Se cumplen 24 años desde la puesta en funcionamiento del procedimiento acusatorio en la provincia de Buenos Aires. El 28 de septiembre de 1998 comenzaron a funcionar en la provincia fiscalías, órganos de juicios y defensorías.
El modelo acusatorio que desde la década del 80 venía siendo el motor y el objetivo de diversos proyectos de modificaciones procesales a lo largo del país, se implementó en el territorio más grande y más poblado del país, luego de intensos trabajos de preparación, no exentos de dificultades y demoras. En algunos edificios las fiscalías comenzaron a funcionar en espacios ínfimos o en mesas con una computadora donde los fiscales trabajaban pegados unos a otros. Rápidamente se intentó readaptar edificios, logística, estructura y aprovechar al máximo los pocos medios con los que se contaba. Los juzgados y los tribunales comenzaban a trabajar en espacios que no habían sido adaptados, sin modelos anteriores, creando el sistema en la medida en que se avanzaba. La provincia se enfrentaba, así, a una nueva forma de gestionar los conflictos penales
Pasamos, así, de un proceso inquisitivo a otro de debate entre partes en la búsqueda de juicios más trasparentes, más eficientes, más justos. Fue un momento de cambio y de esperanza. Quizás pecamos de cierta ingenuidad, de creer que ese cambio iría más allá de un modelo de enjuiciamiento. Llegar a una sociedad más justa, evidentemente, no depende solamente de un cambio legal. La provincia sigue teniendo enormes deudas con su población: en cuanto a la administración de justicia, la atención de las víctimas, las condiciones de detención, la eficiencia en la persecución y juzgamiento, la disminución de la criminalidad. Pero ilusionarse con un cambio inmediato o milagroso no solo es inútil sino, además, frustrante. Sabemos que los procesos son largos, que implican marchas y contramarchas, significan esfuerzos, trabajo y dedicación. Si tenemos en cuenta que no hace muchos años se tomaban declaraciones indagatorias en comisaría; que todos los procedimientos eran escritos y cuasi secretos, que recaía en una sola persona el poder de investigar, allanar domicilios, ordenar detenciones, prisiones preventivas, dictar sentencias y disponer libertades; quizá podamos tomar conciencia del enorme paso que ha significado la inclusión del debate entre partes, la publicidad, la oralidad, la discusión. Se trata de valores que potenció el procedimiento iniciado aquella primavera de 1998 y a los que ya no se puede renunciar. El juicio por jurados es, sin dudas, el segundo hito más importante que la provincia asumió en ese proceso de cambio.
Ese proceso no es un resultado al que se llegó, sino un paso más para seguir alcanzando una administración de justicia eficiente y respetuosa de los derechos humanos que la sociedad espera y merece. Desde la Red de jueces, seguiremos luchando porque así sea.
