Sostiene que el nuevo régimen legal, aunque perfectible, constituye un paso adelante porque prevé la participación de los otros poderes en las designaciones y que no se han esgrimido argumentos serios que permitan sostener que es inconstitucional.
“Ante los sucesos referidos a las subrogancias de jueces nacionales y federales, Justicia Legítima observa que el nuevo régimen legal, aunque perfectible, constituye un paso adelante en los cambios en el servicio de justicia que venimos predicando desde nuestro nacimiento como asociación. La nueva Ley de Subrogancias prevé la participación de los otros poderes en la designación de jueces subrogantes, a diferencia del régimen anterior: el Poder Ejecutivo Nacional realiza un listado con acuerdo del Senado y el Consejo de la Magistratura, organismo encargado de la organización del Poder Judicial, designa a partir de esa lista. De esta manera, participan las mismas instancias que en la designación de jueces titulares, en diferente orden. La ley también da la opción al Consejo de elegir entre jueces titulares. Este procedimiento pone en práctica, con las diferencias del caso, la forma democrática y republicana de designación de jueces que establece la Constitución Nacional, en la que participan los otros dos poderes surgidos del voto popular. En este contexto, las quejas expresadas a través de publicitadas acciones judiciales y muchas de las declaraciones públicas y discursos de los actores involucrados aparecen como manifestaciones de intereses individuales que buscan preservar situaciones de privilegio y de poder, totalmente despreocupadas de los derechos de los justiciables en los casos concretos y del mejor servicio de justicia en general. Es que el desacuerdo con una ley o parte de ella, aun cuando el disenso se funde en buenas razones, no justifica la declaración de inconstitucionalidad de la norma en debate y, de momento, no se han esgrimido argumentos serios que permitan sostener que las designaciones puedan violar norma constitucional alguna. Las elucubraciones que se esgrimen como posibles efectos perniciosos parten de presunciones antojadizas y pretenden, y hasta han logrado en algún caso, una declaración preventiva de inconstitucionalidad sobre la predicción de lo que harán los órganos de gobierno judicial. Sorprende el uso indiscriminado de esta herramienta, más aun cuando los que la emplean están involucrados en situaciones que aconsejarían que no actuaran como jueces, cuando se los puede ver como partes. Nuevamente las circunstancias nos convencen de que todavía falta mucho para que podamos gozar de un Poder Judicial que se exhiba con la claridad necesaria para no dificultar el acceso a la justicia y que garantice la seguridad que merecemos los ciudadanos de nuestra democracia. Por ello seguimos trabajando desde Justicia Legítima.”
