Ante la actual situación de violencia social y reiteración de pedidos de juicios políticos y expresiones públicas denostando a los jueces penales por el contenido de sus sentencias (aun cuando equivocadas, siempre revisables por el sistema recursivo previsto por las leyes procesales), que no sólo comprometen la vigencia y el correcto funcionamiento de las instituciones del Estado de Derecho, sino que constituyen una verdadera amenaza a la paz social, “La Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires” cree conveniente dar a conocer sus puntos de vista sobre estos temas.
1. Tal como sucediera hace poco más de un año, cuando emitimos nuestra declaración “En defensa de la paz social”, los recientes casos de puebladas, escraches y linchamientos que vienen tomando estado público constituyen, por definición, ejecuciones sumarias y tumultuosas a personas sospechadas de cometer delitos (o de miembros de su entorno familiar), realizadas por grupos de particulares con ánimo de venganza que revelan un repudiable grado de irracionalidad y salvajismo.
Esas demostraciones del furor colectivo contradicen las más elementales normas de la convivencia social, resultando evidente que bajo ninguna circunstancia pueden explicarse —mucho menos, justificarse— por la aducida “ausencia del estado” en materia de políticas de seguridad, o por las fallas en el sistema de administración de justicia.
2. Cuando los particulares desplazan a los organismos públicos encargados de velar por la realización de un juicio justo a la persona sospechada de haber cometido un delito, se conmueve la estructura institucional y hasta la propia razón de ser del estado, a la vez que se cierne sobre la población el grave riesgo de volver a las atrocidades de las sociedades primitivas que arreglaban sus diferencias a través de la violencia ilimitada, por la ley del más fuerte.
3. En otro orden, el derecho a la crítica de los fallos judiciales, como los de cualquier otro acto de los poderes públicos, es una de las fundamentales conquistas de la recuperación democrática del ’83 a la fecha. No sólo es legítima, sino también necesaria para que los funcionarios públicos —en especial, los jueces— recapaciten sobre el contenido de sus decisiones.
Sin embargo, son de plena actualidad las expresiones de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, al sostener —en situación semejante a la presente— que “somos conscientes que nuestra labor no se encuentra exenta de yerros. Y es legítimo disentir con el sentido de algunos pronunciamientos, como actos públicos que son. Pero cuando la crítica proviene de otros altos niveles del Estado, no parece razonable que, al mismo tiempo que se la formula, se ignore que frente a cada decisión existen niveles de revisión y que el desempeño de los jueces y miembros del Ministerio Público está sujeto a la intervención del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados o, en su caso, a la potestad disciplinaria en el seno del Poder Judicial. De tal manera, no puede recurrirse al estrépito mediático para eludir esos mecanismos sin afectar la independencia del Poder Judicial” (SCBA, resol. n° 744/09 del 1/4/2009).
4. Contrariando lo que parece desprenderse del comunicado difundido por la colegiación de abogados bonaerense, la conmoción social emergente de las sentencias judiciales no es ni debe ser causal suficiente para la destitución de los magistrados, porque la función de los jueces no varía por el consenso de sus decisiones, es decir, ninguna mayoría popular por aplastante que fuese, ni siquiera la unanimidad del pueblo, podría legitimar la condena del inocente, ni la absolución del culpable, como no podría, tampoco, hacer verídico lo que es falso, ni falso lo que es verídico.
Por otra parte, no creemos que sea este convulsivo clima social el más apropiado para receptar la reciente propuesta del Colegio de Abogados bonaerense, al propiciar una profunda reforma del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Provincia de Buenos Aires, pues de esta manera no se hace más que favorecer el festival de pedidos de juicios políticos que ya viene siendo utilizado, disfuncionalmente, como instrumento de presión, poco menos que habitual.
5. En síntesis, frente a una coyuntura signada por inquietantes niveles de incredulidad en las instituciones y de creciente intolerancia social, a menudo exteriorizada por hechos violentos (cuya máxima expresión tuvo lugar hace pocos días con los graves hechos de Monte Hermoso), quienes integramos “La Red de Jueces Penales de la Provincia Buenos Aires” nos sentimos en el deber de dar a conocer nuestros puntos de vista en defensa de la paz social, deplorando y repudiando públicamente estas expresiones de venganza privada que nos retrogradan a épocas de barbarie, a la sociedad primitiva en la que no existían el derecho, la razón, ni la justicia.
La Plata, 27 de mayo de 2015.
Ricardo S. Favarotto Pedro Rodríguez Adriana L. Nanni
Presidente Tesorero Secretaria
Nuevamente en defensa de la paz social
