en nuestra democracia: los ciudadanos deben tratar de persuadirse unos a otros y luego votar”. Casey, 505 US, en 979 (Scalia, J., concurriendo en parte al juicio y disidente
en parte). Eso es lo que exige la Constitución y el estado de derecho.
La ley en cuestión en este caso, la Ley de Edad Gestacional de Mississippi , véase Miss. Code Ann. §41—41-191 (2018), contiene esta disposición central: “Excepto en una emergencia médica o en el caso de una anomalía fetal grave, una persona no realizará intencionalmente o a sabiendas… o inducirá un aborto de un ser humano no nacido siendo si se ha determinado que la edad gestacional probable del ser humano por nacer es mayor de quince (15) semanas.” §4(b).
Para respaldar esta Ley, la legislatura hizo una serie de determinaciones fácticas. Comenzó señalando que, en el momento de la promulgación, solo seis países, además de los Estados Unidos, “permitían el aborto no terapéutico o electivo a pedido después de la vigésima semana de gestación”. §2(a) . La legislatura luego encontró que a las 5 o 6 semanas de edad gestacional “el corazón de un ser humano nonato comienza
a latir”; a las 8 semanas el “ser humano por nacer comienza a moverse en el útero”; a las 9 semanas “todas las funciones fisiológicas básicas están presentes”; a las 10 semanas “los órganos vitales comienzan a funcionar” y “[el] cabello, las uñas de las manos y de los pies… comienzan a formarse”; a las 11 semanas “se está desarrollando el diafragma de un ser humano por nacer”, y él o ella puede “moverse libremente en el
útero”; y a las 12 semanas el “ser humano por nacer” ha “asumido ‘la forma humana’ en todos los aspectos relevantes”. §2(b)(i) (citando a Gonzales v. Carhart, 550 US 124, 160 (2007)). Encontró que la mayoría de los abortos después de las 15 semanas emplean “procedimientos de dilatación y evacuación que involucran el uso de instrumentos quirúrgicos para aplastar y desgarrar al feto”, y concluyó que el
“compromiso intencional de tales actos por razones no terapéuticas o electivas es una práctica bárbara”. , peligroso para la paciente materna y degradante para la profesión médica”. §2(b)@)(8).
Los encuestados son una clínica de abortos, la Organización para la Salud de la Mujer de Jackson y uno de sus médicos. El día en que se promulgó la Ley de Edad Gestacional, los demandados presentaron una demanda en el Tribunal de Distrito Federal contra varios funcionarios de Mississippi, alegando que la Ley violaba los precedentes de este Tribunal que establecían el derecho constitucional al aborto. El Tribunal de Distrito otorgó una sentencia sumaria a favor de los demandados y ordenó permanentemente la aplicación de la Ley, argumentando que “la viabilidad marca el punto más temprano en el que el interés del Estado en la vida fetal es constitucionalmente adecuado para justificar una prohibición legislativa de los abortos no terapéuticos” y que 15 semanas La edad gestacional es «anterior a la viabilidad».Organización de Salud de la Mujer de Jackson. v. Currier, 349 F. Supl. 3d 536, 539-540 (SD Miss. 2019) (se omiten las comillas internas). El Quinto Circuito afirmó. 945 F. 3d 265 (2019).
Otorgamos certiorari , 593 US___ (2021) , para resolver la cuestión de si “todas las prohibiciones previas a la viabilidad de los abortos electivos son inconstitucionales”, Pet. para cert. i. La defensa principal de los peticionarios de la Ley de Edad Gestacional de Mississippi es que Roe y Casey se decidieron erróneamente y que “la Ley es constitucional porque satisface la revisión de base racional”. Escrito para los
peticionarios 49. Los encuestados responden que permitir que Mississippi prohíba los abortos previos a la viabilidad “no sería diferente a anular por completo a Casey y Roe”. Escrito para los Demandados 48. Nos dicen que “no hay medias tintas” disponibles: Debemos reafirmar o invalidar Roe y Casey. Informe para los encuestados 50.
Comenzamos considerando la cuestión crítica de si la Constitución, correctamente entendida, confiere el derecho a obtener un aborto. Saltándose esa pregunta, la opinión dominante en Casey reafirmó la «participación central» de Roe basada únicamente en la doctrina de stare decisis, pero como explicaremos, la aplicación adecuada de stare decisis requería una evaluación de la solidez de los fundamentos en los que se basaba Roe. . Ver infra, en 45-56.
Por lo tanto, nos dirigimos a la pregunta que la pluralidad de Casey no consideró, y abordamos esa pregunta en tres pasos. Primero, explicamos el estándar que nuestros
casos han utilizado para determinar si la referencia de la Decimocuarta Enmienda a la
“libertad” protege un derecho en particular. En segundo lugar, examinamos si el
derecho en cuestión en este caso tiene sus raíces en la historia y tradición de nuestra
Nación y si es un componente esencial de lo que hemos descrito como “libertad
ordenada”. Finalmente, consideramos si el derecho a obtener un aborto es parte de un
derecho arraigado más amplio que está respaldado por otros precedentes.
II. R. 1 .
El análisis constitucional debe comenzar con “el lenguaje del instrumento”, Gibbons v.
Ogden, 9 Wheat. 1, 186-189 (1824), que ofrece un “estándar fijo” para determinar lo
que significa nuestro documento fundacional , 1 J. Story, Comentarios sobre la
Constitución de los Estados Unidos §399, p. 383 (1833) . La Constitución no hace
referencia expresa al derecho a abortar, por lo que quienes afirmen que protege tal
derecho deben demostrar que el derecho está de alguna manera implícito en el texto
constitucional.
Roe, sin embargo, fue notablemente laxo en su tratamiento del texto
constitucional. Sostuvo que el derecho al aborto, que no se menciona en la Constitución,
forma parte de un derecho a la intimidad, que tampoco se menciona. Véase 410 US, en
152-153. Y se descubrió que ese derecho a la privacidad, observó Roe, surge de no
menos de cinco disposiciones constitucionales diferentes: la Primera, Cuarta, Quinta,
Novena y Decimocuarta Enmiendas. Íd., en 152.
La discusión de la Corte dejó abiertas al menos tres formas en las que alguna
combinación de estas disposiciones podría proteger el derecho al aborto. Una
posibilidad era que el derecho estuviera «fundado… en la reserva de derechos del pueblo
de la Novena Enmienda». Jd., en 153. Otro fue que el derecho estaba arraigado en la
Primera, Cuarta o Quinta Enmienda, o en alguna combinación de esas disposiciones, y
que este derecho había sido “incorporado” en la Cláusula del Debido Proceso de la
Decimocuarta Enmienda justo ya que para entonces se habían incorporado muchas otras
disposiciones de la Declaración de Derechos. Ibídem; ver también McDonald v.
Chicago, 561 US 742, 763-766 (2010) (opinión de la mayoría) (discutiendo la
incorporación).Y un tercer camino fue que las Enmiendas Primera, Cuarta y Quinta
no desempeñaron ningún papel y que el derecho era simplemente un componente de la
“libertad” protegida por la Cláusula del Debido Proceso de la Decimocuarta
Enmienda. Roe, 410 US, en 153. Roe expresó el “sentimiento” de que la Decimocuarta
Enmienda fue la disposición que hizo el trabajo, pero su mensaje parecía ser que el
derecho al aborto se podía encontrar en alguna parte de la Constitución y que especificar
su la ubicación exacta no era de suma importancia. El Tribunal de Casey no defendió
este análisis desenfocado y, en cambio, basó su decisión únicamente en la teoría de que
el derecho a obtener un aborto es parte de la “libertad” protegida por la Cláusula del
Debido Proceso de la Decimocuarta Enmienda.
Discutimos esta teoría en profundidad a continuación, pero antes de hacerlo, abordamos
brevemente una disposición constitucional adicional que algunos de los amici de los
encuestados ahora han ofrecido como otro hogar potencial para el derecho al aborto: la
Cláusula de Igual Protección de la Decimocuarta Enmienda. Ver Escrito para Estados
Unidos como Amicus Curiae 24 (Escrito para Estados Unidos); véase también Informe
para estudiosos del derecho constitucional sobre la igualdad de protección como amici
curiae. Ni Roe ni Casey consideraron adecuado invocar esta teoría, y nuestros
precedentes la excluyen de plano, los cuales establecen que la regulación estatal del
aborto no es una clasificación basada en el sexo y, por lo tanto, no está sujeta al
«escrutinio intensificado» que se aplica a tales casos. clasificaciones. La regulación de
un procedimiento médico al que solo puede someterse un sexo no genera un mayor
escrutinio constitucional a menos que la regulación sea un “mero pretext[o] diseñado
para efectuar una discriminación envidiosa contra miembros de uno u otro
sexo”. Geduldig v. Aiello, 417 US 484, 496, n. 20 (1974). Y como ha dicho la Corte,
el “objetivo de impedir el aborto” no constituye “animo discriminatorio envidioso”
contra las mujeres. Bray v. Alexandria Women’s Health Clinic, 506 US 263, 273-274
(1993) (se omiten las comillas internas). En consecuencia, las leyes que regulan o
prohíben el aborto no están sujetas a un mayor escrutinio. Más bien, se rigen por el
mismo estándar de revisión que otras medidas de salud y seguridad.
Habiendo abordado esta nueva teoría, pasamos a la audaz afirmación de Casey de que
el derecho al aborto es un aspecto de la “libertad” protegida por la Cláusula del Debido
Proceso de la Decimocuarta Enmienda. 505 US, en 846; Escrito para los
Demandados 17; Breve para Estados Unidos 21-22.
II. A 2 .
La teoría subyacente en la que se basa este argumento—que la Cláusula del Debido
Proceso de la Decimocuarta Enmienda brinda protección sustantiva, así como procesal,
para la “libertad”—ha sido controvertida durante mucho tiempo. Pero nuestras
decisiones han sostenido que la Cláusula del Debido Proceso protege dos categorías de
derechos sustantivos.
El primero consiste en derechos garantizados por las primeras ocho Enmiendas. Esas
Enmiendas se aplicaron originalmente solo al Gobierno Federal, Barron ex
rel. Tiernan v. Alcalde de Baltimore, 7 Pet. 243, 247-251 (1833) (opinión para la
Corte de Marshall, CJ), pero esta Corte ha sostenido que la Cláusula del Debido Proceso
de la Decimocuarta Enmienda “incorpora” la gran mayoría de esos derechos y, por lo
tanto, los hace igualmente aplicables a los estados Véase McDonald, 561 US, en 763-
767 y nn. 12-13. La segunda categoría, que es la que aquí nos ocupa, comprende una
lista selecta de derechos fundamentales que no se mencionan en ninguna parte de la
Constitución.
Al decidir si un derecho cae en cualquiera de estas categorías, la Corte se ha preguntado
durante mucho tiempo si el derecho está “profundamente arraigado en [nuestra] historia
y tradición” y si es esencial para el “esquema de libertad ordenada” de nuestra
Nación. Timbs v. Indiana, 586 US __, ____ (2019) (slip op., at 3) (se omiten las
comillas internas); McDonald, 561 US, en 764, 767 (se omiten las comillas
internas); Glucksberg, 521 US, en 721 (se omiten las comillas internas). Y al realizar
esta investigación, nos hemos comprometido en un análisis cuidadoso de la historia del
derecho en cuestión.
La opinión del juez Ginsburg para la Corte en Timbs es un ejemplo reciente. Al concluir
que la protección de la Octava Enmienda contra multas excesivas es “fundamental para
nuestro esquema de libertad ordenada” y “profundamente arraigada en la historia y
tradición de esta nación”, 586 US, en ___ (slip op., en 7) (se omiten las comillas internas
), su opinión se remonta a la Carta Magna, los Comentarios de Blackstone y 35 de las
37 constituciones estatales vigentes en el momento de la ratificación de la Decimocuarta
Enmienda. 586 US, en ___ — (slip op., en 3-7).
Se llevó a cabo una investigación similar en McDonald, que sostuvo que la
Decimocuarta Enmienda protege el derecho a poseer y portar armas. La opinión
principal analizó los orígenes de la Segunda Enmienda, los debates en el Congreso
sobre la adopción de la Decimocuarta Enmienda, las constituciones estatales vigentes
cuando se ratificó esa Enmienda (al menos 22 de los 37 Estados protegieron el derecho
a poseer y portar armas) , leyes federales promulgadas durante el mismo período, y otra
evidencia histórica relevante. 561 US, en 767—777. Solo entonces la opinión concluyó
que “los redactores y ratificadores de la Decimocuarta Enmienda contaron el derecho a
poseer y portar armas entre los derechos fundamentales necesarios para nuestro sistema
de libertad ordenada”. Íd., en 778; ver también id., en 822-850 (THOMAS, J.,
Timbs y McDonald se preocuparon por la cuestión de si la Decimocuarta Enmienda
protege los derechos que están expresamente establecidos en la Declaración de
Derechos, y sería anómalo si no se requiriera un apoyo histórico similar cuando un
derecho putativo no se menciona en ninguna parte de la Constitución. Por lo tanto, en
Glucksberg, que sostuvo que la Cláusula del Debido Proceso no confiere el derecho al
suicidio asistido, la Corte inspeccionó más de 700 años de “tradición del derecho
consuetudinario angloamericano”, 521 US, en 711, y dejó en claro que una cuestión
fundamental el derecho debe estar “objetivamente, profundamente arraigado en la
historia y tradición de esta Nación”, id., en 720-721.
Lasinvestigaciones históricas de esta naturaleza son esenciales cada vez que se nos pide
que reconozcamos un nuevo componente de la “libertad” protegida por la Cláusula del
Debido Proceso porque el término “libertad” por sí solo proporciona poca
orientación. “Libertad” es un término amplio. Como dijo Lincoln una vez: “Todos
declaramos por la libertad; pero al usar la misma palabra no todos queremos decir lo
mismo”. usó.
Al interpretar lo que significa la referencia de la Decimocuarta Enmienda a la
“libertad”, debemos cuidarnos de la tendencia humana natural a confundir lo que
protege esa Enmienda con nuestras propias opiniones ardientes sobre la libertad que los
estadounidenses deberían disfrutar. Es por eso que la Corte ha sido durante mucho
tiempo “reacia” a reconocer derechos que no están mencionados en la
Constitución. Collins contra Harker Hei
ghts, 503 US 115, 125 (1992). “El debido
proceso sustantivo ha sido a veces un campo traicionero para esta Corte”, Moore v. East
Cleveland, 431 US 494, 503 (1977) (opinión de la pluralidad), y en ocasiones ha llevado
a la Corte a usurpar la autoridad que la Constitución le encomienda. los representantes
electos del pueblo. Ver Regentes de Univ. of Michigan v. Ewing, 474 US 214, 225—
226 (1985).Como advirtió la Corte en Glucksberg, “[d]ebemos… ejercer el mayor
cuidado cada vez que se nos solicite abrir nuevos caminos en este campo, no sea que la
libertad protegida por la Cláusula del Debido Proceso se transforme sutilmente en las
preferencias políticas de la miembros de este Tribunal”. 521 US, en 720 (se omiten las
comillas internas y la cita).
En ocasiones, cuando la Corte ha ignorado los “límites apropiados” impuestos por el
“respeto por las enseñanzas de la historia”, Moore, 431 US, en 503 (opinión de la
pluralidad), ha caído en la política judicial despreocupada que caracterizó decisiones
desacreditadas como Lochner v. New York, 198 US 45 (1905). La Corte no debe caer
presa de un enfoque tan carente de principios. En cambio, guiados por la historia y la
tradición que mapean los componentes esenciales del concepto de libertad ordenada de
nuestra Nación, debemos preguntarnos qué quiere decir la Decimocuarta Enmienda con
el término “libertad”. Cuando nos involucramos en esa investigación en el presente
caso, la respuesta clara es que la Decimocuarta Enmienda no protege el derecho al
aborto.
II. B 1 .
Hasta la última parte del siglo XX, no había respaldo en la ley estadounidense para un
derecho constitucional a obtener un aborto. Ninguna disposición constitucional estatal
había reconocido tal derecho. Hasta unos años antes de que se dictara Roe, ningún
tribunal federal o estatal había reconocido tal derecho. Tampoco tuvo ningún tratado
erudito del que tengamos conocimiento. Y aunque los artículos de revisión de leyes no
son reticentes a la hora de defender nuevos derechos, el primer artículo que propone un
derecho constitucional al aborto que ha llamado nuestra atención se publicó solo unos
años antes que Roe. No solo no hubo apoyo para tal derecho constitucional hasta poco
antes de Roe, sino que el aborto había sido un crimen durante mucho tiempo en todos
los estados. En el derecho consuetudinario, el aborto era un delito en al menos algunas
etapas del embarazo y se consideraba ilegal y podía tener consecuencias muy graves en
todas las etapas. La ley estadounidense siguió la ley consuetudinaria hasta que una ola
de restricciones legales en el siglo XIX amplió la responsabilidad penal por abortos.
Roe ignoró o tergiversó esta historia, y Casey se negó a reconsiderar el análisis histórico
defectuoso de Roe. Por lo tanto, es importante dejar las cosas claras.
II. B. 2. un .
Comenzamos con el derecho consuetudinario, según el cual el aborto era un delito al
menos después de la «aceleración», es decir, el primer movimiento sentido del feto en
el útero, que generalmente ocurre entre las semanas 16 y 18 del embarazo». autoridades
del derecho consuetudinario (Blackstone, Coke, Hale y similares)”, Kahler v. Kansas,
589 US __, ____ (2020) (slip op., en 7), todos describen el aborto después de acelerar
como criminal. El tratado del siglo XIII de Henry de Bracton explicaba que si una
persona ha “golpeado a una mujer embarazada, o le ha dado veneno, por lo que ha
provocado el aborto, si el feto ya está formado y animado, y particularmente si está
animado, comete homicidio. .” 2 De Legibus et Consuetudinibus Angliae 279 (T. Twiss
ed. 1879); véase también 1 Fleta, c. 23, reimpreso en 72 Selden Soc. 60—61 (H.
Richardson & G. Sayles eds. 1955) (tratado del siglo XIII).
El tratado del siglo XVII de Sir Edward Coke también afirmaba que el aborto de un
niño prematuro era un “asesinato” si el “niño nace vivo” y un “gran error” si el “niño
muere en su cuerpo”. 3 Institutos de las Leyes de Inglaterra 50—51 (1644). (“Error de
responsabilidad” se refirió a “algún delito atroz bajo el grado de felonía”. Id., en 139.)
Dos tratados de Sir Matthew Hale también describieron el aborto de un niño prematuro
que murió en el útero como un “gran crimen” y un “gran error de interpretación”. Pleas
of the Crown 53 (P. Glazebrook ed. 1972); 1 Historia de las Súplicas de la Corona 433
(1736) (Hale). Y escribiendo cerca del momento de la adopción de nuestra
Constitución, William Blackstone explicó que el aborto de un niño “rápido” era “según
la antigua ley, homicidio u homicidio involuntario” (citando a Bracton), y al menos un
“delito menor atroz” (citando a Coke ).
Casos ingleses que datan del siglo XIII corroboran las declaraciones de los tratados de
que el aborto era un crimen. Ver en general J. Dellapenna, Dispelling the Myths of
Abortion History 126, y n. 16, 134-142, 188-194 y nn. 84-86 (2006) (Dellapenna); J.
Keown, Abortion, Doctors and the Law 3-12 (1988) (Keown). En 1732, por ejemplo,
Eleanor Beare fue condenada por “destruir el feto en el útero” de otra mujer y “caus
Fallo completo en inglés en https://www.supremecourt.gov/opinions/21pdf/19-1392_6j37.pdf
