Se celebró con grán éxito de concurrencia e importantes conclusiones el I Congreso Provincial de Jueces en Mar del Plata

Se realizó en Mar del Plata el Primer Congreso Provincial de Magistrados de la Provincia de Buenos Aires, con la organización del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial y la asistencia de más de 400 participantes, entre ellos jueces de todos los fueros e instancias judiciales, así como fiscales, defensores, asesores y funcionarios letrados del Ministerio Público, y de todos las  departamentales bonaerenses.
A tan importante evento, el primero en su especie en la larga existencia del Colegio de Magistrados, asistieron en representación del Poder Ejecutivo provincial el vicegobernador, Dr. Daniel Salvador, y el ministro de Justicia, Dr. Gustavo Ferrari,  y en representación del Poder Judicial la presidente y el vicepresidentes de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Dres. Hilda Kogan y Eduardo J. Pettiggiani, así como el ministro Dr. Daniel Fernando Soria y el Procurador General, Dr. Julio A. Conte Grand.
En el acto de apertura, las primeras palabras fueron las del Presidente del Colegio de Magistrados, Dr. Rodrigo Cataldo, quien agradeció la presencia y el compromiso de todos los concurrentes en post de afianzar la justicia, al haberse reunido con el objetivo de mejorar -en cada uno de los fueros- la eficacia del sistema de administración de justicia, a la vez que resaltó la imperiosa necesidad de avanzar hacia la autarquía del Poder Judicial, herramienta indispensable para el funcionamiento de un estado verdaderamente republicano, con independencia y recíproca cooperación entre los poderes públicos.
Tras los discursos iniciales, de marcado tenor institucional, a cargo del ministro de justicia y de la presidente de la SCBA, los asistentes se reunieron en varias mesas comisiones de trabajo, en atención a la específica problemática de cada fuero. En lo relativo a la cuestión carcelaria bonaerense, donde expusieron dos integrantes de La Red de Jueces Penales, Dres. Ricardo Favarotto y Gabriel Bombini, se produjo un interesante y fecundo debate, llegándose (abreviadamente) a las siguientes conclusiones:
1) Si bien tiene un impacto relativo en la situación de colapso penitenciario, resulta necesario replantear, ante los demás poderes públicos, la conveniencia de mantener la normativa en materia de desfederalización de algunos delitos de estupefacientes, al no haberse acompañado de los recursos necesarios para lograr una persecución penal eficaz, ni haberse previsto las plazas carcelarias a tal efecto. Se propone la refederalización de las competencias jurisdiccionales transferidas o la readecuación legislativa que contemple la reducción punitiva proporcional a los diversos tipos de comportamientos prohibidos y, en especial, a los casos de personas en situación de vulnerabilidad. Cooptadas dentro del funcionamiento del mercado ilícito.
2) Se impone unificar, en la medida de lo posible y de los ámbitos de incumbencia respectivos de cada uno de los poderes públicos, la respuesta estatal frente a la criminalidad y el delito. En este sentido, se insta a contribuir a construir, en forme conjunta, una adecuada percepción ciudadana y mediática en relación a la crisis carcelaria actual y a la misión de la magistratura de limitar los excesos punitivos, haciendo cesar el hostigamiento político a los jueces del fuero penal.
3) Se insta a superar de manera coordinada, aunque siempre respetando las competencias propias de cada poder, los déficits en materia de tratamiento penitenciario y postpenitenciario, propendiendo a mejorar los procesos de reinserción social de los penados –con énfasis en las necesidades de atención integral de la salud, en particular, en el caso de los consumos problemáticos–, en cumplimiento de expresos mandatos constitucionales y, a la vez, como herramienta de reducción de la criminalidad.
4) Con relación a la violencia institucional en el ámbito carcelario, cuyas consecuencias generan no sólo agravios a los derechos humanos básicos, sino también un recrudecimiento de la violencia social, y en vista al prácticamente nulo porcentaje de eficacia investigativa y de sentencias en materia de delitos contra la libertad cometidos por funcionarios públicos, se insta a la adopción inmediata de protocolos de actuación específicos e integrales, en línea con los ya existentes en el ámbito nacional que incorporan al Protocolo de Estambul. En especial, las medidas de protección de víctimas y testigos en contextos de encierro.  A su vez, se insta a la pronta implementación de las fiscalías especializadas, creadas por ley, así como a la conformación y capacitación de equipos interdisciplinarios para la investigación y abordaje de este tipo de delitos.