De «Tiempo Argentino» del 26 de marzo 2013.
En una semana donde tendrá un gran protagonismo por ser una de las convocantes al encuentro Justicia Legítima, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, recibió a Tiempo Argentino para anticipar su visión sobre el proceso de democratización de la justicia. Durante una extensa entrevista, repitió que se debe corregir lo que denominó como una «matriz autoritaria» que hoy está por detrás del Poder Judicial. Capacitación de los jueces, renovación periódica de los cargos y cambios en el manejo presupuestario son algunos de los temas que puso sobre la mesa. Crítica con la actitud que ha llevado adelante la Corte Suprema, puso el foco en los cuestionamientos en torno a la Cámara Civil y Comercial que está tratando la Ley de Medios, y sostuvo que estaría de acuerdo en una norma que limitara la duración de las medidas cautelares.
–Entre los temas a discutir en la convocatoria Justicia Legítima figura la búsqueda de independencia del Poder Judicial, tanto interna como externa. ¿A qué se refiere?
–Hay una dinámica que a pesar de estos 30 años de estabilidad democrática aún no ha sido desterrada. Eso hace que el Poder Judicial siga siendo un sistema cerrado, alejado de la comunidad y lo hace permeable y cercano a todas las influencias de sectores de poder. Ese es uno de los puntos principales de debate: quebrar esta forma de funcionar que nada tiene que ver con los intereses de la sociedad. Tiene que ver con lo que pasa en la oscuridad de los pasillos. Con el toma y daca del poder. No tenemos una justicia que sea un servicio a la comunidad.
–¿Quién está detrás de mantener ese funcionamiento?
–Hay redes corporativas y detrás hay grupos de intereses que son los que han tenido un poder hegemónico. Se ha limitado en otros ámbitos, pero dentro del sistema judicial sigue en pleno funcionamiento. Por eso todos salimos a decir «no compartimos esto». Porque termina siendo un sistema que beneficia a los sectores más aventajados del poder.
–¿De qué diagnóstico se parte?
–El Poder Judicial ha tenido siempre una función legitimadora de las grandes inequidades como han sido las dictaduras, o los vaciamientos del Estado en la época liberal. Si bien la democracia transforma las instituciones, creo que la justicia es la que menos se ha transformado y sigue teniendo una matriz autoritaria que se ve exacerbada en los últimos tiempos. Vemos un afán de centralizar las decisiones, de arrogarse una representación de todos los jueces que no se tiene, emitiendo comunicados donde todos nos hemos visto sorprendidos y realmente disgustados por afirmaciones con las que no estamos de acuerdo.
–¿Hace falta una autocrítica también por el apoyo a las dictaduras?
–El primer acto de sinceridad tendría que ser ese. Reconocer esa función legitimadora. Donde se ve cómo funciona la justicia es cuando se pone en riesgo ese sistema burocrático y autoritario que es el que viene desarrollando el Poder Judicial desde hace décadas.
–¿De qué manera puede ser corregida esa matriz?
–Echar luz. Debatir. Sacarla a la luz. Creo que es necesaria una profesionalización de los magistrados. Es llamativo que se dediquen a dar clases pero no a tomarlas. Se los puede ver en los posgrados, en las universidades donde se anidan los grupos de intereses. Esa promiscuidad se trasunta en el día a día de los pleitos, porque jueces y abogados terminan siendo amigos.
–¿Ese «echar luz» también está asociado a la rendición de gastos y del dinero que hoy maneja el Poder Judicial a través de la Corte Suprema?
–En estas reuniones preparativas de Justicia Legítima he escuchado mucha preocupación de los jueces por el manejo de los fondos del Poder Judicial; que está muy centralizado, con falta de transparencia y algunos han hablado de manejos prebendarios.
–¿Los fondos deberían ser administrados por el Consejo de la Magistratura?
–Sí. Pero debería tener una reforma porque es un organismo que por múltiples razones se ha trabado. No funciona para designaciones ni para las investigaciones. Hice graves denuncias contra magistrados de las que no he tenido ninguna noticia. Algo pasa adentro del Consejo que requiere agilizarse. Debe abrirse a la participación ciudadana y otras corporaciones que no sean la de los abogados porque es al ciudadano común al que le interesa que funcione bien y no sólo a los abogados. La participación de distintas extracciones va a asegurar mayor transparencia en el uso de los fondos.
–¿El problema es la integración?
–Son muchos los problemas. También tiene un funcionamiento corporativo. Hay consejeros magistrados que todo el mundo sabe que defienden a capa y espada a cualquier juez imputado sea cual fuere la acusación. No hay un afán de depurar. En el tema del Riachuelo, el juez (Luis) Armella fue designado por la Corte sin ninguna clase de controles. Todos sabíamos quién era Armella. Hizo lo que hizo y se sintió con colchón para hacerlo.
–¿De dónde vino esa protección?
–Viene de la corporación judicial. Si ese señor sigue firmando sentencias, ¿cómo puede tener credibilidad la justicia? Es una de las pruebas más evidentes de que este sistema no funciona porque no depura sus actos injustos ni a sus magistrados corruptos.
–Se pronunció a favor de que los jueces paguen Impuesto a las Ganancias. ¿Cómo debería implementarse, a través de una ley o a través de una acordada de la Corte?
–Debiera ser resuelto por una norma general. Si bien estoy de acuerdo con que paguen Ganancias, hay que atender el impacto a las familias que puedan percibir menos salario. Tal vez haya que pensar en una implementación que atienda a esos aspectos que son legítimos.
–¿Está de acuerdo con una iniciativa que limite por ley la duración de las medidas cautelares?
–Sí. Evidentemente hay un abuso de las medidas cautelares que coinciden con el objeto de la sentencia. Ese es el problema. Es delicado porque si ponemos un límite a la cautelar que no sea posible de cumplir, va a causar problemas. Tal vez habría que limitarlo en aquellos casos que menciono y hacer una categorización de distintos usos. No hay una respuesta unívoca.
–¿El atraso en las sentencias, sobre todo en algunos fueros, también forma parte del debate?
–El manejo de los tiempos atraviesa todas las instancias, incluso la Corte. Si hay algo que percibí es que había una tolerancia, una indolencia a los atrasos como si el ciudadano fuera un súbdito que debiera esperar que la majestad de la justicia se pronuncie cuando le vienen en gana.
–¿El acceso meritocrático debería ser implementado y extendido a todo el Poder Judicial?
–El acceso por concursos es una opción pero a mí no me parece que sea la única porque si bien pone un límite al nepotismo, a quebrar los mecanismos de padrinazgo y de la «familia judicial» tiene otro riesgo que es posible que la pirámide cultural y económica se traslade a los resultados. Yo he hecho muchos concursos para tomar personal y los exámenes los ganaban quienes habían ido al mejor colegio público o privado. Esa medida debe ser adicionada a otra como por ejemplo en la que estamos trabajando en el Ministerio Público para hacer un régimen de pasantías para egresados de universidades del Conurbano.
–¿Tiene expectativas de que las conclusiones que puedan surgir de Justicia Legítima tengan una aplicación real?
–Estamos en el despertar del quiebre del sistema corporativo y cómo se vaya dando es lo que estamos por ver. Para quebrar esta dinámica son necesarias no sólo reformas estructurales y presupuestarias, sino ir a aquellos mecanismos internos y oscuros que son propios de prácticas consuetudinarias. Esta forma de pensar la justicia sólo pude cambiar con una batalla cultural. Hoy, el sistema permite que los pleitos los gane quien tiene un mejor abogado y no quien tiene un mejor derecho.
–¿Está de acuerdo con la propuesta de renovación periódica de los cargos?
-Sí. Durante mucho tiempo pensé lo contrario: que el cargo vitalicio era una garantía de independencia. Pero la experiencia muestra que ese compromiso que se va teniendo con el poder fáctico se va haciendo más fuerte a medida que avanza la carrera judicial. Una de las formas de quebrar el lobby es poniéndole un límite al ejercicio de la magistratura.
–Ricardo Lorenzetti sostuvo que el Poder Judicial tiene independencia tanto de los poderes políticos como de los poderes fácticos…
–Me parece que esas son palabras que no se acompañan con los actos. Cuando toda la ciudadanía vio a los jueces de la Cámara Civil y Comercial que habían sido invitados por una fundación financiada por grupos de intereses, yo hubiera esperado que la justicia le garantizara a la ciudadanía que una causa relevante como la de la Ley de Medios fuera resuelta por jueces con probada neutralidad que generaran credibilidad. Esas conductas debieron haber motivado que ellos mismos se excusaran. Esos jueces no podían ser los que fallaran. Sin embargo, no lo hicieron y contaron con respaldo de la Corte para no hacerlo. Esto no revela que haya un compromiso de garantizar que el Poder Judicial sea independiente de los grupos concentrados y de los grupos económicos. Ahí es donde se debía mostrar la mayor neutralidad, ocurrió todo lo contrario. «
Santa Fe y la red del narcotráfico
–En el marco de las investigaciones por narcotráfico, ha mantenido reuniones con dirigentes de la provincia de Santa Fe. ¿Cuál es la situación actual de la provincia?
–Es una situación muy preocupante, donde se han desbordado los cauces, ya que hay redes y organizaciones que han demostrado tener un gran poderío territorial y social. Hay un caldo de cultivo muy preocupante donde han sido cooptados sectores de marginalidad por la gran disponibilidad económica, millonaria que tienen quienes organizan las redes de narcotráfico.
–¿Han detectado que esas redes tengan nexos con el poder político?
–La investigación está empezando. Tenemos nuestros fiscales en Rosario que están llevando a cabo la investigación. A veces las revelaciones van en contra de la investigación. No puedo dar más detalles. Las últimas medidas de la Procuración fueron la creación de las Procuradurías especializadas en delitos económicos (PROCELAC) y de investigación del narcotráfico (PROCUNAR).
–¿Se crearán nuevas unidades?
–El tema de las procuradurías tiene por finalidad adaptar las estructuras para enfatizar en aquellos ámbitos donde hay más demandas sociales. Donde son delitos de mayor peligrosidad con mayor impacto social. Pensamos crear algunas más. La que está en proyecto está relacionada con temas de violencia institucional. En particular con el control judicial del sistema penitenciario que es algo donde se advierte una mirada dual en la protección de los derechos humanos, que está ausente. Con indiferencia de la sociedad, es algo que no sólo tiene que ver con la dignidad de la persona, sino con lo que le vuelve a la sociedad luego de que alguien transita por el sistema carcelario. El sistema carcelario es una pieza fundamental de la administración de justicia. No debe ser un cuerpo extraño.
