Institucional

RESEÑA INSTITUCIONAL

La Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires se constituyó en Mar del Plata, el 17 y 18 de marzo de 2000, siendo una entidad que agrupa a magistrados y exmagistrados del fuero penal bonaerense comprometidos en la consecución de sus principios fundamentales: la defensa de la independencia del Poder Judicial, así como la protección y promoción de los derechos humanos en el sistema penal.

Si bien en la asamblea fundacional sólo participaron jueces de los tribunales orales en lo criminal, reunidos principalmente– en salvaguardia del sistema acusatorio ante las intimidantes expresiones del por entonces gobernador provincial y su prédica de mano dura, tiempo después (en la reunión plenaria del 20 y 21 de abril de 2007, en Mercedes) se decidió la apertura a todos los magistrados del fuero penal.

Durante la asamblea realizada en Morón el 13 de junio de 2008 se resolvió iniciar el trámite para la obtención de la personería jurídica, lo que se efectivizó el 11 de septiembre de 2008. Un sinnúmero de objeciones formales (incluida la que formuló el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, aduciendo superposición de objetivos estatutarios entre ambas entidades), así como de dilaciones injustificadas por parte de la autoridad administrativa encargada de expedirse acerca de la solicitud (retardos que motivaron no sólo la presentación de varios pedidos de pronto despacho, sino también la interposición de una acción de amparo por mora, favorablemente resuelta por el juzgado contencioso-administrativo interviniente), produjeron una demora superior a los siete años. Finalmente, el 30 de noviembre de 2015 la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, organismo dependiente del Ministerio de Justicia bonaerense, se expidió acordando la personalidad jurídica requerida, la que quedó inscripta en el folio n° 122189.

La Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires es una asociación civil sin fines de lucro. Según lo dispuesto por el estatuto societario, su finalidad esencial consiste en la creación de un ámbito para la reflexión, el análisis y la elaboración de propuestas tendientes a mejorar el funcionamiento del sistema de administración de justicia penal bonaerense, para que opere conforme a los principios fundamentales del estado democrático de derecho.

Para la consecución de ese objetivo, la institución proyecta:

  • Propiciar la constante formación y capacitación de la magistratura penal provincial, de manera de propender a la adecuación del sistema judicial al programa político-criminal establecido en las constituciones nacional y bonaerense, y a las exigencias del derecho internacional de los derechos humanos.

 

  • Desarrollar actividades públicas de información, discusión y esclarecimiento en defensa del modelo acusatorio, así como proyectar los instrumentos que fuesen necesarios para asegurar el efectivo respeto de todas las garantías y derechos sustanciales y formales del imputado, de la víctima y de la sociedad, sin desmedro de la búsqueda de soluciones reparatorias para los conflictos penales.

 

  • Trabajar mancomunadamente con los restantes poderes públicos provinciales, a partir del propio Poder Judicial, para hacer realidad los compromisos internacionales asumidos en materia penitenciaria, procurando minimizar los efectos negativos de la prisionización, en procura de garantizar el respeto de la dignidad humana y de los demás derechos de las personas encarceladas, procesadas o condenadas.

 

  • Impulsar los cambios normativos y reglamentarios que fueran necesarios hasta efectivizar, en todos los períodos del extenso proceso de selección de magistrados y funcionarios del Poder Judicial, la transparencia, motivabilidad y publicidad que caracterizan a los estados republicanos.

 

  • Propulsar desde cuanto foro académico, científico y/o de divulgación pública se disponga, la defensa inalienable de los principios que informan al ejercicio una judicatura independiente e imparcial, neutralizando las indebidas intromisiones e interferencias de los poderes formales e informales, así como las de cualquier grupo de presión.

 

  • Interactuar con asociaciones y entidades de la sociedad civil que persigan fines semejantes, incluyendo a las organizaciones no gubernamentales, que tengan como primordial interés no sólo la protección de los derechos humanos y de la calidad institucional, sino también la defensa de la judicatura republicana, velando para que imperen las condiciones que favorezcan el acceso de los más aptos para las funciones jurisdiccionales, a la vez que amparando el desarrollo independiente de la función judicial, a cuyo fin se organizarán eventos, reuniones académicas, jornadas científicas y encuentros de cooperación recíproca.

 

La Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires a lo largo de sus años de existencia, con aciertos y errores, ha venido trabajando en la consecución de tales finalidades, ratificando en cada documento o declaración, en cada reunión plenaria o asamblea, en cada actividad o evento, aquellos principios fundacionales. Si bien es cierto que algunas de esas manifestaciones públicas generaron significativas fricciones con el poder político de turno, no lo es menos que la entidad nunca renunció al diálogo en busca de superar los agudos conflictos que suelen plantearse entre la defensa del derecho y el ejercicio de la política.

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