La Asociación de Magistrados en el día de la fecha comunica a la opinión pública lo siguiente:
El régimen de fijación salarial de los jueces de todas las categorías lo resolvió en el año 1985 con la restauración de la democracia el art. 85 de la ley de la Judicatura Nro. 15.750, estableciendo que la remuneración de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia no puede ser inferior a la de un Ministro de Estado y en base a ello hay una escala de porcentajes de cuanto percibirá de salario cada magistrado según su categoría.
Ello garantiza la independencia financiera del Poder Judicial que no es otra cosa que asegurar la independencia de sus jueces en el marco del Estado de Derecho.
En la ley de presupuesto del año 2010, se aumentó las remuneraciones de los Ministros de Estado de conformidad con el art. 64 de la ley 18.719. La referida circunstancia determinó así, que se aplicara a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia y en consecuencia de acuerdo a los porcentajes que correspondan conforme a la ley 15.750 (Ley de la Judicatura), a todos los magistrados de las diferentes categorías. Posteriormente por una ley interpretativa se pretendió revertir la situación pero se logró declarar la inconstitucionalidad de esta ley (18.738) y recientemente de otra posterior (18.996). Se plantea entonces el pago de haberes salariales en base a las sentencias referidas y es justamente ésta la base de nuestra reclamación, el cumplimiento de las sentencias, la Constitución y la ley.
Esta situación de eventual conflictividad que se planteaba entre los Poderes del Estado generó hasta la fecha diversas reuniones entre los gremios y las autoridades de gobierno.
A partir de allí entonces, nuestro gremio, la Asociación de Magistrados, ha intentado de diferentes formas de obtener se siguiera pagando tal como se hizo durante tres meses la retribución constitucional y legalmente correspondiente, que se nos dejó de abonar a partir de abril de 2011, esto es, hace más de tres años.
El cuerpo de Magistrados del Uruguay ha recurrido a las vías legítimas para obtener lo que legalmente le corresponde. Así, se promovieron procesos de declaración de inconstitucionalidad de la ley y un posterior proceso de cobro de pesos para ello.
A efectos de arribar a una solución, con la responsabilidad que caracteriza a nuestro gremio, se apostó y se apuesta al diálogo con el Poder Ejecutivo. Hasta ahora, el diálogo ha sido correcto, pero aún no hemos obtenido una respuesta concreta y cierta de pago.
Así las cosas, y como consecuencia del silencio del Poder Ejecutivo frente a la solicitud que le hiciera la Suprema Corte de Justicia el 20 de agosto de 2014 para que se habilitaran las partidas necesarias, el 7 de octubre del corriente se mantuvo una reunión con los economistas Michael Borchardt y Jorge Polgar del Ministerio de Economía y la OPP. En la misma manifestaron en primer lugar el reconocimiento y la voluntad política del gobierno de abonar lo adeudado.
Las agremiaciones formularon solicitud de un pronto pronunciamiento dado en primer lugar al tiempo transcurrido de nuestra reclamación (desde el año 2011 al presente) y en segundo lugar que a nivel de los gremios allí reunidos se habían aportado todos los datos económicos necesarios que el propio Ministerio de Economía había solicitado a la Suprema Corte de Justicia para efectuar las liquidaciones, lo que la Corporación realizó en un brevísimo tiempo.
Ese día luego de la reunión, la Asociación de Magistrados comunicó a sus asociados lo actuado y se solicitó una nueva reunión con el Poder Ejecutivo la que tuvo lugar el día jueves 23 de octubre, en la cual somos recibidos por el Sr. Secretario de la Presidencia el Dr. Homero Guerrero, quién nos manifiesta al igual que las autoridades del Ministerio de Economía la voluntad política de cumplimiento. Se nos informa asimismo de la realización de una reunión prevista con los Ministros de la Suprema Corte de Justicia en la Torre Ejecutiva para el día 11 de noviembre para tratar el tema. Los asistentes manifestamos que las sentencias de inconstitucionalidad eran habilitación bastante para proceder al pago y pusimos de manifiesto inmediatamente nuestra preocupación por la falta de una respuesta concreta en cuanto a fechas, explicitando que llevaríamos el planteamiento a nuestra Asamblea que es el órgano soberano que debería resolver en concreto sobre el punto.
El día 12 de Noviembre de 2014 los gremios somos recibidos por la Suprema Corte de Justicia y se realiza por ésta un comunicado en el que en apretada síntesis diremos que expresa la ratificación por el Poder Ejecutivo de la voluntad de cumplir con el pago de las diferencias salariales generadas a partir de la vigencia de la ley presupuestal para el período 2010-2014. Sin perjuicio de ello, y pese a las expresiones del Poder Ejecutivo sobre su voluntad de cumplimiento a la fecha no sólo no se ha cumplido sino que ni siquiera se ha proporcionado al menos una fecha concreta para hacerlo, no ofreciendo tampoco explicaciones precisas sobre cuál es el impedimento para ello.
Si el punto radica en que las sentencias no son suficientes para habilitar el cumplimiento de la obligación emergente de la ley por entender que no son derogatorias de las normas declaradas inconstitucionales debería procederse a su derogación justamente con base y fundamento a su flagrante inconstitucionalidad la que fue comunicada por la Suprema Corte de Justicia al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo.
En definitiva, nuestro reclamo más allá del cumplimiento de los fallos judiciales y por ende de la Constitución y la ley reivindica la dignidad de la justicia y la independencia de un poder del Estado que es la garantía última de todo ciudadano el que está en manos de cada Juez de la República.
Con este panorama se realizó el sábado pasado de la sede una asamblea con la presencia masiva de jueces de diferentes lugares de nuestro país arribándose a la aprobación de la siguiente moción:
1. Mantenerse en estado de Asamblea Extraordinaria permanente y en grave conflicto con el Poder Ejecutivo en virtud de su contumaz e ilegítima negativa al cumplimiento de la Ley y de dos sentencias judiciales.
2. Implementar a la mayor brevedad una campaña masiva de comunicación explicando las claves del conflicto.
3. Confeccionar afiches alusivos a la situación y colocarlos en todas las sedes del país,
4. Colocación de un distintivo simbólico a lucir en ámbitos y horarios de trabajo alusivo a la situación, mandatando a la Comisión Directiva en lo que tiene que ver con la implementación.
5. Mantener la negociación no descartando la utilización de medidas en forma gradual ajustando su intensidad y gravedad según los resultados concretos de las tratativas en curso. De no obtener respuesta del Ejecutivo se comenzaría con una concentración de Magistrados de todo el país a realizarse en Montevideo el día 26/11/2014 la que oportunamente se comunicará.
