Las cárceles, asignatura pendiente

«…¿Cómo es posible plantear seriamente que se pretende luchar contra el narcotráfico si no se lo puede erradicar en una cárcel de máxima seguridad? ¿Se puede luchar contra los actos de corrupción si ni siquiera se plantea un modelo eficiente para que no los cometan un puñado de funcionarios a cargo de una cárcel?…»
Artículo del Dr. Fernando Vallone (*)    
extraído de http://www.lanacion.com.ar/1888711-las-carceles-asignatura-pendiente
Si en una cárcel, donde debe existir el control estatal absoluto sobre una pequeña porción de la población, el Estado no puede satisfacer los estándares mínimos que debería asegurar una democracia constitucional, qué queda entonces para toda la Nación.
En ese tipo de instituciones totales, los funcionarios públicos involucrados (penitenciarios, representantes del Poder Ejecutivo y jueces) deben armonizar el absoluto respeto de los derechos humanos de las personas detenidas, el cumplimiento del objetivo legal de resocialización del preso y la seguridad.
Sin embargo, en esa ínfima representación social sobre la que debe gobernar el Estado, con un presupuesto adecuado que lo libera de excusas económicas, se presentan todos los vicios que se reproducen, a mayor escala, en la Nación: corrupción, arbitrariedades, vulneración de derechos, narcotráfico, malas condiciones edilicias, fallas de sistema de salud, inseguridad, delegación del poder.
El papa Francisco destacó recientemente, en una visita a una cárcel de Ciudad Juárez, en México, que «las cárceles son un síntoma de cómo estamos en sociedad, son un síntoma en muchos casos de silencios y omisiones que han provocado una cultura del descarte».
Estos indicios interpelan al Estado y a la sociedad. Los interrogantes pueden ser varios. ¿Cómo es posible plantear seriamente que se pretende luchar contra el narcotráfico si no se lo puede erradicar en una cárcel de máxima seguridad? ¿Se puede luchar contra los actos de corrupción si ni siquiera se plantea un modelo eficiente para que no los cometan un puñado de funcionarios a cargo de una cárcel?
Por otra parte, ¿es factible el ejercicio de un poder de policía respetuoso de los derechos humanos si el Estado no ha encontrado la forma de ponerles límites a quiénes tienen que ejercerlo en una prisión? ¿Es posible que el Estado cumpla con sus diversos y complejos objetivos si bajo su monopolio absoluto en una prisión no puede satisfacer la meta de la resocialización? ¿Se pueden aplicar políticas públicas de salud eficientes si, pese a no tener dificultades presupuestarias, no es factible lograrlo en una población cautiva de diez mil personas?
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La instauración de un modelo eficiente de un Estado constitucional de derecho, entendido como uno que tenga por norte la efectiva vigencia de los derechos humanos de toda la población, encuentra una metáfora interesante en las prisiones. Allí, donde el Estado es protagonista, es prioritario hallar un política radical para revertir aquellos vicios. Acciones anticorrupción, de prevención de adicciones, de seguridad respetuosa de los derechos humanos, de educación, de salud y de trabajo, encuentran, bajo su dominio absoluto, un fértil campo de examen.
La detección y el diagnóstico de los problemas son fundamentales. Luego, la planificación y la ejecución de políticas públicas para resolverlos. Entonces aparece un plus todavía más interesante: aplicar políticas eficientes en las cárceles, a su vez, requiere algo del cuerpo social. Se necesita una sociedad madura que comprenda que las personas detenidas gozan de todos los derechos. Aun aquellos que haya incurrido en crímenes graves no pierden su calidad de personas y el Estado debe satisfacer sus derechos. Sin aceptación o promoción de la sociedad, los actores políticos suelen ser reticentes a movilizarse.
Ese estándar de madurez social, que debe existir para que se resuelva el problema carcelario también es trasladable, con diferentes premisas, a otros ámbitos.
Las exigencias sociales calibran las acciones políticas en todas las materias. Y la calidad en las demandas sociales, que arriban a través de un mayor discernimiento y sensibilidad, promueven un gobierno mejor. Por ejemplo, la sociedad no debería permanecer indiferente cuando se recortan políticas de educación para promover espectáculos deportivos. Es necesario que perciba que no es razonable que se reprima con saña una protesta social si el Estado tiene mecanismos más razonables para encauzarla. Tampoco puede permanecer callada si se le presenta una lucha contra el narcotráfico que persigue consumidores y omite acciones de prevención y ayuda al adicto. O que acepte una política criminal que persiga a bandas de piratas del asfalto desperdigadas y no se desbarate el desarmadero al que éstas siempre recurren. Los ejemplos, bajo el mismo denominador, pueden ser varios, y en materias muy distintas.
La cuestión carcelaria presenta muchos desafíos. Y mientras no se la resuelva será síntoma de un Estado deficiente. Pero el problema es mucho más interesante por la segunda arista que expone y que, como en otras asignaturas públicas, involucra a la conciencia social.
Se interpela a la sociedad en su fibra más sensible: reconocer que debe seguir madurando para obtener el mejor gobierno posible en pos de un ansiado Estado constitucional de derecho.
El Dr. Fernando Vallone es Coordinador del área de investigación de lacorrupción en las fuerzas de seguridad de la Procuraduría de Violencia Institucional