Discurso del Sr. Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Ricardo Lorenzetti en el acto de apertura del año judicial
«Buenos días a todos los presentes. Hemos querido comenzar este acto mostrando a estas personas que por razones de espacio, son muchas más, y no podemos incluir, pero estas son nuestras víctimas, estas son nuestras tragedias y este es nuestro tema. Lo que quisiéramos hacer en primer lugar es que ustedes hagan un esfuerzo, todos nosotros, y principalmente el Poder Judicial en mirar estas caras más allá de las caras publicadas, más allá de cada uno de los problemas que se han generado alrededor de estas tragedias colectivas. Ahí hay rostros humanos. Detrás de esas personas hay familias, hay dolor. Y ese es nuestro dolor. Todos ellos eran distintos. En algunos casos eran jóvenes que querían luchar y transformar el mundo y la sociedad. Luchas por un mundo mejor, tener un sueño. Otros eran docentes que querían combatir la discriminación. Otros eran profesionales que buscan la verdad periodística, o la verdad judicial. Otros eran simplemente personas, adolescentes que querían vivir la plenitud de la vida.
Todos ellos forman parte de nuestras tragedias de los últimos años. Y eso es lo que nos debe conmover.
Todos ellos tenían sueños. Todos ellos dejaron alguna bandera, todos ellos fueron más que ellos mismos, porque detrás de cada uno de estos temas hay gente que lucha, hay organizaciones, hay pedidos de Justicia. Detrás de cada uno de estos temas, hay una tragedia. Por eso tenemos que verla con rostro humano, tenemos que conmovernos. No son expedientes ni son objetos de disputas políticas. Son personas, son tragedias. Lo primero que tenemos que hacer, entonces, es conmovernos con la emoción y el dolor que tienen las personas humanas y no ver esto con la distancia profesional con que a veces se los mira.
Todos ellos nos han dejado una obligación y una responsabilidad que es terminar con la impunidad. Es tiempo de terminar con la impunidad en cada uno de estos casos. Terminar con esos procesos que no tienen resultados. Terminar con las investigaciones oscuras que se traban y que no se sabe muy bien a donde terminan. Eso es terminar con la impunidad. Terminar con la impunidad significa también que nosotros nos enfoquemos en los procesos y no hagamos de ellos disputas de intereses, disputas de poderes o de cuestiones que son totalmente ajenas a la lucha contra la impunidad. Estas disputas de poderes ya las hemos ensayado en el pasado. Las víctimas no esperan que le digamos que sus frustraciones son producto de los jueces, o del Poder Ejecutivo, o del Poder Legislativo. No esperan que nos echemos la culpa los unos a los otros. Lo que las víctimas esperan es una actitud más madura. Esto ya se ha ensayado en el pasado, esto ya ha ocurrido y nunca dio resultado. De nada sirve decir que este es un problema de uno o de otro poder el Estado. ¿Por qué no probamos con una vía más madura, más seria, más institucional, basada en la cooperación de los poderes del Estado, para solucionar los problemas de las personas que sufren y que claman Justicia? Pensamos, y lo hemos dicho reiteradamente, que las instituciones no funcionan bien mientras que quienes están a cargo de ellas hablan del poder y las personas de sus problemas. Esta no es una distancia propia de nuestros tiempos. Tenemos que construir nuestras agendas colectivas y de gobierno y del Poder Judicial basándonos en las agendas de las personas, los problemas concretos y solucionarlos y no desviarnos de ese camino, porque lo que esperan las víctimas es que los poderes del Estado cooperen para solucionar sus problemas, y no otra cosa. Lo otro es mera especulación política, que no nos sirve. En esta cooperación entre los poderes del Estado cada uno debe cumplir su rol. Los jueces deben llevar adelante los procesos juzgando a los responsables de manera imparcial, justa, sin flaquezas, sin ceder a las presiones que puedan existir. Nadie es demasiado poderoso cuando estamos iluminados por la idea de Justicia. Y eso es lo esencial y lo característico de alguien que se dedica al derecho, la lucha por la Justicia y la imparcialidad. Esta independencia individual de los jueces y las juezas es distinta de la relación que tiene un poder del Estado como el que tiene el Poder Judicial, con los demás poderes. Y en este campo es donde debemos cooperar. No está mal que hablen los poderes del Estado para poder cooperar. Debe ser uno de los pocos países del mundo donde se censura el diálogo entre poderes. Creemos que tenemos que avanzar en la cooperación entre todos los poderes del Estado. Hace muchos años que venimos diciendo que es necesaria esta cooperación para completar la cantidad de jueces y juezas en los distintos cargos. Hace muchos años que llevamos un promedio que oscila entre 20 y 30% de vacantes en la Justicia federal y nacional, que tenemos que completar y hay que ayudar, porque no es culpa de uno o de otro, tenemos que ayudar para que esto se concrete. Es bueno que nos pongamos de acuerdo para que los tribunales lleven los procesos de manera rápida. La propia Corte Suprema dictó, el año pasado, unas acordadas encomendándole a la Justicia Penal que se organicen y hagan propuestas concretas para tener juicios más rápidos. Y lo hicieron y esas propuestas están a disposición de los demás poderes del Estado y tenemos que trabajar en esa línea. Claro que hay problemas concretos y nos gustaría aclarar, porque por ejemplo, no es bueno que un tribunal oral tenga que decidir si lleva a cabo el juicio de la Amia o el juicio de Once. La Corte Suprema en este tema no tiene ninguna competencia. La Corte Suprema no puede indicarle a un tribunal qué causas va a llevar adelante
Pero el problema no es este. El problema es que los tribunales orales están saturados. Y no sólo sucede esto. Muchas otras causas están demoradas. Lo primero que tenemos que hacer es pedirles a los jueces esfuerzo, todos los esfuerzos para que estas causas se lleven adelante y se terminen. Pensemos, como decíamos al principio, que ahí hay personas y no expedientes. Lo segundo es la cooperación. Porque en el año 2010, por Ley se crearon los tribunales orales 7 y 8 que hubieran solucionado estos problemas, pero todavía no hemos logrado que se conformen. Esto es un problema de todos, insisto, no echamos culpas a nadie. Pero si tendríamos los tribunales orales 7 y 8 funcionando no habría esta demora en los casos Amia y Once. La cooperación entre los poderes del Estado también exige que nos pongamos de acuerdo en la investigación criminal. Porque estamos hablando ahora de la impunidad y de los procesos penales, pero si no hay investigación criminal, no descubrimos quienes son los culpables. Y este es un problema fundamental para dar respuesta a las víctimas. Es necesario que desarrollemos una capacidad mejor de investigación criminal y policial, en el campo de las fuerzas de seguridad. Esto es imprescindible para que los jueces, o quienes lleven adelante las investigaciones, cuenten con una policía científica con capacidades técnicas, con equipamientos adecuados, porque en muchos casos vemos, y la gente común me va a entender, porque que comparan con las películas, el tipo de investigación que se hace, con pruebas científicas con expertos, con alta tecnología, y muchas veces esto no lo tenemos a disposición. Entonces si no se puede investigar, cómo es posible que después podamos condenar a los culpables. Por eso creemos que la cooperación institucional exige una fuerte reforma en este tema en la cual queremos prestar toda nuestra cooperación y principalmente las cámaras, la Cámara de Casación Federal, la Cámara de Casación Ordinaria, las cámaras federales, pueden cooperar para ayudar a mejorar un sistema de investigación. Y en los casos de trascendencia institucional trascendencia institucional o de extrema complejidad, creemos que también ahí pueden crear grupos de asistencia específica con alta tecnología, con capacidad técnica; esta es la única manera de investigar, no hay otra. Si no se investiga, ¿cómo vamos a hacer para encontrar a los culpables?; por eso necesitamos cooperación. Además de encontrar a los culpables, de investigar y que los jueces cumplan con su tarea de llevar los procesos rápidamente, tenemos la etapa posterior, que es la implementación o la ejecución de la sentencias.
Y acá también, simplemente a modo de aclaración, queremos hacer una breve referencia a la causa de la Embajada de Israel, en la que hubo una sentencia en el año 1999, es decir, muy anterior a la conformación de la Corte actual. Hay una sentencia. Esa sentencia determinó cual es la materialidad del hecho y la imputabilidad, es decir quiénes eran los culpables. Y encontró culpable a un grupo, Hezbollah, parte de la Yihad Islámica. Esa sentencia está publicada y fue consentida por las partes, de manera que nosotros no podemos, como tribunal, modificar lo que ya ha sido aceptado y es cosa juzgada.
Lo que sí podemos, es pedir a los demás poderes del Estado, que se lleve adelante lo que el tribunal en aquella época dijo, y es lo que estamos haciendo desde peticiones que hace años estamos llevando al Poder Ejecutivo, sobre todo para, las medidas que ordenó el tribunal en aquella época.
Todo esto requiere políticas comunes de cooperación entre los tres poderes del Estado que tienen que enfocarse claramente en cómo solucionamos los problemas concretos y no en declaraciones abstractas. Este es el valor de decir “nunca más”. Debemos comprender que estos temas nos incluyen a todos. No podemos tener diferencias de ningún tipo en esto. Si para eso estamos. Estamos para la gente que clama Justicia ¿Cuál es el otro debate que nos separa? Podemos tener muchas diferencias dentro del Poder Judicial y fuera de él ¿Pero en esto? Cuando hay personas que ustedes vieron clamando Justicia ¿Qué tipo de diferencias son las que nos separan? Tenemos que ser más adultos en esto y dejar de lado las cuestiones menores y ponernos a trabajar. A los ciudadanos les decimos que no tengan temores, que la Corte está para proteger sus derechos y seguirá existiendo en esta línea. Nuestra función, la de la Corte Suprema y la de los jueces y juezas es brindar protección donde hay temores. Donde hay incertidumbre es brindar seguridad jurídica, previsibilidad. Donde hay exclusión brindar igualdad. Estas son las funciones. Y quédense tranquilos que vamos a seguir en esa línea y no vamos a cambiar. Este es un deber que no solo es del Poder Judicial, sino de todos los que tienen responsabilidades institucionales a lo largo y a lo ancho del país.
Debemos brindar Justicia, seguridad, confianza, protección. Evitar los temores. Decimos que esta es la Patria que nos merecemos y este es el valor central. Tenemos que tener ideales un poco mejores.
La Corte Suprema sostiene en sus decisiones un proyecto, que es un proyecto de país y que es el proyecto que está la Constitución Nacional reformada en 1994, que expresa lo que esta generación, esta época de los argentinos ha decidido. Y necesitamos un poco de docencia constitucional entre todos nosotros para entender de qué hablamos. Porque estos principios que están en la constitución, estos valores, este proyecto, no impiden la acción de gobierno, no la detienen, simplemente es un marco general dentro del cual cada uno de los poderes del Estado tienen que actuar. Pero debemos admitir que existe una serie de principios básicos constitucionales dentro de los cuales nos movemos cualquiera sea el gobierno que esté. Cualquiera sean las personas que estén en Poder Judicial o los legisladores. En esto me gusta siempre citar aquel ejemplo de Ulyses que se ató al mástil para no caer en la tentación de las sirenas. Y Jon Elster, un filósofo, dice las constituciones son esto, son mecanismos de autorrestricción donde los ciudadanos y los gobernantes se atan para no caer en las tentaciones del momento y hacer las cosas según su voluntad avasallando los derechos individuales. Esto es lo que nos ha sucedido en la Argentina durante muchos años. Nuestra historia muestra que, demasiadas veces, nos hemos desatado y hemos avasallado esos principios constitucionales desde todos los sectores. La literatura cuenta esto y nuestra historia lo confirma. Debemos superar esta cuestión, porque de lo contrario, si no sabemos que debemos estar atados a principios constitucionales y este proyecto de país de la Constitución del 94, tendremos oscilaciones pendulares. Y cuidado con esto. Lo que se gana en una época, se pierde en la que sigue. Esto también nos pasó en nuestra historia. Y esto me hace acordar a otro mito, el de Sísifo que, condenado a subir una piedra con mucho esfuerzo, cuando llegaba arriba caía la piedra y tenía que ser condenado a subirla de nuevo. Y Camus llamó a esto el mito del trabajo inútil. Nuestro trabajo es inútil si vamos para un lado, para otro y no sabemos atarnos a una serie de principios constitucionales cualquiera sea el gobierno y por eso decidimos mencionar hoy siete u ocho de esos lineamientos básicos que consideramos principios que nos atan a todos. El primero es que nuestra constitución protege el sistema democrático y lo adopta. Debemos preservar la democracia, es demasiado importante para dejarla en manos del odio, la división, el egoísmo o el miedo. Esto es lo que nos ocurrió en el pasado; en demasiadas oportunidades cada uno tiró de la cuerda hasta un extremo en el que hizo explotar todo. O bien condicionando gobiernos democráticos. Esto no es posible. Lo hemos criticado, Incluso hemos criticado la función que cumplió la Corte Suprema cuando celebramos los 150 años de esta institución. En el pasado hubo algunas épocas en las cuales la Corte no defendió el estado de derecho. Mientras nosotros estemos aquí no toleraremos ninguna acción extrema que ponga en riesgo el estado de derecho o el funcionamiento democrático por parte de ningún sector. No vamos a volver a repetir los errores del pasado. Hay que respetar las instituciones, respetar el Poder Judicial, el Congreso y también la institución presidencial. Como ocurre en todos los países estables, que es lo que pretendemos ser y lo repetimos día a día. Nuestra Constitución adopta el sistema republicano. La idea de república importa la división de poderes, que tiene una relevancia estratégica para el futuro del país.
Hemos sostenido, en algunas de nuestras conversaciones, que existe una fisura entre una tradición popular y una republicana en nuestra historia que no se ha terminado de resolver. Hemos tenido dictaduras, gobiernos republicanos sin participación popular y gobiernos mayoritarios que terminaron sin república. En el plano institucional hemos visto muchos procesos a lo largo de nuestra historia que rompieron con la regla de la evolución. Nacieron adultos y evolucionaron hacia la infancia en términos institucionales.
Nuestro problema es institucional y lo hemos mencionado en numerosos fallos. Lo que decimos es que la posición de la Corte en estos años tiene dos elementos. Uno es lo que podemos decir progresismo, porque la Constitución en el año 94 establece la progresividad de los derechos fundamentales. Y por eso nuestra jurisprudencia y de los que nos seguirán tiene que aplicar el mandato constitucional. Estamos atados a la Constitución en el sentido de la expansión de los derechos y no de sus restricciones. Pero también la Corte es republicana, porque así lo dice la Constitución, y por eso respetamos la división de poderes y sostenemos que debe haber un Poder Judicial independiente. El Poder Judicial independiente está contemplado en la Constitución. Quienes la redactaron pensaron en un equilibrio de poderes. Esto nadie lo discute. Por eso existe la facultad de los jueces de dictar la inconstitucionalidad de las leyes, o bien de contener acciones de otros poderes del Estado.
Gracias a este sistema se pudo declarar la inconstitucionalidad de las leyes de amnistía, o se pudieron declarar inconstitucionales leyes que lesionaban los derechos de los trabajadores, o de las minorías. Todo esto lo hemos enumerado extensamente en muchos fallos de la Corte y de muchísimos tribunales que Uds. integran. Y esto ha sido un gran beneficio para nuestro pueblo. La acción de declaración de inconstitucionalidad de las leyes y la contención de muchas de las acciones de otros poderes ha beneficiado al pueblo. Y por eso existe un Poder Judicial. Es importante señalar que esto no es una facultad solamente de los jueces y juezas, es una obligación, es un deber, porque cuando una Ley o una norma de cualquier tipo, contradice la Constitución, es su deber declararlo. Hay muchísima jurisprudencia y decisiones al respecto. También es cierto, y la doctrina lo ha dicho extensamente, que existen poderes económicos y también, en el Siglo XXI, poderes que derivan del gran desarrollo tecnológico y cognoscitivo, que necesitan límites. Lo hemos dicho en fallos que es parte de la función judicial poner estos límites y hay muchísima jurisprudencia a lo largo y a lo ancho del país de que estos límites también funcionan con distintas magnitudes, pero hay toda una tendencia jurisprudencial en la Argentina en este campo. Es decir, el Poder Judicial debe poner límites. Eso no significa, ni puede significar que sustituyan la acción de gobierno. Simplemente significa que no hay poderes ilimitados. Hemos dicho reiteradamente que los jueces no gobiernan no deben gobernar. La función judicial es dictar sentencias, es poner límites, es proteger a los ciudadanos. Y nosotros somos partidarios del activismo judicial y del diálogo de poderes mediante sentencias exhortativas, mandatarias, pero, lo hemos escrito en muchas decisiones judiciales, no se gobierna. Los jueces tienen muchas ideas y no está mal que las tengan; los jueces y juezas, no viven fuera del ambiente político, religioso o de las creencias. Y el Poder Judicial argentino felizmente tiene una gran variedad; tiene todos los sectores de la sociedad representados, y eso es bueno. Y eso es lo que denominamos paradigma de la decisión judicial. Estoy convencido, que hay un paradigma de la decisión judicial, pero esto no significa que cuando dictan sentencias sigan esos paradigmas. Por el contrario, el juez debe ser imparcial ¿Qué significa imparcial? Significa que la Ley es igual para todos. Se trate de alguien del norte, del sur, del este o del oeste, sea rico, sea pobre, sea poderoso o débil. Los jueces deben aplicar las leyes de manera igual para todos, esté quien esté por delante, porque en eso se juega la credibilidad del Poder Judicial. Esa es la función judicial, la imparcialidad. No dejarse guiar por ninguna otra idea que no sea la Ley. Como institución, el poder judicial requiere transformaciones profundas. Y lo hemos dicho reiteradamente y hemos señalado desde el 2006 en las distintas conferencias nacionales de jueces en las cuales muchísimos de Uds. han participado, que hay que transformar el Poder Judicial, que además de un poder del Estado es un servicio y como servicio tiene que mirar a la gente y por eso decimos que hay que transformarlo. No se discute que debemos tener juicios más rápidos, más tecnología, más jueces, que debemos esforzarnos más, que debemos transformar los procesos. El problema es cómo. Por eso decimos que no se puede tener una ida general de lo que es el Poder Judicial. Muchas veces escuchamos que se habla de la Justicia refiriéndose al problema de un sector de la Capital. Pero el Poder Judicial es muy variado. Este es un país federal, la Corte es federal, y nosotros que venimos del interior debemos decir claramente que la mayoría de las acciones de los argentinos pasan por las justicias provinciales, por la justicia nacional de la capital, cuantitativamente es la enorme mayoría de las decisiones que reciben los ciudadanos comunes que tienen su vida cotidiana. Acá están todos, está la Junta Federal de Cortes, todas las justicias provinciales, la Corte de la Provincia de Buenos Aires, está la Federación Argentina de la Magistratura con todos los representantes de todo el país, está la Justicia nacional, la criminal, la Cámara de Casación, está la justicia civil, la justicia comercial, la laboral, la federal. Cada una tiene una realidad distinta. No se puede generalizar y decir vamos a modificar la Justicia si no atendemos a las particularidades. Lo que ocurre en materia electoral es distinto a lo que ocurre en un proceso penal, o de familia. Por eso decimos siempre, que la mayoría de los que están presentes aquí, de distintos pensamientos, han trabajado desde hace años en las reformas del Poder Judicial. Lo bueno es que nos pongamos de acuerdo con todos los poderes del Estado y sean consultados antes de implementar reformas y las hagamos bien, entre todos. Esa es la cooperación que necesitamos. Los jueces dictan sentencias y aquí hay otro aspecto de la independencia del Poder Judicial. Dictan sentencias y todos estamos de acuerdo en defender la independencia del Poder Judicial cuando esas sentencias son favorables. Cuando no lo son viene el problema. Porque defendemos los principios cuando nos conviene. Cuando no nos conviene es cuando los principios tienen importancia. Y es importante aceptar que las sentencias pueden ser criticadas. Nadie se puede molestar cuando un funcionario, ciudadano, periodista, critique la sentencia de un Juez, eso enriquece. Porque la próxima decisión judicial será mejor. En eso consiste el debate democrático. La segunda cuestión, que es más difícil, es señalar que muchas veces no criticamos el argumento, sino que deslegitimamos al emisor. Decimos que el Juez no es independiente, que responde a tal, a cual. Y no queremos hacer una cuestión particular de juezas y jueces, sino hablar del debate democrático, porque esto está bastante más generalizado. Les ha pasado a todos: funcionarios, legisladores, personas, periodistas. Cuando hay un argumento no se contesta el argumento, se deslegitima al emisor, esto que en el medioevo se llamaba argumento ad hominem no es una buena práctica. Fíjense Uds. que cualquier debate que hoy vemos inmediatamente se traslada de los argumentos a una deslegitimación del emisor. Esto no es bueno en el debate democrático. Y esto lo han sufrido todos los sectores generalizadamente. Por eso hemos promovido en esta Corte el debate democrático sin deslegitimación. La sentencia judicial debe ser imparcial y ahí recide su credibilidad. Si los jueces o juezas no son independientes hay procedimientos para pedir su sanción o destitución. Y finalmente respecto del Poder Judicial hay que decir que nunca va a ser popular, porque sería un error que los jueces busquen la popularidad. Esto es lo que pasaba en el medioevo y lo relata bien Huizinga, en El otoño de la Edad Media cuando decía que el gran avance fue evitar los juzgamientos en la plaza pública, porque quemaron muchas brujas que no eran. El gran avance fue el debido proceso. Por eso los jueces deben seguir una línea imparcial, de jurisprudencia de principios continua, y eso es lo consolida el prestigio, no buscar la aprobación de mayorías momentáneas. Nuestra Constitución adopta también el sistema federal. Este es un tema central en la agenda de la Corte y de muchas justicias provinciales. Por qué un ciudadano de una provincia puede tener distintas calidades de vida que otro de una provincia distinta. Esta pregunta se la hicieron los caudillos del Siglo XIX, Ramírez, López, Peñaloza, Urquiza. La respuesta está en la Constitución, en el sistema federal, por eso en la agenda de la Corte es muy importante el federalismo, el federalismo fiscal, la cuestión de la autonomía de los municipios, la cuestión de los estándares mínimos a nivel nacional y esto también interesa a las justicia provinciales, debe haber un mínimo para que todas las justicias provinciales tengan por lo menos una base común para que puedan prestar sus servicios. Otro tema que es importante en el proy
ecto constitucional es el de los derechos humanos. Decimos siempre que esta ha sido una política de los tres poderes del Estado. Se ha declarado la inconstitucionalidad de las leyes de amnistía y sobre esto decimos que forma parte del contrato social de los argentinos.
Hoy es el Poder Judicial el que tiene en sus manos llevar adelante estos juicios de lesa humanidad. Es una tarea extraordinaria y debemos felicitar a los jueces y juezas que antes, ahora y después han llevado adelante estos juicios. Y debemos decir con toda claridad que esto forma parte de esas cosas que nos atan y no vamos a modificar. Esto también forma parte de la independencia del Poder Judicial. Continuaremos con los juicios de lesa humanidad. Respecto de la calificación de lesa humanidad, la Corte no ha fijado posición en ningún otro caso, sobre otros hechos calificables o no, como de lesa humanidad. Nuestra Constitución también promueve la igualdad real de oportunidades. Y esto es algo que ha sido jurisprudencia central de la Corte y de muchísimos tribunales. En los últimos años se han hecho avances en cuanto a una distribución más igualitaria de la riqueza. Y esto debemos decirlo porque también ha sido respaldado por el Poder Judicial y la propia Corte, que ha declarado constitucionales muchísimas decisiones que han avanzado en la idea de una distribución igualitaria. Lo que decimos es que también se aplica la idea de la progresividad de los derechos fundamentales. No vamos para atrás. Debemos ir para adelante. Y esto lo dice la Constitución y los tratados internacionales. Ir para adelante significa que la igualdad no solo debe basarse, como fue en épocas de crisis, en el asistencialismo sino en los derechos. Como dice Amartya Senn, es la igualdad de capacidades, es decir de que todas las personas tengan derechos, no simplemente el asistencialismo. Los derechos implican la oportunidad de cada uno de desarrollar su vida, de tener opciones, de avanzar, de tener un paquete de bienes primarios. Y otro aspecto vinculado a la igualdad, que esta Corte ha tratado, es que no debe haber personas desechables, que están fuera del sistema, que se transforman en objetos sin futuro, porque esto nos duele y crea tensiones en toda la sociedad. Por eso declaramos derechos fundamentales en materia de acceso a la vivienda, o a la alimentación. En eso tenemos que trabajar 14 todos. También el problema del narcotráfico, porque mientras nuestros chicos estén a merced del narcotráfico, tampoco tendremos igualdad. Y quiero aclarar, porque esto lo dijo la Corte en el 2009 en la causa Arriola, no nos referimos al consumo. Dijimos muy claramente que nos estamos refiriendo a la lucha contra la distribución, lo que llamamos el narcotráfico. En esto también necesitamos cooperación de los poderes del Estado para juntos desarrollar una política clara y que no avance más. Estamos en el momento en que podemos detenerlo. Nuestra Constitución reconoce la ciudadanía del Siglo XXI. No es solamente el ciudadano que vota sino el que participa, el que tiene derechos, que es activo. En este tema debemos decir que este año entrará en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, en el cual el Poder Judicial tendrá un rol fundamental en la fase de implementación. El Código es la regulación de la ciudadanía del Siglo XXI. Es reconocer que las personas tienen derechos personalísimos, derecho a la identidad, a la dignidad; es reconocer el derecho a la vivienda; es reconocer la pluralidad en los modos de organizar la familia; es reconocer que tenemos muchísimas posibilidades de actuar de manera más equitativa en las relaciones económicas, a través de la protección del consumidor: Es una enorme transformación en el derecho privado argentino. Y fíjense ustedes que hoy se están organizando congresos internacionales en Roma, Madrid, en varios países, sobre la gran reforma Argentina. Y nosotros, muchas veces por esas cuestiones menores que tenemos, queremos discutirlo. La realidad es que toda la doctrina argentina, todas las universidades y el Poder Judicial están trabajando fuertemente en esta implementación que implica la ciudadanía del Siglo XXI a través de nuevas normas del Código Civil y Comercial. No podemos dejar de decir también que otro de los grandes lazos que tiene la Constitución es la protección del ambiente, que lamentablemente se menciona poco, pero que es una tragedia que la ciudadanía vive. Pensemos en lo que está pasando con las inundaciones. Lugares que se pensaba que no eran inundables se inundan, tormentas destructivas, frio polar. Estados Unidos lleva tres semanas con 30 grados bajo cero. Este desequilibrio climático es consecuencia del calentamiento global. No podemos prometerles un futuro a los jóvenes si no enfrentamos este problema que es central y está en la Constitución. No es una hipótesis abstracta de utopistas verdes. Está en la Constitución Nacional, hay leyes y esto también requiere una política de Estado y una implementación clara respecto de cómo hacemos nosotros para armonizar desarrollo con protección ambiental. Y este un tema que en el pasado se consideraba una opción trágica, difícil, pero que hoy, y lo digo yo que estoy participando en muchos congresos internacionales sobre el tema, ya casi no se discute. Es posible el desarrollo sustentable y hay economías que nos van a dar grandes oportunidades de desarrollo, riqueza y empleo, que no lesionan al ambiente. Es simplemente que nos pongamos de acuerdo en cuál es la dirección, porque si no cambiamos la dirección, las generaciones futuras, nuestros hijos y nietos, lo sufrirán y nos preguntarán por qué siguieron ciegos frente a esto, que era un llamado trágico de la naturaleza. Y lo estamos haciendo, estamos siendo ciegos, temerarios, frente a estas advertencias de la naturaleza. Y finalmente, no quiero extenderme demasiado, tenemos dos cuestiones más…Una es la gobernabilidad, tema que la Corte ha trabajado en numerosos aspectos. Sobre la gobernabilidad del Siglo XXI, nosotros hemos dicho que gran parte de los problemas y tensiones que se viven en el mundo actual tienen que ver con instituciones que han sido diseñadas en el Siglo XIX con modelos teóricos del Siglo XVII y XVIII, pero que no funcionan en el Siglo XXI. Y acá hay dos temas vinculados al Poder Judicial, el primero es el de la ineficacia. Uno de los grandes problemas, y no quiero focalizar porque este es un problema global, porque se está discutiendo en muchos países del mundo, es que se habla sobre los temas, se legisla, pero es muy difícil modificar la realidad, es muy difícil concretar. Por eso algunos autores, como el ministro de la Corte Suprema del Brasil Benjamin, dice es el estado espectáculo, expone los problemas pero no logra transformar efectivamente la realidad. Hay una distancia entre lo declarado y lo percibido, que es muy importante, es cada vez mayor, en muchísimos países. Y esto afecta la credibilidad de las instituciones, porque los ciudadanos poco a poco tienden a la apatía institucional. Entonces, debemos hacer un gran esfuerzo por la implementación, para que esta distancia entre lo declarado y lo percibido deje de ser tan grande. El ciudadano común tiene que gozar efectivamente de los derechos, los que se dicen, se declaran, se legislan o se establecen en sentencias judiciales. Tenemos que hacer un esfuerzo y este esfuerzo implica también pensar de manera distinta y seguir los procesos luego de que se dictan las sentencias, de que se dictan las leyes o las decisiones de los poderes ejecutivos. Tenemos que trabajar en la fase de implementación y esto nos lleva al segundo tema, vinculado también a la gobernabilidad y al Poder Judicial, que es la participación ciudadana. Nosotros hemos hecho muchísimos esfuerzos en abrir la legitimación, mayor participación ciudadana en los procesos; todos, no solo la Corte, sino todos los jueces y juezas de la Argentina, desde hace muchísimos años: la incorporación de los amigos del tribunal, la incorporación de las audiencias públicas. Pero este es un tema muy de fondo, muy del Siglo XXI, porque la gobernabilidad del Siglo XXI es tan compleja que ha dejado paralizados a dirigentes lúcidos, capaces, pero formados con las ideas del Siglo XIX. Esto también lo hemos dicho muchas veces, se sienten paralizados, vetados. Esto lo describe muy bien Rosanvallon, filós
ofo francés que estuvo hace un año atrás presentando sus libros, cómo en las sociedades actuales la gobernabilidad es casi paralizante y no se entiende que hay que cambiar el modo ¿Y cómo es cambiar el modo? Cambiar el modo concentrado y pasar a un modo descentralizado ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos una larga historia en la cual pensamos que las decisiones venían del rey, del virrey y luego de un lugar concentrado, el hiperpresidencialismo. Y así hemos funcionado y funciona gran parte del mundo. Pero esto era posible en sociedades homogéneas, donde había grandes grupos que pensaban de manera similar. Hoy es muy difícil, porque ya no existen las sociedades homogéneas. Yo estoy seguro que de las 150 personas que hay en esta sala, y de las 200 o 300 que hay afuera, nosotros podemos preguntar y habrá un tema en el cual coincidan; y los mismos que coincidan en ese tema tendrán diferencias en otro, en otro y en otro, y los grupos de arman de distinta manera. Y por eso es muy difícil gobernar grupos heterogéneos. Las sociedades hoy son multiculturales, plurales, complejas y además dinámicas. Las democracias funcionan en redes imposibles de controlar. Lo que hoy se arma, se desarma mañana en función de temas específicos. Esto lo vemos a lo largo y a lo ancho del país. Entonces no podemos pensar que la idea de concentración decisional, y esto vale para todos, no piensen en nadie en particular, porque también el Poder Judicial tiene esta historia. Por eso hay que abrir los procesos a la participación. Esta idea de que hay alguien que tiene una ida y la impone, la introduce y va bajando y descendiendo hacia los sectores homogéneos, que luego seguirán esos lineamientos, ya no funciona. Y por eso hay tensiones. Fíjense que se habla de sociedades divididas en Estados Unidos, no acá. En Francia. Es porque está en crisis este modelo institucional. Tenemos que pasar a un sistema distinto que es desde abajo, que es lo que se ha denominado democracia deliberativa. La contraposición de visiones. Esto es la conducción de la diversidad. Por eso nosotros decimos, y lo hemos hecho aquí en esta Corte, que es muy importante para el Poder Judicial y para todos los poderes multiplicar los lugares de encuentro.
Porque el consenso no es ponernos de acuerdo en general sobre cuestiones abstractas, el consenso es el resultado final del encuentro de posiciones diferentes. Lo que pasa muchas veces, es que si nosotros no logramos la contraposición de posiciones diferentes, cada uno se encierra en si mismo y se va cada vez más a los extremos. Es lo que describió Sunstein en un libro que se llama justamente “Yendo a los extremos”. Y lo ha dicho el Papa hace poco refiriéndose al mundo digital, diciendo que si cada uno se relaciona sólo con los que piensan igual y lo que busca es conformar lo que ya piensa, las sociedades evolucionan hacia los extremos. Lo que hay que hacer es lo contrario, volver a la plaza pública o las audiencias públicas como ocurrió aquí en esta sala en la audiencia de la Ley de Medios y en tantas otras donde se entrecruzaron posiciones diferentes y este es el consenso entrecruzado del que habla John Rawls en muchos libros. Así se conduce la diversidad actual. Y finalmente una breve referencia a los valores porque detrás de estas tragedias, en su origen, no encontramos los grandes ideales, encontramos más bien lo más oscuro del alma humana: el odio, la negligencia, el egoísmo, la ambición, el poder desmedido, el miedo. Y hoy se dice y muchos autores lo señalan, por ejemplo Marta Nussbaum que acaba de publicar un libro muy importante sobre esto: el valor de las emociones en la organización de las sociedades.
Si lo que promovemos es el miedo las sociedades no funcionan emocionalmente. La Argentina tiene una larga historia en la que se nos metió el miedo; esto debe terminar.
Y debemos encontrar qué tipo de valores o emociones colectivas son las que se promueven. Y en esto hay que hacer un gran esfuerzo porque lo que debemos promover es confianza en las relaciones interpersonales, protección.
Esta es una de las funciones esenciales del Poder Judicial.
No es menor que los jueces brinden protección a los ciudadanos, es lo que esperan de nosotros. Y los demás poderes del Estado también debemos brindarles a las personas confianza, protección, igualdad, seguridad, la protección del ambiente. Son todos estos valores que debemos recuperar, que están en la Constitución y que son los que deben guiar nuestro accionar y no las peleas de vecinos. Porque cuando la Constitución se redactó, hubo muchos sacrificios.
Ahí está lo más sublime y lo más oprobioso del alma humana en esa historia de las constituciones argentinas. Pero todos hicieron un esfuerzo pensando en las generaciones futuras y nosotros somos esa generación futura. Estemos a la altura de ese esfuerzo, no lo defraudemos en peleas menores. Pensemos en los grandes valores constitucionales, el patriotismo constitucional como lo ha denominado Habermas, es decir la idea que tenemos cosas comunes mucho más importantes que aquellas menores que nos diferencian y que hacen a la nación; la idea de nación, de patria. Eso es lo que debemos defender todos más allá de las cuestiones personales. Y cuando decimos esto, muchos que viven la vida cotidiana, dicen: bueno esto es muy lindo pero no lo puedo hacer por tales o cuales dificultades. Y yo les digo, principalmente a aquellos que tienen relación con el derecho en general, que el derecho consiste justamente en eso. Cuando tomamos esa decisión, cuando éramos jóvenes y teníamos sueños decidimos luchar por la justicia, nos conmovía la injusticia. De eso se trata el derecho, no de otra cosa. Y las dificultades?; no hay ninguna que no se pueda superar. No hay poder, no hay oscuridad, no hay intereses que nosotros no podamos superar y llevar adelante. Tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para que las cosas sean claras, para que lo que nos sucedió tenga explicación, para que las familias tengan explicaciones claras, transparentes, controlables.
No hay nada que no podamos hacer si tenemos la voluntad de hacerlo.
Yo siempre digo cuando uno tiene esos altibajos, que existen en todas las personas y en el alma humana, pensemos en algunos de los ejemplos como Ana Frank.
Una pequeña niña que encerrada se enfrentó a una maquinaria tremenda del nazismo y hoy nadie se acuerda del nazismo, sí se acuerdan todos de Ana Frank. Y aquí en Buenos Aires se ha creado un museo de Ana Frank, una pequeña niña más poderosa con sus ideas que la maquinaria de represión, de terrorismo de estado más sofisticada que se hizo en la historia de la humanidad. O en Mandela que estuvo toda su vida encerrado y trascendió el encierro, simplemente a través de sus convicciones.
Muchas de las personas que están aquí presentes han hecho ese esfuerzo.
Yo les pido que lo hagamos todos juntos y continuemos en esta tarea. Pensemos siempre en nuestra responsabilidad y no en las cuestiones menores. Muchas gracias a todos por su presencia»
