Responsabilidad Penal Juvenil, alternativa a la prisión preventiva con fundamento en la situación de vulnerabilidad y la corta edad del menor

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Responsabilidad Penal Juvenil, alternativa a la prisión preventiva con fundamento en la situación de vulnerabilidad y la corta edad del menor

Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal ( Sala I) de Morón. Responsabilidad Penal Juvenil, alternativa a la prisión preventiva con fundamento en la situación de vulnerabilidad y la corta edad del menor.
La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal (Sala I) de Morón en la causa Nº 28.148, resolvió disponer como medida alternativa a la prisión preventiva que venía sufriendo el menor, su incorporación a una institución que cumpla con los parámetros propuestos por el grupo interdisciplinario que intervino en este proceso -vgr. Internación de día, tratamiento por adicciones, escolaridad y alimentación, bajo la tutela de un responsable que lo ingrese por la mañana y lo retire en las noches, con base en la corta edad y en la situación de vulnerabilidad del imputado.
Fallo completo:
“Morón, junio 23 de 2016.
AP (Ca. N° 28.148)
AUTOS Y VISTOS: El recurso de apelación interpuesto a fs. 14/18 por el señor Defensor Oficial del joven B. contra la decisión de la Sra. Juez de Garantías mediante la cual se convirtió en prisión preventiva la detención que venía sufriendo el nombrado en orden al delito de encubrimiento simple, y denegó los pedidos de sobreseimiento y excarcelación en favor del nombrado, manteniendo su alojamiento en el Centro de Recepción de Lomas de Zamora –todo ello documentado a través de las piezas glosadas a fs. 1/13, que dan cuenta de la audiencia celebrada al efecto-; y que fue concedido a fs. 19.
Y CONSIDERANDO:
Primero: El agravio de la defensa se centró en la improcedencia de imponer una medida cautelar a B., pues consideró que el delito imputado tiene como expectativa una sanción susceptible de ejecución condicional, que su asistido carece de condenas penales en el fuero minoril, y que demostró arraigo en la causa, todo lo que le permite obtener el beneficio excarcelatorio. Con cita de normativa aplicable a los niños en conflicto con la ley penal, adujo que el riesgo procesal no se encuentra presente, en tanto que tampoco pueden meritarse en su contra los reiterados expedientes donde resultaba ser inimputable en razón de su edad. Por último, sostuvo que los estudios periciales no han determinado que B. sea peligroso para la sociedad, pero que se encuentra en estado de vulnerabilidad desde temprana edad, y que el fracaso del Estado en brindarle el debido acceso a la salud y a la escolaridad no puede ser puesto en cabeza del niño, siendo negativa su permanencia dentro de un establecimiento de características cerradas. En síntesis, entendió que –en virtud de los informes vertidos por el CTA– debe tomar intervención el Servicio Zonal del Sistema de Promoción y Protección de Derechos para el trámite de una medida de abrigo ante el Juzgado de Familia local, y revocarse lo resuelto por la Señora Juez a quo, haciéndose lugar al pedido de excarcelación.
Segundo: Que conforme surge de la nota actuarial obrante a fs. 58, se dio cumplimiento con la audiencia normada por los arts. 43 y 60 de la Ley 13.634 y sus modificatorias. Que a partir de las particularidades que se verifican en los antecedentes de autos, a lo que se sumó la impresión causada por el joven imputado, como los pasajes que pudo exteriorizar en torno a su historia de vida y las razones que lo llevarían a ingresar recurrentemente en el sistema penal, es que se ordenó la celebración de una audiencia especializada e interdisciplinaria, sin quitarle protagonismo a las partes formales de este proceso. Fue entonces que, sin desconocer lo infrecuente de este tipo de abordaje, en una exégesis armónica de los artículos 105 del Código Procesal Penal y 60 de la ley 13.634, y procurando darle real vigencia a la disponibilidad de los derechos de los que es titular una persona en desarrollo –no solo los propios del derecho interno sino también los que desde diversas formas integran un bloque supranacional y universal-, y con el irrenunciable fin de encontrar la solución más adecuada al conflicto, es que se dispuso el acto en cuestión. Su necesidad, además, emergió de la especial naturaleza que las medidas de coerción tienen en caso de dirigirse a personas presuntamente autoras de delitos que al momento de la infracción posean menos de dieciocho años de edad, faena en la que se presenta necesaria la opinión del equipo técnico tratante como de sus representantes legales, desde que sin duda alguna constituyen una fuente de información muchas veces insustituible para definir cuál es el mejor camino que permita dar efectiva vigencia al art. 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño. En la suerte de audiencia oral celebrada (cfr. fs. 103/103 vta. y archivo de audio respectivo) se escucharon a los distintos actores del sistema penal juvenil y al padre del menor causante, quienes expusieron y alegaron sobre todo aquello que en base a su ciencia, función y relación –como en el caso del progenitor- pudieron aportar, lográndose la conformación de una cantidad de datos que de otro modo difícilmente hubiese podido obtenerse, y ello respetando ,la vigencia de los principios de celeridad, concentración de los actos y especialidad. Si bien no hay intención de reiterar en esta ocasión cada uno de los pasajes del acto en cuestión –para lo que en todo caso valgan los soportes en los que se registró-, puede por caso resumirse que hubo en las voces una palmaria coincidencia en los orígenes de la evidente problemática que atraviesa la vida de B., en las que el consumo de drogas y una posición vulnerable a infinidad de factores externos no se encuentra ausente. Es de destacar que a preguntas del Tribunal los operadores no describieron al imputado como líder de los grupos de pertenencia en los que pueda hallarse, más si como una persona vulnerable a la incidencia de otros, especialmente los que frecuenta en los lapsos temporales en los que reside en la casa de su madre –quien transitaría un estado de necesidad serio-. Y es así que habría desarrollado conductas de relevancia jurídico penal por el peso que ese factor externo tienen en su autodeterminación, aunque también se dejó en evidencia la presencia de una frecuente motivación nacida en la intención de acercarle a su madre bienes de valor para ayudarla en su subsistencia, aspecto éste último que destacaron como un dato que permite desarrollar un juicio favorable sobre la posible reinserción del causante en caso de alejarlo de los que impresionan como factores determinantes de sus acciones. No puede soslayarse que se contó con la presencia del padre del acusado, quien pudo transmitir una buena impresión, en tanto se mostró preocupado por la suerte de su hijo y respondió con solvencia sobre aspectos de su vida –forma de sustento, conformación de su actual familia, e inclusive las razones en las que justificó su ausencia- que lo muestran como un posible referente en un proceso de revisión de los actos que el menor sometido a proceso pueda encarar. Y a tal punto esto es así, que las profesionales convocadas destacaron como algo positivo el haber hallado en esta ocasión al padre, con quien en términos generales no habían logrado mayor contacto. Surgió en ese contexto que el padre tuvo incidencia en una internación que en miras a superar el ,abuso de estupefacientes transitó B. tiempo atrás, tratamiento que habría alcanzado sus metas, empero luego, al poco tiempo de ser externado, oportunidad en la que por su propia decisión habría vuelto a vivir con su madre, y ante la falta de un seguimiento ambulatorio de los progresos ni la presencia de una persona que opere como referente en ese delicado momento de transición, es que inmediatamente se lo encontró ingresando otra vez en el sistema penal – tratándose puntualmente de esta última causa-. Se hizo mención a los avances que se evidencian en el carácter, salud y modos de reflexión del acusado luego de estos meses de detención en un centro cerrado, pero también se expuso que en la actualidad ya no sería el lugar más adecuado para seguir el tratamiento –que incluye también su problema con las adicciones-, aunque se enfatizó en lo imperioso de encontrar un espacio adecuado para continuar con el control que opere a modo de forma de adaptación, aspecto sobre el que se insistió, desde que las profesionales encontraron en ese sentido el origen de los fracasos de las anteriores intervenciones. Como en las ocasiones anteriores en las que estuvo en contextos de encierro, los tratamientos brindados cesaron automáticamente con su egreso, la falta de contención fue decisiva para echar por tierra todo avance que pudo haberse alcanzado. Coincidieron también en que, ante la impresión causada por el padre, es positivo contar con su acompañamiento, empero si eso se diera sin un seguimiento serio de parte de una institución que opere como espacio de adaptación habría posibilidades ciertas de ver desandado el camino positivo que B. parece haber iniciado. Así es que, tras expresa petición de la defensa, y encontrando inclusive en el representante del Ministerio Público Fiscal la aceptación de que la forma de encierro actual puede que no sea la más adecuada, es que se mostró que un tratamiento ambulatorio en un centro que lo contenga durante el día –debería ser bajo tutela de un responsable, que en el caso se mostró al padre como el mejor exponente, para que lo lleve a la mañana y lo retire por la noche- y en el que se lo ,escolarice, se brinde tratamiento y la alimentación necesaria, sería la mejor opción para este caso en particular. Finalmente la Defensa, y en base al compromiso asumido en la audiencia, propuso a fs. 107/107vta. el ingreso del niño joven en la institución denominada El Reparo, bajo la modalidad de Hospital de día y escolaridad, con el acompañamiento del progenitor. Tras la vista de estilo el Sr. Agente Fiscal interviniente indicó que no posee impedimento en que se haga lugar a esa propuesta, ello supeditado al resultado favorable de la evaluación a realizarse.
Tercero: Es entonces que, llegado el momento de resolver, el Sr. Juez Dr. Grau dijo: Que analizadas que fueron las actuaciones que se tienen a la vista, lo que incluye a los autos principales solicitados al efecto, como también lo emergente de la audiencia que se mencionara en el punto precedente, y teniéndose en consideración la propuesta formulada por el señor Defensor Oficial en su presentación de fs. 107 entiendo nos encontramos en condiciones de ingresar en el estudio de la particular situación del joven B. y proveer una solución que pretende ser la más adecuada, en la que no se desatienda la especificidad de la materia ni el bien común, mensurando los derechos que parecen tener puntos de contacto entre sí, sin olvidar los aceptados fines del Derecho. Y es en ese sentido que en un juicio nutrido por las reglas de un diálogo racional no puede soslayarse que si bien la infracción que se le atribuye a B. posee una escala de pena que permite la excarcelación –siendo inclusive lo más probable que en caso de recaer condena esta sea de ejecución condicional-, resulta que el menor desde muy corta edad se ha visto involucrado con la ley penal, contando con 52 procesos anteriores (ver fs. 56/59vta. de la I.P.P. n° 10- 01-001983-16/01), y en cuanto estos pueden mostrar una tendencia a la trasgresión de normas básicas de conducta en sociedad que permiten traducirse razonablemente como indicadores de riesgo –quien no respeta la ley es muy posible que tampoco respete la orden judicial-, se impide considerar que la ,decisión de la Sra. Juez de Garantías del fuero de excepción posea características cercanas a la arbitrariedad. Sin embargo, los datos obtenidos en esta instancia de revisión vienen a demostrar que el imputado vivía en un total estado de vulnerabilidad y desprotección – tal lo sostenido por la defensa-, careciendo los integrantes del grupo de referencia en el que se encontraba de las condiciones indispensables para brindarle asistencia material y servirle de guía, y esto tampoco puede extirparse de un proceso reflexivo, máxime cuando es a esta altura donde se muestra la ocasión adecuada para el paso a un sistema más laxo de tratamiento. Viene al caso recordar que las Reglas de Brasilia sobre acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad, adoptadas por la Asamblea Plenaria de la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana, celebrada en esa ciudad los días 4, 5 y 6 de marzo de 2008, establecen que: “se consideran en condición de vulnerabilidad aquellas personas que, por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico”. De seguido, prevén que: “podrán constituir causas de vulnerabilidad, entre otras, las siguientes: la edad, la discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas o a minorías, la victimización, la migración y el desplazamiento interno, la pobreza, el género y la privación de libertad. La concreta determinación de las personas en condición de vulnerabilidad en cada país dependerá de sus características específicas, o incluso de su nivel de desarrollo social y económico”. Sobre esta base puede sostenerse que, a partir de los datos relevados en los distintos informes periciales practicados en la persona del menor y en su grupo familiar (primordialmente el de su madre), y en especial la valiosa información brindada por los operadores convocados a la audiencia especializada, se ponen a la luz las condiciones de adversidad en las que se inscribió la historia personal del causante desde su nacimiento, y se exhibe así claramente la situación ,de vulnerabilidad que fue colocando al menor – hoy de 16 años– en una posición más débil y con menos herramientas; estado de cosas que difícilmente pueda discutirse incide en el nivel de reproche, desde que si bien no lo elimina, lo muestra con un peso específico sensiblemente inferior al de una persona que tuvo el nivel de contención que todo niño merece y ejemplos de vida positivos que promuevan su desarrollo en un contexto de felicidad. Y es a partir de ello que aparece en escena la noción de prudencia, que si bien por definición pueda ser una virtud, es reclamada a los jueces en cada ocasión en la que se procura encontrar el punto medio de todas las cosas cuando de resolver conflictos se trata, y esa tarea merece –y hasta diría que impone- una detenida atención en la dimensión cognoscitiva que precede a la decisión, pues salvo por el imperio de alguna forma de azar, pueda encontrarse la solución justa si no se conoce con detalles los hechos propios del conflicto y aquellos factores que pudieron incidir en su realización, como también los pormenores de la realidad en la que se afianza el nacimiento de la voluntad trasgresora. Es entonces que, escuchada que fueron las partes, puede concluirse en la necesidad de hacer cesar la prisión preventiva en la modalidad elegida por la a quo, empero sin que ello implique ingresar en un espacio proclive a desatender las alertas que desde hace años el protagonista de este caso viene dando, lo que pueda traducirse en una medida menos gravosa, pero lejana a la simple excarcelación, pues en ese tipo de decisión es posible encontrar el común denominador de los fracasos de anteriores intervenciones. Tengo para mi que es preciso meritar los parámetros de utilización proporcional de los medios coercitivos para los menores de edad sometidos a proceso, siempre teniendo como norte la Convención sobre los Derechos del Niño- texto integrante de la Const. Nacional, conf. art. 75 inc 22- que prescribe que la detención de un niño se llevará a cabo conforme con la ley, tan solo como medida de último recurso y por el período más breve (art. 37 inc. b) y que el Estado deberá velar porque ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente; en tanto que las Reglas de Beijing –art. 13-, y las Reglas de las ,Naciones Unidas para menores privados de libertad (arts 17 y 18), también establecen la presunción de inocencia, limitando la prisión preventiva a circunstancias excepcionales; y es en ese sentido que las especiales y atendibles realidades que se tienen por probadas conllevan la difícil tarea de encontrar en la decisión un lugar donde se aseguren los fines del proceso –por caso bajo la fortuna de los riesgos procesales aún vigentes-, y la obligación irrenunciable de los Estados de proveer todo lo posible para garantizar los derechos de los ciudadanos, que en el supuesto de autos se acrecienta por tratarse el acusado de una persona menor de edad, lo que muestra como adecuado y razonable la continuidad de un tratamiento interdisciplinario que intente entregarle a éste la oportunidad de ingresar a la mayoría de edad en las mejores condiciones posibles, aquellas que le permitan completarse como una persona de bien, fin que no parece alcanzarse con la frecuente desatención que –posiblemente por un estudio meramente dogmático de los casos- se suele ver luego de la orden de libertad o el ingreso en alguna forma menos rigurosa de aseguramiento –vgr. Arrestos domiciliarios sin control, derivaciones a organismos que no pueden contener el conflicto, y demás-. Viene al caso decir que la proporcionalidad de la que el fuero juvenil suele hacer gala, no deriva en un permiso propio de lo indefinido, sino que ingresa en el elenco de las metas que deben intentarse en los procesos de reflexión previos a toda decisión que pretenda ser justa, y especialmente cuando en la labor se autoriza una cuota de discrecionalidad. Así, la noción apuntada opera también como límite a la libre creación pretoriana en tanto puede dejar en evidencia una inconsistencia en la necesaria adecuación de medios a fines. Y esto deviene en el caso como algo medular. Si hay una característica que puede desde la técnica jurídica diferenciar al proceso de mayores con el del fuero de la responsabilidad penal juve
nil es que a éste último se le entrega mayores facultades discrecionales (vgr. art 4 ley 22.278 y artículo 6.1 de las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de justicia de menores ), las que hallan su génesis en la ,diversidad de posibles abordajes de un caso donde se encuentre vinculado una persona en desarrollo –como el abanico de necesidades de éstos-, pues la necesaria conjugación de la reacción del Estado ante la ofensa y el derecho del niño –por ejemplo a desarrollarse en el mejor de los marcos posibles-, no parece permitir que todo juicio se agote en un marco reglado, pues éste difícilmente pueda contener todas las realidades posibles. Pero esa facultad –la discrecional-, muchas veces necesaria, no puede transformarse en una patente de corso, pues si bien “…no es exagerado afirmar que la discrecionalidad jurídica es uno de los conceptos que mayor atención e interés despiertan entre los juristas, a pesar de ser, o precisamente por ello, un concepto especialmente complejo, oscuro y equívoco…” (Lifante Vidal, Isabel, Dos conceptos de discrecionalidad jurídica, cuadernos de Filosofía del Derecho, Departamento de Filosofía del Derecho, Universidad de Alicante, 1989, pág. 5), puede afirmarse que, ante la pregunta sobre ¿en qué consiste la discrecionalidad?, se concluya en que la misma viene dada por la existencia de varias soluciones igualmente válidas para el Derecho, entre las cuales el órgano decisor tendría que elegir. La discrecionalidad es así concebida como el poder o la facultad de elegir entre dos o más cursos de acción, cada uno de los cuales es concebido como permisible por el sistema de referencia del que se trate; en nuestro caso, el Derecho (Cfr. Op. Cit. Lifante Vidal, pág. 13). Podemos ver entonces, en un intento de enmarcar la idea de proporcionalidad, y más aún cuando esta supera cualquier marco reglado, que ésta surgió en el Derecho alemán ante la necesidad de abordar un conflicto clásico en el sistema penal, consistente en la intención de adecuar las penas en forma proporcional a la gravedad del delito cometido, y su origen se remonta al concepto clásico del derecho penal conocido como <prohibición de exceso>, que se remonta a su vez a la jurisprudencia del Tribunal Superior de lo ContenciosoAdministrativo de Prusia (1875-1941). (cfr. Sapag, Mariano A., “El principio de proporcionalidad y de razonabilidad como límite constitucional al poder del Estado: un estudio comparado”, ISSN 0120-8942, 2008, pág. 170). ,Vemos en el derecho comparado que el Tribunal Constitucional alemán reconoció expresamente en 1968 que la «prohibición de exceso» (Übermafíverbot) y el «principio de proporcionalidad» (VerhaltnismaJigkeitsprinzip) son reglas generales aplicables en todos los ámbitos de la actividad estatal, cuyo rango constitucional deriva del principio constitucional de Estado de Derecho, del que aquellas reglas se deducen. Y resulta de singular importancia tener en cuenta que durante este período de evolución científica el «principio de proporcionalidad» fue inicialmente integrado en el ámbito del Derecho Administrativo, lo que parecía entonces justificado por su clara vinculación con la teoría de los fines del Estado. Posteriormente, tras la aprobación de la Ley Fundamental, algunos autores defendieron la necesidad de reconocer rango constitucional a dicho principio, como finalmente sucedió. La relevancia de esta evolución y de las aportaciones científicas realizadas durante el mismo han llevado a afirmar que este proceso constituye «la mayor contribución al Derecho Público que ha tenido lugar después de 1945>. Cfr. Kluth, Winfried “Prohibición de exceso y principio de proporcionalidad en Derecho Alemán”, Cuadernos de Derecho Público, 1998, Número 5, España, pág. 219/220. Esa doctrina sostiene que la máxima proporcionalidad se da en el supuesto de verse superados tres subprincipios, consistentes estos en la idoneidad o adecuación de la medida; la necesidad o indispensabilidad de ella, y finalmente la proporcionalidad en sentido estricto. En el derecho anglosajón podemos ver similares tareas al analizar la razonabilidad, por lo que para algunos serían sinónimos. Desde estos postulados, los que fueron excesivamente resumidos, surge la existencia, si se quiere, de un posible método para analizar la razonabilidad –o proporcionalidad- de toda norma, decisión, o sentencia judicial. De allí que, en caso de ingresarse en terreno de lo discrecional, proceda el uso de la intelectualidad tomando como referencia el principio –de proporcionalidad o razonabilidad-, ensayándose su adecuación -o no- a los subprincipios aludidos, graficándolos en preguntas hipotéticas que los contengan, coronándose con la comprobación del respeto del contenido esencial de los derechos (artículo 28 de la Constitución Nacional). Y así podemos encontrar en la doctrina que, en caso de darse puntos de contacto entre derechos la solución pasa por determinar, usando la lógica de lo razonable, cual se encuentra presente en el caso concreto y cual no, o si existen en parte uno y en parte otro, o si ninguno de los litigantes tiene razón. “…Se trata, pues, de encontrar el ius del caso, lo justo entre las contrapuestas pretensiones de los justiciables (…) Y, una vez encontrado lo justo, se trata entonces de tutelarlo de modo efectivo…” (cfr. Cianciardo, Juan “la interpretación en la era del neoconstitucionalismo –una aproximación interdisciplinaria-”, Editorial Abaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires, pág. 178.). Es así que un detenido análisis de todos los elementos de convicción con los que se cuenta en esta causa permiten a esta altura otorgarle cierta certeza a lo desproporcionado –e irrazonable- que pueda ser la mantención del encierro de B., pues si bien la medida dictada por la Sra. Juez de Garantías del Joven pueda ser aún hoy idónea para los fines perseguidos, e inclusive necesaria, no podríamos decir seriamente que a la fecha es indispensable, y menos aún proporcionada en sentido estricto –recordemos aquí la infracción que en el marco de este proceso se le atribuye-. Empero si puede superar todos esos interrogantes, una medida que tienda a asegurar que la causa pueda continúe y a su vez mantener vigente la directriz a partir de la cual viene aceptado que los jóvenes en conflicto con la ley deben ser tratados de manera acorde con el sentido de la dignidad y el valor, fortaleciendo el respeto del niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros y en la que se tenga en cuenta la edad del niño y la importancia de promover la reintegración del niño y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad (artículo 40 de la Convención de los Derechos del Niño). ,Vemos así que no solo la adecuación de medios a fines, lo necesario e indispensable, y lo proporcional, más el respeto del contenido esencial de los derechos, pueden encontrar en una medida menos gravosa una conclusión adecuada a la realidad ventilada, sino que a partir de ella también mantendría vigencia el intento real de no desatender el desarrollo del menor acorde a su edad, lo que reclama en este caso concreto una actitud proactiva de la jurisdicción. A partir de todo ello, y considerando especialmente lo propuesto por los operadores ante esta instancia, es que propongo al acuerdo hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la Defensa Oficial, y disponer como medida alternativa de la prisión preventiva (artículo 44 de la ley 13.634, y 159 y 163 del C.P.P.), la incorporación de B. en una institución que cumpla con los parámetros propuestos por el grupo interdisciplinario que intervino en este proceso –vgr. Internación de día, tratamiento por adicciones, escolaridad y alimentación, bajo la tutela de un responsable que lo ingrese por la mañana y lo retire en la noche-, que opere como marco en el que se continúe con el tratamiento que se le brinda, y como parte de un proceso de adaptación a una futura excarcelación definitiva; y a su vez encomendar
a la Sra. Juez de Garantías del Joven arbitre los medios para que, al menos dos veces por semana, personal del Cuerpo Técnico Auxiliar –u otro organismo que estime adecuado- tome contacto con la institución, el imputado y el responsable, y constate el efectivo cumplimiento de la medida en la forma pautada, como su evolución y contención en el domicilio que fije; y además se lleve adelante –por ante la instancia de origen- un control mensual de la medida de coerción bajo la modalidad celebrada en este Tribunal –audiencia especializada e interdisciplinaria- en la que se analice progresivamente su necesidad. Corresponde también destacar la labor de la Sra. Asesora de Menores e Incapaces, e instar que continúe con el seguimiento de los procesos que en relación al grupo familiar del causante informó se encontraban en trámite, ,y que dentro de los límites de su función haga saber a la Magistrada Garante todo cuanto pueda resultarle de interés en el marco del objeto procesal.

Los Sres Jueces Doctores Fernando Bellido y Aldo Acosta Argañaraz dijeron: Que por compartir los fundamentos expuestos por el Dr. Grau y sus conclusiones, a los que adhieren, votan en el mismo sentido.
Cuarto: Teniendo en cuenta que en el marco de la audiencia celebrada a tenor de lo normado en los artículos 105 del C.P.P y 60 de la ley 13.634, se exteriorizaron sucesos que pueden dar lugar a la acción pública, como ser la indicación de que la madre del imputado promovería el ejercicio de la prostitución de una de sus hijas, y que inclusive ésta desatendería a un hijo de pocos años de vida, es que –más allá de la nota que pudo haber tomado de ello el representante del Ministerio Público Fiscal que estuvo presente en el acto- se impone la formalización de la comunicación de estilo al titular de la acción pública Dptal. a los fines de iniciar la correspondiente investigación (artículo 287 del C.P.P.). Por todo lo expuesto, y citas legales que contiene, este Tribunal RESUELVE:
I.-) HACER LUGAR PARCIALMENTE AL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR LA DEFENSA OFICIAL del menor B. a fs. 14/19 contra el auto de fs. 1/13 que convirtió en prisión preventiva la actual detención que venía sufriendo el nombrado en orden al delito de encubrimiento simple y denegó los pedidos de sobreseimiento y excarcelación, y en su consecuencia disponer como medida alternativa de la prisión preventiva (artículo 44 de la ley 13.634, y 159 y 163 del C.P.P.), la incorporación de B. en una institución que cumpla con los parámetros propuestos por el grupo interdisciplinario que intervino en este proceso –vgr. Internación de día, tratamiento por adicciones, escolaridad y alimentación, bajo la tutela de un responsable que lo ingrese por la mañana y lo retire en las noches-, que opere como marco en el que se continúe con el tratamiento que se le brinda, y como parte de un proceso de adaptación a una futura excarcelación definitiva. Sin ,costas (arts. 42, 43, 44, 60 de la ley 13.634; 159, 163 146, 148, 157, 530 y 532 del C.P.P., 3 y 40 de la C.D.N, y cctes.).
II.-) ENCOMENDAR A LA SRA. JUEZ DE GARANTÍAS DEL JOVEN que arbitre los medios para que, al menos dos veces por semana, personal del Cuerpo Técnico Auxiliar –u otro organismo que estime adecuadotome contacto con la institución, el imputado y el responsable, y constate el efectivo cumplimiento de la medida en la forma pautada, como su evolución y contención en el domicilio que fije; Y HACERLE SABER a la Sra. Juez a quo que deberá llevar adelante un control mensual de la medida de coerción mediante una audiencia especializada e interdisciplinaria en la que se analice progresivamente su necesidad.
III.-) DESTACAR LA LABOR DE LA SRA. ASESORA DE MENORES E INCAPACES, E INSTAR QUE CONTINÚE CON EL SEGUIMIENTO de los procesos que en relación al grupo familiar del causante informó se encontraban en trámite, y que dentro de los límites de su función haga saber a la Sra. Juez de Garantías todo cuanto pueda resultarle de interés en el marco del objeto procesal.
IV.-) COMUNICAR AL SR. FISCAL GENERAL DEPARTAMENTAL, a los fines que estime corresponder, que en el marco de la audiencia celebrada a tenor de lo normado en los artículos 105 del C.P.P y 60 de la ley 13.634, se exteriorizaron sucesos que pueden dar lugar a la acción pública, como ser la indicación de que la madre del imputado promovería el ejercicio de la prostitución de una de sus hijas, y que inclusive ésta desatendería a un hijo de pocos años de vida (artículo 287 del C.P.P.).
Regístrese y devuélvase esta incidencia junto a sus agregados al Juzgado que los elevó, quedando a cargo del a quo las notificaciones de estilo, sirviendo la presente de atenta nota de envío.
FDO. DRES. GRAU-BELLIDOACOSTA ARGAÑARAZ
JUECES DE CAMARA
ANTE MI. DRA. GOMEZ SECRETARIA

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