DOSSIER SOBRE LAS POLITICAS DE SEGURIDAD EN LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
“La Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires”, comprometida tanto en la defensa de la independencia del Poder Judicial, cuanto en la de los derechos humanos en el sistema penal, al margen de su puntual objeción a las medidas del Plan de Emergencia en Seguridad (a través del documento “Otra vez sin rumbo y sin brújula”1), cree necesario hacer públicas algunas reflexiones y aportes para favorecer una discusión democrática de las políticas de seguridad, en el marco del Estado de Derecho.
[1]
En primer lugar, es preciso decir que las medidas, planes, programas y políticas de seguridad se inscriben dentro del ámbito de la política criminal, concebida como el instrumento del estado de derecho para prevenir y, en su caso, penalizar el delito y la criminalidad. Además, urge señalar que se requiere una política criminal de mediano y largo plazo, capaz de despegar de la coyuntura, por lo general, impregnada de hechos policiales resonantes que se suceden unos a otros, sin solución de continuidad, y que son difundidos hasta el hartazgo por los medios masivos de comunicación, en el marco de verdaderas campañas de “ley y orden” donde se insiste en que la única respuesta posible es la represiva. Para esto hace falta debate público y participativo, orientado a la búsqueda de consensos y, en definitiva, a la adopción de políticas de estado para evitar y enfrentar el crimen y la criminalidad.
En consecuencia, es necesario partir de un discusión amplia y profunda sobre lo que implica la —así llamada, impropia y genéricamente— “inseguridad”, con base en estadísticas confiables acerca del incremento delictual, pues sin conocer a ciencia cierta de qué estamos hablando cuando repetidamente hablamos de “inseguridad” no se tiene un diagnóstico preciso, ni se puede hacer un pronóstico cierto.
Es importante convocar a todos los sectores sociales, públicos y privados, porque la gravedad de la situación requiere una política de seguridad consensuada y planificada democráticamente, para que sea sostenida y ejecutada a través del tiempo con el compromiso de todos los dirigentes políticos y demás actores e instituciones de la sociedad.
[2]
En otro orden, como la seguridad pública es un tema muy complejo y sensible para dejarlo librado a las fuerzas policiales, habrá que desistir de cualquier proyecto de autonomización y/o autogobierno policial, subordinando los cuerpos de seguridad a las prioridades político-criminales del gobierno provincial y municipal, con activa participación de la sociedad civil. A esos fines, es preciso seguir trabajando en los planes de formación, capacitación, democratización y profesionalización de las policías. Donde los hubiera, resulta urgente desmantelar acuerdos espurios de la dirigencia política con la policía y de grupos de ésta con las redes de criminalidad.
Por lo tanto, es fundamental que las fuerzas policiales desarrollen su indispensable función pública con arreglo a los principios rectores del estado de derecho, imbuidas del respeto por los derechos humanos, para lo cual no sólo deberán ser formadas, capacitadas, institucionalizadas y democratizadas, sino también dotadas profesionalmente de los recursos técnicos necesarios para cumplir tan estimado cometido social.
Asimismo, habrá que reorientar las prácticas de las fuerzas de seguridad y hasta la propia política persecutoria del Ministerio Público Fiscal, soslayando la arraigada tendencia a volcar los recursos disponibles hacia los delitos menores y a reprimir selectivamente a los eslabones más débiles de la cadena delictiva.
[3]
Conforme lo sugiere el Centro de Estudios Legales y Sociales, se imponen otros paradigmas de intervención, dirigidos a racionalizar y dar marco legal a la capacidad investigativa del estado, realizando un abordaje inteligente del delito organizado y complejo, que permita desarticular redes delictivas y disminuir la violencia que generan:
“Es necesario complejizar el diagnóstico y abordar fenómenos distintos con instrumentos y políticas diferenciadas… hay experiencias que dan la pauta de que existen políticas concretas eficaces para intervenir en economías delictivas que generan mucha violencia y preocupación social. La política encarada en su momento para desarticular las bandas de secuestros extorsivos, la intervención sobre desarmaderos que logró bajar el índice de delitos vinculados al robo de automotor; la investigación del fenómeno de la trata de personas, que articula esfuerzos de distintos sectores del Estado, o el impacto del Plan Cinturón Sur durante su primer año de funcionamiento son algunos ejemplos…” (así lo sostuvo el CELS en el documento que lleva el título de ”Un Estado presente no es un Estado violento. Aportes para una respuesta democrática y efectiva al delito y la violencia”).
[4]
Conjuntamente se deberá instalar un nuevo modelo de gestión de la conflictividad, fomentando mecanismos profesionalizados que focalicen en los núcleos duros y en los centros neurálgicos de la economía criminal, que trascienden e instrumentalizan a los eslabones más débiles de la cadena delictiva —población habitualmente vulnerable al poder punitivo—, que en la actualidad son casi los únicos que son objeto de la persecución punitiva.
En el mismo sentido, se deberán investigar las redes troncales de quienes intervienen en el mercado ilegal de las armas de fuego, sin perjuicio de continuar desarrollando proyectos y actividades tendientes al desarme de la población.
Por lo demás, no puede seguir demorándose la puesta en marcha de la Policía Judicial, instituida por la Constitución bonaerense del ‘94, que favorecerá la independencia investigativa, sobre todo, en materia de delitos de corrupción administrativa, sumado a la implementación de una gestión del Ministerio Público Fiscal que se resignifique, afianzando su compatibilidad con las prioridades de la política criminal del estado provincial.
[5]
Bajo estos postulados básicos, se debe implementar una política criminal unívoca, en la que se articulen —en plena sintonía— los objetivos y las acciones de los gobiernos nacional y provincial, por cuanto el problema de la violencia está íntimamente ligado a cuestiones de competencia federal, como el narcotráfico, el sicariato, el control de la criminalidad financiera, el lavado de activos, la trata de personas, etc.
En razón de lo expuesto y de la interdependencia entre estas jurisdicciones, cualquier política criminal aislada, sin conexión con la otra, ya sea de la Nación o de la Provincia de Buenos Aires estará inexorablemente destinada al fracaso.
[6]
Aquellos funcionarios públicos, políticos o judiciales, encargados de la “gestión de la conflictividad” no deben aspirar al reforzamiento punitivo (es decir, al incremento de las penas, a mayores limitaciones al derecho excarcelatorio, a la ampliación de las hipótesis que –en forma excepcional– habilitan la prisión preventiva, al endurecimiento del régimen de la libertad condicional y de salidas transitorias, etc.), como una quimera y cual si se tratara de la única opción político criminal disponible, según se viene haciendo desde hace años, sin que con ello se reduzcan los índices delictivos.
Más todavía, son inaceptables los repetidos intentos políticos y mediáticos de trasferir la responsabilidad de la seguridad pública a las decisiones judiciales, profundizando la “ilusión penal”.
Descartada la fantasía del “escenario punitivo”, se impone reasignar los recursos económicos existentes en favor de aquellos órganos que trabajan, específicamente, sobre la problemática de la violencia, los que muchas veces carecen de los medios indispensables para cumplir con su relevante función social (por ej., se gasta más en publicidad oficial que en el sistema de protección de menores).
[7]
En paralelo, resulta imprescindible mantener la inversión en educación, generación y mantenimiento de puestos de trabajo (por ej., cooperativas y/o emprendimientos similares). Al ver las estadísticas, la gran mayoría de los detenidos –alrededor del 80%, en las cárceles provinciales–abandonó la escuela primaria o el colegio secundario. En cambio, quienes completaron la educación media o trabajan en forma regular es extraño que estén detenidos por la comisión de ilícitos contra la propiedad. No es cuestión de inventar nuevos planes educativos, sino de jerarquizar a los docentes y aprovechar los recursos adecuados para fortalecer la inclusión social, revertir con eficacia el deterioro de la escuela pública y asegurar que los estudiantes egresen del colegio con aptitudes para el trabajo.
Sin objetar las políticas de distribución e inclusión practicadas hasta la fecha, habrá que trabajar más en la estructuración de las comunidades de base, consolidando los lazos comunitarios en los barrios, que excedan el mero reparto de recursos y planes.
[8]
En forma ensamblada con el gobierno nacional, habrá que propender a la reforma sistémica de la justicia federal, a tono con las reformas estructurales –acorde al modelo procesal acusatorio– realizadas en la mayor parte de las provincias argentinas, con el propósito de asegurar la realización de un juicio penal con todas las garantías constitucionales y legales, incluida la de la tramitación en tiempo razonable.
[9]
Por último, aunque no por menos importante, habrá que reformar integralmente el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), con la apertura del mismo a agentes de la sociedad civil que puedan brindar una efectiva contención a la población carcelaria vulnerable, a través de la oferta concreta de programas de reinserción y promoción social. El Servicio Penitenciario en su actual conformación, se ha demostrado incapaz para este cometido, razón por la cual solo debería quedar circunscripto a la vigilancia perimetral de las unidades carcelarias. Para la interacción con las personas privadas de la libertad, será preciso incorporar profesionales (psicólogos, trabajadores sociales, sociólogos, docentes, etc.), que tornen practicable el postulado constitucional de promoción de los ciudadanos, que han ingresado y permanecen en el circuito penal.
[10]
A modo de conclusión. Tal como lo expusiéramos en el Dossier que fue presentado en la H. Legislatura bonaerense el 18 de agosto de 20102 y, aun antes, cuando suscribiéramos —en diciembre de 2009, reunidos un centenar de agrupaciones sociales y organizaciones no gubernamentales— el llamado “Acuerdo para la Seguridad Democrática”, consideramos que el acuciante problema de la seguridad no se resuelve con medidas espasmódicas, ni demagógicas, sino atacando las causas (antes y/o junto con los efectos que la generan), sin pretender réditos políticos, ni electoralistas, sino pensando en que la seguridad pública deberá ser una política permanente del estado bonaerense que comprometa por igual a todos los poderes públicos, así como a otras instituciones y actores sociales interesados en el bien común y la mejora de la calidad institucional.
La Plata, 21 de abril de 2014.
Pedro Rodríguez Adriana Lucía Nanni
Presidente Vicepresidenta
DOSSIER SOBRE LAS POLITICAS DE SEGURIDAD EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
