El pasado viernes 15 de agosto, tal como se anunciara, se celebró en Mar del Plata la Asamblea General Ordinaria de “La Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires”.
Fueron aprobadas la memoria y el balance y se produjo la renovación de las autoridades de la comisión directiva, para el período 2014-2016, quedando así constituida su Comisión Directiva: Presidente Ricardo S. Favarotto (Mar del Plata). Vicepresidente Gustavo A. Herbel (San Isidro). Secretaria Adriana L. Nanni (Trenque Lauquen). Tesorero Pedro Rodríguez (Morón). Vocales titulares: 1. Susana G. Calcinelli (Bahía Blanca). 2. Esteban I. Viñas (Mar del Plata). Vocales suplentes: 1. Analía H. C. Pepi (Dolores). 2. Nicolás Schiavo (San Martín). Comisión Revisora de Cuentas: 1. José Luis Ares (Bahía Blanca). 2. Mario D. Caputo (Quilmes). 3. Juan S. Galarreta (Mar del Plata – Necochea). Suplente Eduardo P. Galli (Tandil).
Al finalizar la asamblea los miembros de la red, Dres. Marcelo Riquert, Nicolás Schiavo, Alexis Simaz y Gustavo Herbert, expusieron y comentaron sus recientes obras doctrinarias, generándose un intercambio de sumo interés sobre la actualidad procesal y penal, todo amenizado por la presentación de la Dra. Adriana L. Nanni.
Por otra parte, tanto allí como en la siguiente reunión de comisión directiva al día siguiente la entidad consideró que –tal como lo advirtiera en su documento público del 8 de abril, titulado “Otra vez sin rumbo y sin brújula” –, se pudo verificar que “las medidas anunciadas por el gobernador lejos de aplacar la acuciante situación en materia de seguridad, van a generar nuevos problemas para la provincia no sólo a raíz de la superpoblación y el hacinamiento carcelario (en la mayoría de los casos, “presos sin condena”), sino también por el retorno a la actividad (policial y penitenciaria) de efectivos que, en su momento, fueron dados de baja por la existencia de fundadas sospechas de corrupción o complicidad criminal”, por lo que, en definitiva, “La Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires” decidió hacer propia la grave inquietud expresada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), respecto de las efectos negativos constatados tras cuatro meses de vigencia del estado de emergencia provincial en materia seguridad, tanto en lo que respecta al aumento y la situación en que se encuentra la población penitenciaria bonaerense, incluido el alojamiento de presos en comisarías y dependencia policiales, en desconocimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Verbitsky”, cuanto en el agravamiento de las situaciones de violencia institucional.
Asamblea ordinaria y renovación de autoridades de la Comisión Directiva de la Red
