Resumen de la intervención del Presidente de la Red, Dr. Mario Caputo, en la Jornada sobre Respuestas Institucionales:
Se agradece muchísimo la presencia a los expositores, así como al equipo de difusión del Colegio de Magistrados y Funcionarios provincial y a todos quienes
participaron en la organización de estas jornadas; en especial, a los funcionarios que ponen tanto de su escaso tiempo para el éxito del encuentro. Agradece a amigos y colegas, tanto del Colegio mencionado como de la Red de Jueces Penales Bonaerenses. Comenta que estas jornadas tuvieron su origen en una charla de café con Kevin Lehmann, en la que conversaban de la imagen que tiene la sociedad de los jueces y del Poder Judicial en general, creada en parte por los medios (no hubo feria no asueto, pero las personas piensan otra cosa). Lo que se busca, para confrontar esos discursos y clarificar la realidad, es que se tome a la Red y a las organizaciones de magistrados como fuente de información y conocimiento.
Propone cooperación entre los tres poderes para llevar adelante políticas tendientes a la resolución de los conflictos; trabajar con el Servicio Penitenciario para logra, especialmente, que no halla detenidos en comisaría (no son lugares de detención); que la policía realmente esté capacitada para intervenir en la prevención de conflictos.
El Poder Judicial no previene, sino que actúa para resolver los casos concretos, dispone detenciones y libertades cuando corresponde. El Poder Legislativo debe elaborar las leyes y aprobar el presupuesto; y el Poder Ejecutivo ejecutarlo en pos de las políticas planificadas. La víctima que históricamente ha sido relegada del proceso penal, debe ser escuchada. Tanto desde el Colegio como desde la Red se ha efectuado un aporte en ese sentido y esperan ser convocados para debatir el proyecto de la ley de víctimas.
Propone luchar por una sociedad más igualitaria, ya no patriarcal. Luchar contra el narcotráfico, pero no focalizado en los consumidores; la persecución del último eslabón, fungible, no sirve, no es eficaz para tal fin. Para ello se plantea como absolutamente necesario también la “des-desfederalización” del narcomenudeo, es decir, que esa materia vuelva a ser competencia de la justicia federal.
Luchar por una Justicia independiente. Para ello necesitamos la ley de autarquía, cuyo debate le solicita al Poder Legislativo provincial.
Estos son los puntos, a partir de los cuales, debemos seguir trabajando para tener una sociedad mejor, profundamente menos violenta»
Dr. Mario Caputo Presidente de la Red de Jueces, en su intervención en Jornadas de respuestas institucionales
Pablo Noel, Presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires:
Es muy importante para nuestro Colegio organizar esta actividad junto con el Red de Jueces Penales Bonaerenses con quienes nos une un lazo estrecho, a punto tal que su presidente, nuestro amigo Mario Caputo, es también Pte. del Colegio de la departamental de Quilmes y su vicepresidente Jorge López es un asociado muy activo de la departamental Lomas de Zamora.
Este es un encuentro plural: vamos a contar con las miradas de mujeres y hombres que ejercen distintos roles, con diferentes expectativas, aportes y demandas.
Estamos convencidos de que esto es relevante porque la pandemia que afecta a todo el planeta, llega a nuestro país en un momento en el que ya enfrentábamos situaciones críticas desde lo económico y lo social.
Hemos abierto este espacio para pensar juntas y juntos cómo podemos dar la respuesta más pacificadora y efectiva a nuestras conciudadanas y conciudadanos.
Desde el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires en este año excepcional hemos profundizado la actitud que sostuvimos a los largo de nuestros más de 50 años de vida: cooperar con todos los actores para defender los derechos y garantías de las y los bonaerenses.
Lo iniciamos trabajando para atender la sobrepoblación carcelaria, en coordinación con el Ejecutivo y la SCBA; activamos mecanismos de diálogo con las personas
detenidas para habilitar líneas de contacto con sus familias en este contexto de aislamiento y para desactivar focos de conflictividad en los penales provinciales;
incrementamos nuestras redes de comunicación con la sociedad ingresando en las redes sociales y ampliando el diálogo con el periodismo en cada una de las
localidades que integran los 19 departamentos judiciales y en los medios nacionales; trabajamos junto con las y los abogados para buscar soluciones a las dificultades de ejercer la profesión durante el ASPO; apoyamos la creación del Consejo Provincial de Víctimas; dialogamos permanentemente con las y los legisladores; trabajamos junto con las y los intendentes de toda la provincia; pusimos las cuestiones de Género en un lugar muy alto de nuestras prioridades, no solamente atendiendo las violencias que crecieron en esta crisis pandémica, sino que también poniendo el eje en la actuación judicial con perspectiva de género y, simbólicamente, marcando las efemérides patrias a partir de las mujeres que fueron protagonistas olvidadas de nuestra historia.
Pero lo más importante que hicimos fue responder al desafío de sostener el servicio de justicia sin tribunales, con restricción de personal, sin equipamiento y con expedientes que, en la mayoría de los casos, no podían trasladarse de forma física.
A lo largo de toda la pandemia las y los funcionarios y magistrados mantuvimos abiertos 1/3 de los órganos de manera presencial y pasamos de cero puestos de
teletrabajo a mediados de marzo a 19.000 que tenemos desde hace meses. Esto se hizo junto con la SCBA y la PG, pero cada trámite fue realizado en un celular o una
computadora personal; desplazando a las familias de un lugar de los departamentos y las casas para poder trabajar y sin límites horarios. Las estadísticas públicas de la
Suprema Corte y la Procuración General dan cuenta cabal de la magnitud de lo realizado.
No va a haber aplausos para esas mujeres y esos hombres, pero este Colegio no puede dejar de decir con orgullo que cuando la incertidumbre y el miedo amenazaron
la provincia, sus asociadas y asociados dieron un paso hacia delante y pusieron su cuerpo y su profesionalismo para que la parte del esfuerzo que les tocó no quedara
insatisfecha.
Ahora, es necesario que todas y todos hablemos y nos escuchemos porque esta crisis no terminó y nadie puede resolverla en soledad.
Kevin Lehmann
Esta jornada, y todas las demás que venimos realizando, no serían posibles si no contásemos con un equipo de funcionarias y funcionarios que le ponen el cuerpo. Ellas
y ellos sacan de su bolsillo el tiempo que no tienen y lo depositan en el de la sociedad, que es la beneficiaria final de las capacitaciones de los operadores judiciales y de los encuentros como estos. Nuestro funcionariado siempre está, siempre suma y siempre responde. Quiero expresarles mi admiración y agradecimiento.
Su nombre lo dice: el objetivo de esta reunión es pensar las respuestas institucionales para acompañar, pacificar y fortalecer a la sociedad en este año, tan difícil y tan
cargado de incertidumbre.
Los que estamos aquí sabemos que eso es lo que se espera de nosotros: ejercemos roles que tienen como punto de llegada pacificar y fortalecer. Podría decir
“empoderar”.
Creo que eso solamente es posible si asumimos que todas y todos trabajamos en la restricción y en la complejidad. Es decir, si renunciamos a levantarle el dedo a los
demás, ofendidos y exigiendo que satisfagan nuestras idealizaciones. Exigir lo que fantaseo que los demás deberían ser o hacer es activar frustración y convocar la
violencia.
Aquí estamos para mirarnos a los ojos, para decirnos lo que podemos hacer desde nuestros lugares y lo que necesitamos y esperamos de los demás. Para calificar la
conversación pública con datos, con contextos y con moderación. Moderación no es tibieza, es seriedad.
El Colegio de Magistrados y Funcionarios, durante todo este tiempo, está abriendo canales y espacios para escuchar y para dialogar. Porque sabemos que no podemos
solos, que nadie puede solo: tenemos que pedir ayuda para ayudar a nuestra sociedad.
Este no es un momento para especulaciones ni para las pequeñas miserias. Este es un momento histórico, de esos que nos miden, como personas y como instituciones.
Débora Galán
Inicia mencionando que su exposición nace de la experiencia atento a que la violencia de género y familiar es un tema que aborda desde su ONG trabajando en Moreno,
General Rodríguez, Luján y aledaños. Indica que el femicidio es la nueva pandemia.
En los primeros meses del aislamiento se incrementaron mucho los casos. Expresa que desde el Estado, el Poder Legislativo sancionó leyes de emergencia, el Ejecutivo
elaboró políticas públicas y el Judicial, cada departamento implementó líneas para denunciar. Menciona el trabajo realizado desde el Observatorio Diana Barrionuevo, en el que se estudian los tipos de violencia. Afirma que todas sufren violencia psicológica, física, sexual, económica. Uno de los tipos de violencia que más se intensificó es la violencia sexual intrafamiliar. Asimismo, se incrementaron los casos de privación ilegítima de la libertad durante el ASPO. También el aborto provocado por varones como consecuencia de lesiones o porque obligan a las mujeres a interrumpir el embarazo. Indica que el tipo de violencia más frecuente es la amenaza, que constituye violencia psicológica. Se incrementaron los casos de abuso sexual infantil, destacándose que durante la pandemia muchos pudieron ser detectados por las
madres. Manifiesta que hoy se puede denunciar. Concluye en que la prevención es fundamental y se debe trabajar desde los tres poderes del Estado, formando en lo que
constituye la ruta crítica, destacando la labor de los colegios, uniones y asociaciones por la formación en temas de género que vienen realizando.
Virginia Messi Comienza su alocución relatando que al comienzo de la pandemia la policía casi la lleva presa cuando paseaba a su perro. Afirma que le provoca temor la policía en tiempos de crisis, en los que se muda a formas autoritarias de represión. Manifiesta que los medios tienen la obligación de dar explicaciones a la gente que esto se soluciona con medidas de fondo. Expresa que ve al aparato represivo del Estado en una oportunidad única de avanzar sobre el ciudadano. Que nada nos tiene que convencer que eso es avalable, ni el miedo a que nos roben ni a ser contagiados.
Afirma que en un primer momento, marzo-abril, hubo un envalentonamiento de las fuerzas, pero el Estado y los medios avanzaron rápido. Indica que la segunda oleada, con los reclamos de la policía bonaerense, nos tiene que poner en alerta, se van a disparar los casos policiales. Que por eso debemos obrar en conjunto en armonía para no perder el equilibrio en un momento en el que lo más fácil es perder el equilibrio.
Que los medios cumplen un rol fundamental en el sentido no solo de las feak news sino que el periodista tiene que reflexionar, darse cuenta de la responsabilidad social
que tiene y tratar de explicar las razones más profundas de los fenómenos, para no echar más leña al fuego en una situación que viene mal y así seguirá, no solo por el
virus sino por la situación económica que se viene. Concluye sosteniendo que los periodistas deben explicar esa complejidad de la vida.
Sandra Paris
Hace hincapié en las vacantes en el Poder Judicial y su consecuente afectación al servicio de justicia. Indica que el trabajo del Consejo ha sido muy limitada. Destaca las vacantes existentes en la Justicia de Paz (17% de vacantes), los tribunales de trabajo
(un tercio está desintegrado) y las fiscalías (sucede lo mismo). Se pregunta si existe
voluntad política de solucionar este tema y si el gobierno tiene pensado enviar un
proyecto de presupuesto. Refiere que se debe permitir a los jueces cumplir con su
función. Finalmente indica que la provincia necesita una ley de víctimas, manifestando
que la víctima busca justicia y no eligió estar en este lugar.
Ricardo Favarotto
Inicia su exposición citando a Alberto Binder, quien plantea que en el principio era la
violencia. Indica que el sistema penal debe garantizar un sistema de límites al ejercicio
del poder punitivo. Afirma que el sistema penal ha sido concebido como un sistema de
gestión de los conflictos, pero no siempre los operadores judiciales tienen a su alcance
la posibilidad de solucionar el conflicto. Destaca las condiciones de infrahumanidad en
las que están nuestras cárceles, comisarías, institutos de menores. Cita a Ferrajoli
quien dice que la legitimidad de la actuación del sistema penal está dada siempre que
el conjunto de violencias que esté en condiciones de prevenir sea superior al conjunto
de violencias que el sistema no alcanza a prevenir. Indica que este teorema tiene
como finalidad evitar la violencia privada. La realidad de hoy, 2020, es que se
producen hechos de justicia por mano propia, linchamientos sociales ante la ausencia
de respuesta del Estado. Expresa que convivimos con distintas expresiones de la
violencia, con la violencia brutal del hombre contra el hombre de la que habla el
Leviatán.
Sergio Gago
Relató sucintamente los numerosos episodios de violencia producidos en la provincia,
particularmente en el conurbano y en el ámbito del Poder Judicial. Sostuvo que el
Colegio provincial, junto a todos sus integrantes, siempre estuvieron a la altura de las
circunstancias de esta situación excepcional de pandemia garantizando la tutela
efectiva y continua de los derechos de los bonaerenses. Indicó que magistrados,
magistradas, funcionarios y funcionarias nos encontramos frente a un enorme desafío,
el que aceptamos receptando la digitalización absoluta en un trabajo en conjunto con
la SCBA que en cada uno de sus informes pudo poner en números que el poder
judicial no está ni estuvo ni de feria ni de asueto. También destacó que fueron los
propios colegios, asociaciones y uniones y sus colegiados los que tuvieron que
solventar el costo de insumos de protección y la tecnología necesaria para poder
realizar el trabajo remoto. Refirió que con esto se demostró que la magistratura y la
función judicial está preparada para cualquier desafío. Finalmente sostuvo la
importancia de la autarquía económica y financiera del poder judicial, la mejora de las
estructuras edilicias, la cobertura de las vacantes, la protección del IPS como factores
necesarios para mejorar el servicio de justicia especialmente en esta época donde
podremos vislumbrar un aumento notable de la litigiosidad.
Lucia Iañez
Reseñó el trabajo que viene realizando la dirección a su cargo, especialmente en
temas de violencia de género, de abuso sexual infantil y de violencia institucional.
Sostuvo la necesidad de continuar un trabajo en conjunto de los tres poderes del
Estado y para esto indicó la necesidad de implementar redes de vinculación entre
todos los organismos y una articulación con el ministerio de las mujeres en temas de
violencia de género. Informó con preocupación un crecimiento de la violencia de
género en forma exponencial en el contexto del ASPO, alcanzando ya 223 el número
de femicidios. Sostuvo que una de las formas para erradicar la violencia es la
educación y la prevención: mujeres que se empoderen al conocer sus derechos y
hombres que revisen sus masculinidades en los cursos que se ofrecen desde la
Dirección. Expresó que para preservar el proceso judicial es necesario que en el
camino que empieza con la primer denuncia se preserve, se cuide y acompañe a la
víctima.
Juan Galarreta
Destacó que el Estado debe abordar el conflicto vinculado con la violencia desde la
educación formal a temprana edad. Indicó que el sistema penal debe ser la última
instancia y el castigo la última ratio. Resaltó la importancia que tienen los medios de
comunicación para disminuir el conflicto y la violencia, que por eso es tan importante
asegurar la libertad de prensa. Por último se refirió a los beneficios de haber
modernizado el poder judicial, a través del afianzamiento de la adversarialidad y la
oralidad, lo que genera beneficios para todas las partes, celeridad procesal y beneficio
para la sociedad en su conjunto.
Roberto Almeida
Como primera medida informó que están en proceso de regionalizar el Consejo de
Víctimas para tener mayor diálogo y vinculación con las víctimas. Sostuvo la
importancia de no descuidar la mirada de las víctimas porque son reveladoras de
muchas situaciones. Relató que el eje central de la pacificación es la figura de un buen
administrador, entendido como el Estado administrador que genere orden; orden que
genera tranquilidad; tranquilidad que genera paz.
Sostuvo que esto se logra a través de acciones y políticas públicas bien administradas
para la prevención del daño, de contención, de educación y trabajo y teniendo en
consideración que las estadísticas son personas. Sostuvo la importancia de la justicia
restaurativa para lograr una pacificación absoluta.
Carlos Mena
En primera persona y a partir de su experiencia vivida refirió la necesidad de la
inserción de las personas privadas de la libertad en la sociedad y la posibilidad de
acceder a la educación y la prevención a través de la enseñanza, los oficios y las
capacitaciones personales. Relato también la importancia de poner sobre la mesa en
discusión la violencia institucional que padecen los privados de la libertad en las
cárceles bonaerenses.
Destacó que la prevención está basada en oportunidades y afecto. Que invertir en eso
en los lugares marginados de la sociedad ahorra gastos en cárceles y dolor en la
sociedad.
Paulo Kablan
Comenzó su exposición mencionando que la imagen que la sociedad tiene del poder
judicial es totalmente injusta, que los medios de comunicación ayudan en esa imagen
deteriorada de la justicia porque a veces los comunicadores no informan todo lo que
surge de un expediente judicial sino lo que la sociedad quiere escuchar. A esto
denominó dictadura de la comunicación. Pero sostuvo que en esta época excepcional,
y donde la violencia se ha incrementado, la sociedad no pierde la fe en la justicia como
pacificadora y resolutoria de conflictos. Concluyó su exposición con un mensaje
esperanzador: “lo único que nos va a salvar en este país es la justicia”
Claudio Santagati
Mennciona que los dos paneles anteriores fueron muy ricos, que nos han hecho
reflexionar muchísimo. Agradece a Mario Caputo por este trabajo conjunto que han
hecho; y por este espacio creado para hablar de la pacificación y de la respuesta que
podemos ofrecer desde nuestros espacios. Agradece a sus compañeros de panel,
quienes rápidamente aceptaron la propuesta que se les hizo desde el Colegio y desde
la Red para este conversatorio, reconociéndonos simplemente como portadores de
diferentes puntos de vista sin verdades absolutas, y por eso poder abordar
conversaciones, que se han titulado ya como difíciles.
Para comenzar recordó el fallo “Velázquez Rodríguez c/ Honduras” de la CIDH, donde
dijo que es deber de los Estados parte de la convención garantizar el libre ejercicio de
los derechos reconocidos para toda persona; y que esta obligación implica el deber de
todos los Estado de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las
estructuras, a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, para
asegurar a toda persona el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos.
Se pregunta cómo hacer para llevar adelante ese mandato, en particular, en este
contexto de violencia. Señala que puede enfocársela desde tres puntos de vista.
Primero como todo aquello que se ejerce desde afuera, como un principio extrínseco y
sin que en nada contribuya aquél que padece la violencia. Lo violento está en que
nada consiente aquél que padece la violencia exterior. En segundo sentido, también
decimos que es violencia aquello que es contrario a la naturaleza de una cosa;
principalmente cuando impide que la persona sea como quiera ser, como decida ser,
de tal o cual manera, eso es también violencia. En un tercer sentido, se dice que es lo
contrario a la virtud de la Justicia. Cita aquí a Santo Tomás de Aquino, cuando dice
que la rapiña importa a la violencia como coacción en contra de la justicia porque se
despoja a alguien de lo que es suyo. Por lo tanto, podemos decir que, cuando
analizamos nuestro país y vemos la situación de pobreza, expresa en un sentido una
clase de rapiña que nos deposita en una situación también de violencia.
Teniendo en cuenta esto, podemos decir que la situación de violencia es compleja y
varían las significaciones; la violencia va contra la naturaleza de las cosas, contra lo
que cada uno quiere ser; o sea que, en consecuencia, va contra la sociedad misma,
en tanto impide la realización de cada uno, lo que es el origen y fin de la sociedad.
¿Cómo hacemos para lograr el cese, el castigo, la reparación, producto de esa
violencia, y en su caso, la posibilidad de una solución pacífica del conflicto y la
materialización de los derechos de la sociedad? Acá aparece el principio de garantizar
el acceso a la justicia y al derecho. Acceso a la justicia en sentido amplio, con un
modelo de abordaje sistémico, donde tenemos que dejar de lado el abordaje primitivo –
en cuanto se veía solamente como el acceso al tribunal-. No consiste sólo en remoción
de barreras que limitan su acceso, sino como un punto de entrecruzamiento de
muchos componentes y de muchas formas contextualmente construidas y
determinadas. O sea que lo que podemos decir es que el acceso a la justicia y al
derecho no es una categoría estrictamente jurídica, como lo dicen las 100 Reglas de
Brasilia, sino que involucran los núcleos mismo de reproducción del sistema
democrático y a su legitimación; bajo formas que podemos llamar “variable crítica”,
que establecen que el acceso a la justicia tenga que ver, como instrumento de
materialización del derecho y del Estado constitucional de Derecho en todos los
niveles, y en distintos roles, en los cuales el Estado está obligado como garante para
su ejercicio. Todo el Estado, municipal, provincial y nacional; que deben adaptar la
administración. De ahí que el acceso a la justicia puede ser considerada como una
variable crítica en cuanto a sus grados de manifestación, ya sea mayor o menor, como
resultado de la insuficiencia de los recursos que se asignan o como resultado de
políticas específicamente hechas para dificultar su acceso, caso en el que esta
variante se constituye en una variante de devaluación de la calidad democrática y del
modelo de gobernabilidad que expresa. Así lo que podemos decir es que acceso a la
justicia, calidad democrática, Estado Constitucional de Derecho y sistema judicial
forman parte de un entramado inseparable que podríamos decir, siguiendo a Ferrajoli,
un compacto pétreo, indisponible intangible, de la regla de la mayoría y que es la
condición para la gobernabilidad y, principalmente, para la sustentación del sistema
jurídico. El acceso a la justicia es un componente ineludible y crítico para la
gobernabilidad, como condición para la misma; y en cuanto mayor o menor grado
tenga, tendremos mayor o menor goce y acceso a los derechos a efectos de poder
bajar la conflictividad social.
Ahora esta cuestión lleva a considerar otras. Entender que te aporte algo innovativo,
desde este punto de vista, no es un formalismo jurídico de la academia, sino que hay
que reflexionarlo desde una aproximación multi-institucional. Este foro es una actividad
donde pensamos multi institucionalmente. Debemos hacerlo colocando en la categoría
social y jurídica al acceso a la justicia. Debemos hacerlo colocando a cada ciudadano,
con un análisis de la visibilización jurídica de aquellos grupos colectivos o sujetos que
abarquen también su condición, su género, su posición social, económica u otra
condición que afecte o merme su derecho (como la condición de víctima de la que
hablábamos). Para ello, no sólo necesitamos nuestro compromiso como operadores
judiciales, un cambio paradigmático de nuestras funciones como miembros del Poder
Judicial, sino que es necesario extremar los esfuerzos (ejemplo, antes de la pandemia,
teletrabajo tenías cero, ahora tenemos 30.000), tener contacto con la sociedad toda
(canales de comunicación), tener un trabajo con los demás poderes del mismo Estado
que nos lleve a acuerdos de colaboración mutua, de capacitación, de sensibilización
de los operadores de la administración, de todos los niveles, de los colegios, iglesias,
instituciones de bien público. Gran parte de este compromiso se da en el trabajo
asociativo en los territorios, es lo que tratamos de hacer con los colegios y uniones en
nuestros territorios, trabajos de integración con los municipios, con la provincia, etc.
También como damos, exigimos, Primero una reflexión en conjunto tendiente a la
mirada de abandonar esa mirada hacia nosotros como un servicio público, y un
avance hacia una concepción del Poder Judicial como poder del Estado en igualdad
de posición con los demás poderes, donde podamos discutir los problemas que nos
afectan para ello. Entre ellos nombramos tres: la gran diferencia salarial con otras
jurisdicciones (la pcia. de Bs As. es la nro. 23); el problema de las vacancias, que se
va a convertir en ausencia de justicia; y ausencia de autarquía que nos posiciona en
lugar de minusvalía en relación a los otros poderes.
Estas situaciones deben ser debatidas en estos espacios, este es el camino. Agradece
a los panelistas y amigos de estos, diciéndoles que siempre encontrarán de nuestra
parte el compromiso y el diálogo para la pacificación social, haremos la autocrítica que
tengamos que hacer y fomentaremos el diálogo interinstitucional para una mejora
sincera de un poder judicial concreto, el bonaerense, comprometido con esta realidad
de nuestra provincia, a la altura de las circunstancias y, sin el cual, no hay República.
Muchas gracias.
Miguel Fernández
Luego de agradecer a quienes lo convocaron, comenzó haciendo alusión al título
desafiante del panel y que trató de elaborar algunas ideas con la perspectiva de un
intendente del interior, de una ciudad de 55.000 habitantes. Señaló que antes de esta
pandemia teníamos otra, la pandemia de la violencia. A su vez, señaló la paralización
económica y social generada por la crisis sanitaria provocada por la pandemia actual;
y que ésta redujo la visión del mundo, provocó un cambio profundo en torno a lo
individual y a lo comunitario.
En esa línea mencionó también los problemas de salud mental de las personas que se
están observando, que se manifiestan en actitudes de rebeldía contra las normas de
aislamiento, intolerancia, etc. Todo ello plantea grandes dificultades para la
Administración de Justicia, las fuerzas de seguridad y restantes organismos del Estado
que deben acompañar y fortalecer a la comunidad. Los casos de violencia intrafamiliar
que recrudecieron en esta época y que estaban más ocultos al principio, comenzaron
a tener visibilidad y el Estado debió aportar otras herramientas, a las ya existentes,
para poder actuar en estos casos. Preocupa en particular, la violencia que sufren los
niños en sus casas por la falta de sociabilización que encuentran en la escuela como
ámbito natural.
Frente a este complejo escenario, cada municipio debió generar diferentes
dispositivos. Concretamente, en relación al Municipio de Trenque Lauquen que dirige,
destacó que se trabajó para reforzar, particularmente, los Servicios Locales para
atender la Niñez; la salud comunitaria, a través de un fuerte trabajo en territorio; y que
se encuentran trabajando de manera articulada con la Justicia y junto con la mesa de
violencia que ya se estaba conformada.
Afirmó que la situación va a pasar pero que nos va a dejar nuevos desafíos que
enfrentar. Ante ello se pregunta, ¿la salud mental de la sociedad cómo será? Nada
será igual, se responde. Citó un especialista en neurociencia, en cuanto a la fatiga
cognitiva como fenómeno que se observa y a la disociación entre la percepción del
riesgo y lo que realmente se ve.
Concluyó instando a continuar trabajando mancomunadamente para enfrentar todos
los desafíos que esta situación nos presenta.
Lisandro Pellegrini
Como Secretario de Política Criminal del ministerio de Justicia provincial, define a la
política criminal – precisamente – como una política pública central, por diversos
motivos, entre ellos por la cantidad de recursos que se requieren y por cómo afecta la
vida de las personas. Pero además, señala como particularidad, que a diferencia de
otras políticas que están monitoreadas y planificadas desde un único sector, en este
caso intervienen diferentes organismos y no sólo estatales sino también privados. En
ese sentido, indica que los municipios tienen una intervención y responsabilidad, por lo
que deben alinear sus recursos en coordinación con los provinciales de la manera más
inteligente y eficiente posible.
En relación a las cárceles bonaerenses, la Secretaría que dirige trabaja en constante
comunicación con la secretaría de Política Penitenciaria, por tratase de un trabajo muy
cercano al suyo. Desde el inicio mismo de la pandemia fueron muy conscientes del
enorme riesgo que implicaba la propagación del virus Covid-19 en el ámbito carcelario.
Por ello, debieron generar una enorme barrera sanitaria, a través de normas de
seguridad vinculadas al ingreso de detenidos. Esta situación tuvo como una
consecuencia no querida, el aumento de la población en comisarías, lo que genera
una enorme preocupación. Indicó que no se ha salido de la situación de alarma pero
que se han llevado a cabo obras de infraestructura penitenciaria que están permitiendo
descomprimir la situación en las comisarías, que no deben ser sitios de permanencia
de las personas privadas de libertad.
Por otra parte, informó que – a la fecha – hay 26 detenidos con Covid-19 positivo en
las cárceles de la Provincia de Bs.As. con lo cual, hasta el momento, la situación es
mejor de lo que se había esperado.
Señaló además, que debe actuarse con eficiencia e inteligencia a la hora de organizar
los recursos del Estado, en particular, en una provincia como ésta, que tiene una tasa
de encarcelamiento superior en un 70 % a la media del país. Sin embargo, observa
que la tasa de criminalidad no descendió; con lo cual se advierte una desvinculación
entre una tasa y otra.
Menciona en relación a la primera, que la sobrepoblación y hacinamiento produce
consecuencias muy negativas. Las cárceles bonaerenses hoy albergan más del doble
de población de lo que debería, lo que afecta el tratamiento que se le puede brindar a
la persona privada de libertad y las condiciones en las que recupera la libertad, en
tanto –por ejemplo- las actividades que deben ofrecer no llegan a todos los internos.
Aludió también a la medición como un déficit estructural de la provincia. Así indicó que,
en relación a la violencia de género, no puede determinarse qué porcentaje de
detenidos se vincula con ese tipo de conflicto en razón de que se estipula el delito por
el que se encuentra privado de libertad (amenazas, etc.), rótulo que puede camuflar la
situación de violencia de género que subyace.
Respecto a esa problemática manifestó también que el tratamiento que se debe
brindar al interno difiere del que comúnmente se realiza, mediante herramientas que
tienen que ver con la educación y el trabajo; en tanto hay que trabajar la masculinidad
hegemónica de la persona. Por ello, se creó el programa “Deconstruyendo
masculinidades”, al que pueden acceder, independientemente de las razones por las
que están detenidos.
En cuanto al acceso a justicia, la pandemia provocó una situación acuciante. Si bien
los parámetros relativos a los delitos contra la propiedad no recuperaron todavía la
tasa que tenían en marzo, no sucede lo mismo con los delitos relacionados a la
violencia de género. No se puede mirar para otro lado. En este momento, se deben
reforzar los roles de las instituciones.
Federico Otermín
Inició su exposición señalando que a la política y el Poder Judicial se les presenta un
gran desafío: trabajar para lograr una sociedad menos violenta, para lo cual debe
haber menos desigualdad. Con ese objetivo deben trabajar en forma conjunta los tres
poderes del Estado y la sociedad; y debemos hacer una autocrítica. Reducir los
niveles de desigualdad traerá numerosos efectos positivos en muchos ámbitos
diferentes.
Señaló, a su vez, que cualquier análisis que obvie considerar la incidencia de la
pandemia será errado; como por ejemplo en lo relativo al aumento del nivel de
violencia. El equipo de gobierno pudo gestionar recursos y administrarlos para
enfrentar de la mejor forma esta crisis. La situación epidemiológica en el conurbano
está estable y el número de casos está descendiendo lentamente.
Se refirió también a los números de la pobreza publicados recientemente y destacó
que no son sólo números, detrás de ellos hay personas, familiar, proyectos que se
truncan. Menciona el proyecto de ley que está tratando el Congreso, en relación a las
9.000 personas a las que se les pediría un aporte extraordinario para enfrentar esta
situación tan dolorosa, con 22.000.000 por debajo de la línea de pobreza. Afirmó que
no podemos ser indiferentes. Todos como sociedad tenemos que tener un
compromiso con esto. Tampoco puede haber un ajuste, el que trae más dolor y
necesidad en la población.
Agradece poder participar de este espacio, dado que para él es realmente importante
poder escuchar a otros y conocer otras miradas; y puso a disposición de todos la
Cámara de Diputados provincial, la que debe actuar como una caja de resonancia de
estos debates y de todo lo que haya que mejorar; por expreso mandato del
Gobernador, quien considera que ese es el ámbito propicio para generar y escuchar
las verdades relativas de cada sector o individuo. En el entendimiento de que cada
uno puede aportar un granito de arena para construir una sociedad mejor y que el
poder Legislativo puede actuar como puente con los colegios de magistrados y con
cada uno de nosotros, culmina diciendo que la Cámara de Diputados es nuestra casa
(“esta casa es su casa”).
Francisco Durañona
Inició su exposición señalando que muchos de los proyectos presentados se han
consolidado en leyes, gracias a que se trabaja en la búsqueda de consensos, toda vez
que el bloque opositor tiene mayoría. Por más que se lo quiere presentar de otra
forma, la Legislatura avanza con fuertes discusiones pero en base a consensos. Un
tema que fue aprobado por unanimidad fue, precisamente, la declaración de interés
legislativo de estas jornadas. Agradece mucho a Claudio Santagati, por ser quien lo
convocó, y a miembros del Consejo Provincial de Víctimas, entre otros. Menciona que
el importante proyecto de la Ley de Víctimas, ya tiene media sanción, para cuyo
debate se convocó a jueces, fiscales, asociaciones que nuclean víctimas y familiares
de víctimas del delito. Ahora el proyecto está en la Cámara de Diputados. Reconoce el
importante trabajo llevado adelante por Roberto Almeida y Lisandro Pellegrini en la
legislatura s/ la justicia.
Todos los problemas que tienen que ver con la pandemia son muy difíciles. La unidad,
temas de fondo estructurales, la anemia normativa, la ausencia de paz; y todo es
fogoneado, particularmente, en la provincia de Buenos Aires, que es el territorio más
caliente. Pero en este marco, los protagonistas son los municipios. En este sentido,
Miguel Fernández se configuró como un modelo extraordinario de planificación de
políticas públicas. Lo felicita. Los gobiernos locales tienen una función vital en las
cuestiones que estamos conversando; así como la tiene Federico Otermín en cuanto a
modernizar la legislatura. Todo ello en el marco del debate sobre el sentido que
queremos darle a la Argentina y a la provincia: tenemos que definir el siglo XXI en
tanto transitamos una nueva era.
Él es senador por la segunda sección, zona agroganadera por excelencia; fue
anteriormente 8 años intendente de San Antonio de Areco.
Así, en función de su experiencia y con la finalidad antes indicada, fundó el
“Movimiento Arraigo” que busca la participación federal para la construcción del
sentido de esta era. ¿Cuál es ese sentido? Promover arraigo a nuestra tierra, nuestras
culturas – que son muy diversas – bajo una organización realmente federal.
En lugar de ir en esa dirección, sostiene que hicimos lo contrario, tenemos un modelo
que está lejos de ser federal. Tenemos un modelo de ultraconcentración: en la
población (aunque somos el 8vo territorio más extenso del mundo), de transporte
(menciona las líneas ferroviarias que antes recorrían el país y ahora se limitan a 40
kms. Tenemos hiperconcentración de tierras en manos de unos pocos, que las utilizan
para negocios financieros que nada aportan a la comunidad. No producimos alimento
para 40.000.000, es un mito: producimos alimento para el ganado, sólo materia prima
sin producción. La violencia es un problema urbano. En el interior hay otro tipo de
problemática vinculada con la violencia, pero no es la que se ve en las ciudades. La
TV, los medios en general, reflejan un modelo de concentración impresionante. En
base a estos ejes de concentración centrales, población y transporte, se ha
desploblado el país. No generamos valor de lo que la naturaleza nos provee.
Por todo ello, sostiene que necesitamos trabajar para incentivar el arraigo, para que
las personas no se vayan de su lugar de origen en busca de medios para vivir; que
cada comunidad tenga todo lo que se requiere para garantizar su desarrollo. Por el
contrario, la Argentina se piensa a corto plazo, en núcleos urbanos.
La Justicia también sigue un modelo de concentración. En la mayor parte de la mayor
parte de la provincia, no hay fuero criminal y correccional que atienda los conflictos de
violencia de género. Los habitantes de San Antonio de Areco deben trasladarse 60
kms. Para encontrar un juez o fiscal que atienda su problema.
Por eso insta a tener creatividad y a trabajar en esa dirección a los colegios de
magistrados y funcionarios, al Consejo de Víctimas, a los bloques políticos. El arraigo
es vital para lograr el desarrollo de todo el país.
A continuación las demás exposiciones:
DOCUMENTO DE LA JORNADA sobre Respuestas Institucionales del 8 de octubre de 2020
