“Los Estados Partes condenan todas las
formas de violencia contra la mujer y
convienen en adoptar, por todos los medios
apropiados y sin dilaciones,
políticas orientadas a prevenir,
sancionar y erradicar dicha violencia…”
(Convención de Belém do Pará)
Afianzar la Justicia
PARA GARANTIZAR LA ELIMINACIÓN DE TODA FORMA DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
Frente a las controversiales expresiones vertidas desde distintos ámbitos sectoriales, sociales e institucionales, tras conocerse el fallo en el caso Lucía Pérez, La Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires quiere expresar:
1°) Que tras la realización del juicio oral y el dictado de la sentencia por parte del Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Mar del Plata, se produjeron una serie de hechos –desde el escrache a la defensora oficial de los imputados, Dra. María Laura Solari, hasta las agresiones y el pedido de juicio político a los jueces, Dres. Aldo D. Carnevale, Juan Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas– y, a la vez, se dieron a conocer varias declaraciones cruzadas, emitidas desde distintos ámbitos de la comunidad jurídica, que lejos de contribuir a la realización de los fines proclamados en la Convención de Belén do Pará (ley 24.632), sólo han logrado enfrentar a diferentes sectores y operadores forenses que deberían estar, ante todo, comprometidos en la defensa del estado de derecho.
2°) Que mientras las partes dedujeron sendos recursos ante el Tribunal de Casación Penal bonaerense, la vehemencia de algunas expresiones de protesta y repudio contra el contenido de la sentencia impugnada, así como las agraviantes descalificaciones hacia quienes cumplieron sus roles institucionales –tanto en el ejercicio de la defensa en juicio, como en la función jurisdiccional–, exceden de manera notoria el derecho a la crítica, afectando la independencia del Poder Judicial, como lo hemos puesto de manifiesto desde esta entidad (Jueces independientes para preservar la legalidad y la paz en la república)[1], en sintonía conceptual no sólo con el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial[2] y con la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata[3], sino también con un importante número de penalistas locales (Actitudes intemperantes por ciertos grupos minoritarios de la sociedad)[4] y, en fin, con los magistrados, funcionarios y empleados de todas las defensorías públicas[5], expresiones que acaban de ser replicadas por el sector sindical (La Defensa Corporativa de la Familia Judicial)[6], elevando el tenor de la polémica y marcando un verdadero in crescendo del conflicto en la justicia penal marplatense.
3°) Que ante el progresivo y perjudicial agravamiento de esta controversia, creemos –y así lo peticionamos a las autoridades, según lo dispuesto en los arts. 14, 18 y 33 de la Const. Nacional– que desde la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, al propio tiempo que se llame a la moderación a los exaltados, se debería convocar a una mesa de diálogo a todos los sectores relacionados con el funcionamiento de la administración de justicia para que, sin claudicar de sus legítimas convicciones sobre la materia, hagamos una contribución eficaz a la realización de los fines constitucionalmente enunciados en el Preámbulo, entre los que destaca el de afianzar la justicia.
4°) Que, por nuestra parte, ratificamos el firme compromiso de la judicatura penal bonaerense con la efectividad de las disposiciones de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), sin perjuicio de reiterar la necesidad de armonizarlas con el resto de los derechos y garantías constitucionales, sin renunciar a unos en favor de los otros, pues la perspectiva de género y la vigencia de los derechos humanos no son (ni deber ser) incompatibles en nuestro sistema de enjuiciamiento penal.
5°) Que en la plena convicción de que afianzar la justicia para garantizar la eliminación de toda forma de violencia contra la mujer, junto al resto de principios y derechos constitucionales, representa no sólo una exigible obligación jurídica, sino también un acuciante desafío para asegurar la vigencia del estado de derecho, reiteramos nuestra propuesta y disposición para que –a través de la vía del diálogo– se logre superar este contraproducente enfrentamiento entre los operadores forenses.
LA RED DE JUECES PENALES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
La Plata, 13 de diciembre de 2018.
Adriana L. Nanni María Claudia Castro
Presidente Vicepresidente
[1] Cfr. Fuente http://reddejueces.com/?p=6676
[2] Cfr. Fuerte repudio a los escraches contra los jueces tras el fallo en el caso Lucía Pérez. El Colegio de Magistrados y Funcionarios de Mar del Plata denunció públicamente su rechazo a los hechos de violencia y las amenazas contra los miembros del Poder Judicial. Llaman a expresas los disensos de manera pacífica.
Fuente: https://www.lacapitalmdp.com/fuerte-repudio-a-los-escraches-contra-los-jueces-tras-el-fallo-en-el-caso-lucia-perez/
[3] Cfr. Fuente: https://www.lacapitalmdp.com/invasion-de-carteles-apoyo-de-los-jueces-y-movidas-de-politicos/
[4] Cfr. Abogados penalistas exigieron el respeto a las decisiones judiciales. Lo hicieron tras las repercusiones que generó la sentencia del juicio por la muerte de Lucía Pérez. Advirtieron que reclamos violentos prevalecen a veces sobre las pruebas presentadas
Fuente: https://www.lacapitalmdp.com/abogados-penalistas-exigieron-el-respeto-a-las-decisiones-judiciales/
[5] Cfr. Repudian agresiones y escraches sufridos por defensores oficiales
Fuente: https://www.0223.com.ar/nota/2018-12-13-15-32-0-repudian-agresiones-y-escraches-sufridos-por-defensores-oficiales
[6] Cfr. Fuente: http://www.ajudicialmdp.org.ar/2016-04-13-12-22-35/noticias/2135-la-defensa-corporativa-de-la-familia-judicial.html
