Declaración de la Red: La Pandemia no admite mezquindades

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Declaración de la Red: La Pandemia no admite mezquindades

 LA PANDEMIA NO ADMITE MEZQUINDADES 

Unidad 23 S.P., Florencio Varela

Durante más de dos décadas La Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires viene denunciando el estado de insalubridad de cárceles superpobladas y con mala alimentación (en particular, a través del documento titulado “Aspectos salientes de la problemática penitenciaria en la provincia de Buenos Aires”, del 13 de junio de 2015). Pese a ello las legislaturas nacional y provincial, han aumentado penas y ampliado las prisiones preventivas, sin el correspondiente aumento de los lugares de detención por parte del Poder Ejecutivo.
Esta irresponsabilidad determinó una extrema superpoblación carcelaria, haciendo que el sistema penitenciario lejos de resocializar, deteriore; y que los internos, en vez de adquirir conocimientos útiles para su reinserción social (salvo algunas esforzadas experiencias), aprenden a sobrevivir en marcos de violencia (factor sustancial de la reincidencia).
Los superiores tribunales del Poder Judicial criticaron el cuadro, e intentaron infructuosamente paliarlo con las herramientas legales vigentes, instando a revisar miles de casos (CSJN, “Verbitsky”, el 3 de mayo de 2005 y SCBA, P. 83.909, “Verbitsky”, el 11 de mayo de 2005). Desde aquellos fallos pasaron casi 15 años y el problema se agravó. Los reiterados reclamos de la Suprema Corte fueron ignorados por el ejecutivo provincial. Ante ello, el Tribunal de Casación Penal provincial realizó un informe donde se verifica el calamitoso estado de las cárceles bonaerenses y la urgencia de adoptar medidas conducentes (“Documento sobre las condiciones de detención en la Provincia de Buenos Aires –RC. 2301/18–”, del 10 de octubre de 2019).
El Covid-19 no hizo más que desnudar décadas de imprevisión y medidas aisladas, sin una guía política criminal racional. Así lo expuso La Red en “El colapso penitenciario bonaerense, en tiempos de pandemia” (del 16 de marzo de 2020), al señalar que “superpoblación, hacinamiento, crisis de la sanidad penitenciaria y pandemia del Covid-19 constituyen un coctel explosivo que es preciso desactivar, con la mayor diligencia, a través de medidas de carácter excepcional y urgente, desde la desprisionización (en todos aquellos casos en que el encierro carcelario riguroso pueda ser sustituido por otro medio menos aflictivo), hasta las mejoras sanitarias en las cárceles y comisarías que son, por excelencia, focos de propagación de enfermedades”.
Frente a la pandemia, nuevamente el Poder Judicial intenta enfrentar el problema, con los escasos medios legales que dispone.        El Tribunal de Casación Penal bonaerense hizo lugar a un Habeas Corpus colectivo, otorgando prisión domiciliaria solo en favor de quienes hayan cometido delitos “leves” y se encuentren en grave “riesgo” por la precariedad de su salud (647 casos, según el primer listado del P.E.); instando, por otra parte, a que los jueces revisen en cada caso, la situación de otros individuos que pudieran continuar su prisión fuera de las cárceles (Reg. 102.555, del 8 de abril de 2020).
Desde el 17 de marzo, pese a todas las restricciones impuestas por la cuarentena, los jueces penales bonaerenses tramitaron miles de causas, trasladando fuera de las penitenciarías 2267 internos (informe 17/4/2020, Servicio Penitenciario Bonaerense). Está lejos de resolverse el problema: existen 24.000 cupos (según el Informe de Superpoblación Penitenciaria en la Pcia. Bs. As., del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente –ILANUD–, el 10 de marzo de 2020), para más de 41.000 detenidos. Los tiempos necesarios para revisar las particularidades de decenas de miles de causas, imposibilita solucionar por esta vía el riesgo de contagio.
La solución a una crisis social nunca es jurídica. Administrar coyunturas excepcionales es resorte de los poderes políticos; el judicial solo resuelve conflictos particulares. Si el poder político entiende útil disminuir rápidamente la población carcelaria, tiene en sus manos la posibilidad de dictar leyes o decretar conmutaciones. Si advierte inconveniente tal vía, es su responsabilidad adoptar medidas sanitarias en las unidades y derivar a centros preparados a los internos contagiados. La crisis no se resuelve derivando culpas a otros poderes.
Los jueces nos ocupamos de la emergencia en el marco de nuestras competencias. Pero es claro que no sancionamos, ni modificamos, ni derogamos leyes. Tampoco diseñamos la política criminal, no administramos la cárcel, ni proveemos seguridad; carecemos de recursos y fueros para disponer las acciones ejecutivas necesarias y urgentes. Solo podemos aplicar la ley.
La pandemia requiere de una acción mancomunada, sin mezquindades.

La Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires.

La Plata, 27 de abril de 2020.

Mario Daniel Caputo                       Pedro Rodríguez
Presidente                                     Secretario

2 Comentarios

  • Rolando Esteban Pina
    Responder 27 abril, 2020 at 9:00 pm

    JUSTICIA PENAL NO ADMITE MEZQUINDADES NI MALA PRAXIS POR ACCIÓN U OMISIÓN…YA SEA CRÓNICA O FUTURA

    CORDIALMENTE les invito ayudarme a saber como saber entender mi mensaje ya que USTEDES MERECEN Y NECESITAN AYUDA según sus propias palabras:

    Reflexiono…Apreciados colegas Jueces…Han olvidado hacer cumplir COMO TUTELA JNURÍDICA JUDICIAL la OPERATIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS, LAS CLAUSULAS COLNSTITUCIONALES, LAS NOLRMAS SUPRANACIONALES ante las graves mala praxis que invocan atribuibles a otros poderes del Estado …

    y les pido ayuda para saber como saber entender mi mensaje:

    1ª Es responsabildad de Jueces y Ministerio Público fundar SUS sentencias tal como USTEDES lo afirman: Los jueces nos ocupamos de la emergencia en el marco de nuestras competencias. Pero es claro que no sancionamos, ni modificamos, ni derogamos leyes. Tampoco diseñamos la política criminal, no administramos la cárcel, ni proveemos seguridad; carecemos de recursos y fueros para disponer las acciones ejecutivas necesarias y urgentes. Solo podemos aplicar la ley.
    2º La pandemia requiere de una acción mancomunada, sin mezquindades. SI POR ESTO ES FUNDAMENTAL CONTROLAR LA MALA PRAXIS POR ACCIÓN Y OMISIóN QUE DESCRIBEN, conforme operatividad de cláusulas constitucionales y normas supranacionales.
    3º La acción mancomunada de la Abogacía conforme derechos y deberes de nuestra organización constitucional consiste en SABER COMO SABER ENTENDER QUE USTEDES TIENEN FACULTADES IMPULSADAS POR EL MINISTERIO PÚBLICO PARA ORDENAR REASIGNACIÓN DE PARTIDAS VUNCULADAS A PERICIAS PRECISAS Y DE RAPIDA REALIZACIÓN QUE DEMUESTREN FINES Y OBJETIVOS A CUMPLIR CON EL DINERO REASIGNADO…INCLUYENDO OCUPACIÓN POR CONSENSO U ORDEN JUDICIAL, DE INSTALACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS YA QUE EL ALOJAMIENTO Y REEDUCACIÓN DE LOS ENCUSADOS NO COMPREDE A CIENTOS DE MILES.
    Es de gravedad institucional salir de esta anomia institucional.
    Les saludo cordialmente y les invito pensar desde las premisas mayores de Operatividad de los Derechos Humanoslas cláusulas constitucionales de la NACIÓN Y SUPRANACIONALES y de la doctrina de la CSJN basada en esta fuente doctrinaria: http://www.rolandoestebanpina.com/publicaciones.php y en Biografía de Facebook.com/rolandoesteban.pina – rolandoestebanpina@gmail.com

  • Daniel
    Responder 28 abril, 2020 at 9:18 am

    Es cierto que la “solución a una crisis social nunca es jurídica”, pero no menos importante, es poner de relieve, a mi humilde criterio, que fórmulas como “la magnitud de la pena en expectativa” ha contribuído a aumentar la población carcelaria, aun en casos en que manifiestamente no se han probado riesgos procesales y los plazos fatales se transforman en una mera declamación.

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