LA COMISION POR LA MEMORIA FORTALECE SU CAPACIDAD DE CONTROL Y MONITOREO
El Estado provincial habilitó el ingreso con cámaras de foto y video en los lugares de encierro. 
El Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires hizo lugar al reclamo de la CPM para poder ingresar en los lugares de encierro con cámaras de foto y video para realizar las tareas de monitoreo. La decisión por la cual exceptúa a la CPM de la prohibición general contenida en la Resolución 07/05 de la Subsecretaría de Política Penitenciaria (basada en que la divulgación de imágenes obtenidas así podría vulnerar la seguridad de los establecimientos y el derecho a la intimidad de los internos), sirve para fortalecer el trabajo que se viene realizando desde el año 2003 y fortalece a la CPM, como organismo de monitoreo en la Provincia, en su lucha por documentar los casos de torturas y malos tratos.
En este sentido el Señor Subsecretario de Política Penitenciaria dictó el 11 de mayo la Resolución 5/16 por la cual se excluyó a la Comisión por la Memoria de la prohibición general autorizándola a ingresar con cámaras de foto y video en las cárceles y alcaidías.
La resolución precedente había sido tomada luego de la denominada «Masacre del penal de Magdalena» por la la cual se había prohibido el ingreso a las unidades penales de este tipo de dispositivos de captación y almacenamientos de imágenes y sonidos.
Roberto Cipriano García, secretario de la CPM subrayó que «resulta evidente que la posibilidad de registrar imágenes visuales y sonoras durante las inspecciones mejora cualitativamente las tareas de relevamiento de las condiciones de detención y permite disponer de nuevos recursos para la denuncia de la vulneración sistemática de derechos que se producen en los contextos de encierro, en particular de los casos de tortura. Por eso, consideramos muy positivo que el Ministerio de Justicia haya tomado esta iniciativa respondiendo a nuestro histórico reclamo».
Desde la creación de su Comité contra la Tortura en el año 2003, la CPM viene realizando un trabajo sistemático de monitoreo en cárceles, comisarías, institutos de menores y neuropsiquiátricos que ha permitido producir un acopio de información veraz fundamental para el diagnóstico y la denuncia de las prácticas violatorias de derechos de la que son blanco la personas allí detenidas. Los informes anuales presentados cada año desde el 2004 son un testimonio contundente de esta realidad y han tenido el objetivo no sólo de visibilizar el sistema de la crueldad sino también promover políticas de Estado.
Res Ministerio Justicia nro 5-16
