Discurso del Dr. Ricardo Lorenzetti en la apertura del año judicial 2018

Hizo una amplia convocatoria para reformar los poderes judiciales: “La convocatoria es eso: políticas de Estado, equilibrio, autocrítica, convocatoria a los demás poderes. Hemos dado muy poco tiempo para que seamos concretos. No volvamos a discutir y crear comisiones y hacer declaraciones. Busquemos las soluciones concretas que todos conocemos y luego hablemos con los demás poderes del Estado. Los vamos a citar aquí, ya hemos hablado…”


“Buenos días. Queremos agradecer la presencia de jueces y juezas de todos los fueros, de todas las regiones del país, las justicias provinciales, las Cortes provinciales, la Justicia federal, tribunales orales, presidentes de Cámaras, Cámara de Casación, los consejeros del Consejo de la Magistratura, el señor ministro de Justicia. Muchas gracias a todos. Los hemos convocado porque con mis colegas en la Corte Suprema hemos reflexionado profundamente y creemos que es necesario que nos juntemos y hagamos una reflexión colectiva, y respondamos algunas de las preguntas que hoy atraviesan los poderes judiciales del planeta. En primer lugar podríamos preguntarnos: en los últimos 30 años los poderes judiciales de todo el mundo han recibido miles y miles de demandas de todo tipo y en todos los temas. Casi todos los conflictos generan un problema de judicialización creciente, pero las transformaciones que se han hecho son mínimas dentro de los poderes judiciales. ¿Por qué todos estos conflictos, que son enormes y complejos no se resuelven en otros ámbitos, como era tradicional? En otros ámbitos quiero decir en otros poderes, muchos de los cuales involucran consultas a las mayorías, y esto plantea problemas muy serios. ¿Deben los poderes judiciales actuar conformes a las mayorías? ¿Debemos hacer encuestas sobre las imágenes de los poderes judiciales y responder conforme a la imagen? ¿Qué transformaciones necesitamos hacer? ¿Es suficiente con hacer comisiones, proyectos, declaraciones o debemos tomar decisiones más concretas, efectivas, realizables? ¿Debemos reflexionar sobre el horario judicial? Y esto es muy importante, ¿pero no podemos también ser un poco más sofisticados y examinar los procedimientos, los diseños institucionales? Cuestiones que todos sabemos que son decisivas. Recientemente, el 1° de marzo, la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires ha señalado algo que compartimos. Dijo “quisiéramos que los jueces y juezas no sean designados conforme a sus relaciones políticas o judiciales”. Y es así. No podemos pensar, como decía Albert Einstein, esperar resultados diferentes si no cambiamos los procedimientos. Tenemos que pensar más en grande y cambiar los diseños institucionales y los procedimientos. Hacer una gran transformación, profunda. Debemos hacer una autocrítica dentro de los poderes judiciales acerca de cómo estamos funcionando. Todas estas preguntas requieren grandeza, requieren que pensemos en el país y no en los intereses individuales, en los intereses de las corporaciones, en los intereses económicos, políticos. Debemos pensar en el pueblo de la Nación, en el país, en la grandeza que necesitamos tener en estos momentos. Y por eso quiero agradecer también, y muy especialmente, a los demás poderes del Estado, que han mostrado un interés extraordinario en apoyarnos en esta iniciativa, empezando por el Poder Ejecutivo, el presidente de la Nación, los ministros de Justicia, de Seguridad, la Jefatura de Gabinete, los líderes del Congreso, senadores, diputados, gobernadores, porque también existen las Justicias provinciales y tienen un rol extraordinario en nuestro país, y no debemos pensar que cada vez que hablamos de los poderes judiciales solo es el de la Capital Federal. Todos ellos han manifestado un extraordinario interés en acompañarnos en este proceso de reformas, que no es una convocatoria que hace sólo la Corte Suprema: es una convocatoria diríamos de la historia, es un momento importante, y de la sociedad. Por eso nos vamos a dedicar en analizar un poco más extensamente de lo habitual toda la temática, porque tenemos que hablar en serio, como decía Ronald Dworkin, respecto de los derechos. Hablemos de las reformas de los poderes judiciales en serio y con profundidad, empezando por los grandes temas. El primero es qué nos dice la historia, ¿por qué no se han hecho reformas en los poderes judiciales profundas? Hace más de 10 años que, en la Corte Suprema, venimos haciendo transformaciones importantes. Tienen ustedes en los anexos todas las acordadas que se hicieron; y se han creado aquí, dentro del ámbito de la Corte Suprema, la Oficina de la Mujer, la Oficina de Violencia Doméstica, iniciativas de Carmen Argibay, del Dr. Petracchi y de la Dra. Highton. Hemos creado aquí un sistema de comunicación, de gobierno abierto, de transparencia, de relación con la prensa. Hemos incorporado tecnología, notificaciones electrónicas, hemos hecho convenios con organismos del Estado.
Muchísimas transformaciones dentro de la Corte Suprema que no se pudieron trasladar al resto de los poderes judiciales. Y también es bueno mencionar muchísimas iniciativas individuales de jueces y juezas a lo largo de todo el país y en las provincias, que tampoco se pudieron generalizar. ¿Y por qué? Porque faltan políticas de Estado, falta el acuerdo. Por eso esta convocatoria es tan difícil, porque la Argentina no tiene una tradición de acuerdos de cooperación de políticas de Estado. Los esfuerzos son individuales pero no se pueden generalizar si no tenemos cooperación. En los inicios de nuestra era decían que la cooperación es algo inherente al ser humano. Estas son las meditaciones que muchas veces hemos citado aquí que refieren a que la cooperación es algo natural. Pero claro: esto se hablaba en Roma, no conocían a los argentinos. A nosotros nos cuesta cooperar, y por eso esta convocatoria no tiene que dejar de reflexionar acerca de la dificultad que encierra la cooperación entre todos. Y esta es una verdadera tragedia, porque hace muchos años que vemos que se hablan de los mismos temas y nunca podemos generalizarlos de manera sistemática. Por ejemplo, hace más de 30 años que se discute en el país acerca de mano dura y mano blanda. Recordemos, en el año 2000, en la Provincia de Buenos Aires, una gran reforma para combatir la delincuencia. Recordemos cuando estaba la tragedia de Axel Blumberg, 300 mil personas manifestando. Y siguieron las manifestaciones a lo largo y a lo ancho del país, y siguen las manifestaciones de nuestro pueblo en busca de mayor seguridad. Pero nosotros seguimos con las discusiones, y no con las soluciones. ¿No es posible que nos pongamos de acuerdo, como muchos otros países lo han logrado, en un sistema razonable que respete las garantías constitucionales y al mismo tiempo logremos resultados efectivos en materia de seguridad y logremos que nuestra gente viva más tranquila? ¿No es posible hacer esto? Por eso los hemos convocado a buscar unas reglas de armonización en este tema. Pensemos en el narcotráfico: en el año 2006 la Corte Suprema hizo un fallo importante convocando a una política de Estado en materia de narcotráfico, porque nosotros estábamos preocupados de lo que estaba pasando en una región del país y en un acuerdo lo conversamos y dijimos “hay que hacer algo importante”, y lo hicimos y creamos una comisión de jueces en el narcotráfico, para combatir el narcotráfico. Pero desde ahí no hemos visto que esto se haya generalizado. Todavía se sigue discutiendo si debe ser jurisdicción de las provincias o federal. Y recién ahora hemos logrado, en reuniones que se han hecho aquí en la Corte Suprema con varios gobernadores, con jueces federales de las distintas jurisdicciones y con algunos ministerios del Poder Ejecutivo coordinar acciones específicas para atacar algunas de las tragedias que produce el narcotráfico en distintas regiones del país. Y se han logrado resultados pero es porque se empezó a cooperar, dejando de lado las discusiones intrascendentes. Pensemos en los temas de género. La Corte hace muchos años que tiene una política de género y esto se ha replicado en distintos lugares de las provincias y del país, y en distintos poderes, pero la violencia de género sigue creciendo. No se han logrado resultados efectivos en cambios importantes culturales, avanzamos en detalles pero no en cambios que transformen la cultura que lleva a la violencia. Pensemos, en el fondo, si es que la Argentina tiene un acuerdo acerca de la necesidad de la independencia de los poderes judiciales. Porque muchos países lo discutieron. Digo, Estados Unidos, por ejemplo: llegó un momento en el cual este debate llegó a conclusiones, y entonces dispusieron que los poderes judiciales tenían autonomía regulatoria, autonomía presupuestaria, autonomía para decidir cuestiones relevantes y con flexibilidad, y responder a las necesidades. Brasil lo hizo en el año 88, y está en la Constitución de Brasil que los poderes judiciales son independientes y tienen esas facultades autorregulatorias. Pero nosotros todavía seguimos discutiendo esta cuestión. Y, si bien la Corte Suprema tiene la cabeza, la dirección, la superintendencia del Poder Judicial, no tiene ni las manos ni las piernas. Porque hay aspectos que deciden otros sectores, y siempre es complejo —tanto a nivel federal como a nivel de las provincias— lograr soluciones efectivas. Entonces es necesario que tomemos estas decisiones y nos pongamos de acuerdo. No puede ser que la Argentina siga siendo pendular, siga dudando sobre sí misma en las cuestiones centrales. Nosotros hemos dicho muchas veces en este lugar que el ciudadano común que ha vivido los últimos 50 años ha tenido dificultades extraordinarias y ha tenido que hacer esfuerzos descomunales para entender cómo funciona nuestro país. Es casi como el mito de Sísifo, también lo hemos dicho muchas veces: escalamos, ascendemos, logramos algo y después se cae y volvemos a empezar, y vamos de discusión en discusión, mientras que nuestro pueblo sigue de tragedia en tragedia sin solucionar. Este es un problema muy serio: la ausencia de políticas de Estado. Este es el marco teórico en el cual tenemos que trabajar. Porque las consecuencias de la ausencia de una política de Estado, de estos cambios pendulares, de este ir y venir permanentemente, son gravísimas. Y hemos llegado, en algunos casos, a situaciones en las cuales muchos piensan que la ley es un mero consejo que se puede dejar de lado por circunstancias extraordinarias, por emergencias económicas, por excepciones. Otros piensan que pueden ganar un partido cambiando el reglamento por el cual se juega. Hay un exceso de coyuntura, una ausencia de estatura para ver los grandes problemas en el mediano y largo plazo. No tenemos que crear conflictos divisorios. Tenemos que buscar soluciones unificadoras, que este es otro concepto importante. Si nosotros examinamos las grandes causas judiciales en los últimos años, 50 años, vemos que muchas de ellas se han frenado porque se han envuelto en discusiones políticas, de intereses, y no se ha centrado en la búsqueda clara de una solución de justicia estrictamente jurídica. Entonces el tema es que tenemos que ser maduros institucionalmente. No es que falten propuestas. No es que no sepamos qué hacer, los que hemos convocado aquí son personas que tienen mucha experiencia. Y esto es algo que hemos acordado con los otros poderes: la reforma tiene que nacer del Poder Judicial, porque hay experiencia en los poderes judiciales. Todos ustedes han participado en numerosas reuniones. Muchos tienen prestigio internacional, participan en asociaciones de jueces en todo el mundo. No es tanto lo que tenemos que discutir acerca de las propuestas, por eso hemos puesto un plazo breve. Porque lo que necesitamos es concretar las propuestas y no seguir en esta discusión permanente, pendular, donde los problemas no se solucionan: se trasladan de tiempo en tiempo. Hace años que hablamos no sólo de las reformas del Poder Judicial sino de muchísimos otros temas en el país, sin que se logren soluciones concretas. Entonces, no es que falten propuestas: falta madurez institucional, que pensemos en el país y no en los intereses individuales, corporativos, en las disputas menores, en los agravios, en las negligencias, en la mirada recurrente al pasado. Política de Estado significa que nos pongamos de acuerdo todos los poderes —tanto a nivel nacional como en las provincias, que son tan importantes— en una serie de reglas estables con mirada al futuro, que modifiquen los procedimientos, los diseños institucionales, y logremos resultados mejores. Este es el marco teórico en el cual queremos que esta discusión se celebre y este proceso de reforma se inicie. ¿Qué nos dice la sociedad, que también nos convoca? Muchos han olvidado que la democracia es lo que aprendíamos en la escuela: el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Pero claro, las agendas de las instituciones muchas veces se alejan de las agendas que tiene el ciudadano común, lo cual puede llevar a la pérdida de confianza en las instituciones, que es algo que se da en todo el planeta. Por eso debemos prestar mucha atención a las demandas sociales y, en particular, los jueces y juezas debemos escuchar. Debemos escuchar los reclamos de nuestro pueblo, debemos estar atentos, debemos proteger. Un breve listado muestra la enorme variedad de temas que hay hoy. Pensemos, cuando decimos pueblo hablamos de todas las categorías. Por ejemplo los niños, que antes no estaban en los litigios en los tribunales y ahora proliferan cuestiones referidas a la niñez, no sólo a los derechos del niño sino también a su futuro. La influencia de la tecnología, la adicción tecnológica, las cuestiones vinculadas al autismo infantil, la influencia sobre los datos personales de los niños, la protección de los niños que van a ser adultos. Todos estos son temas que ya están en los poderes judiciales y tienen una trascendencia enorme. Lo mismo con los adultos, los ancianos. Hoy tenemos gente cada vez más sana pero cada vez más sola, y esto está llegando también a los poderes judiciales: la protección del adulto que está aislado o la protección del adulto que busca seguridad económica, y los complejos problemas de la seguridad social. Los problemas de la mujer, que hoy están en primera línea en todo el mundo y también están en los poderes judiciales. Los problemas del que es diferente, el trabajador con su búsqueda de dignidad, los problemas vinculados al que quiere trabajar y no encuentra trabajo, los problemas de los consumidores, de los empresarios. Es decir: el panorama de los ciudadanos que van hoy a los poderes judiciales con todo tipo de reclamos es enorme. Y los valores que hoy se discuten también en los poderes judiciales son de una magnitud extraordinaria. La cuestión de la igualdad: si ustedes se fijan hoy, en todo el mundo se está discutiendo el abandono del Estado de bienestar y las grandes desigualdades económicas versus la defensa de los derechos sociales que están en las constituciones y que defienden los poderes judiciales. Este es un debate impresionante en todo el mundo. La libertad de la que todos gozamos pero que muchas veces, a la luz de la tecnología actual, lo hacemos cada vez menos. Las restricciones que imponen la tecnología, los trolls, las agresiones en las redes sociales. Los problemas de libertad de expresión dentro de Internet. Fíjense la magnitud de temas que hoy tenemos que discutir. La solidaridad, el colapso ambiental, que está ahí a la vuelta de la esquina. Todos estos temas están en los poderes judiciales y, sin embargo, no hay una relación entre la magnitud de los problemas y las discusiones que la sociedad nos plantea y los esfuerzos que ponemos en transformar los poderes judiciales para atender esas demandas. Y además, podríamos hacer una referencia a los problemas que encuentra la sociedad en los poderes judiciales. Podríamos mencionar la tragedia del tribunal. Yo recuerdo, y nosotros recibimos muchos —como todos ustedes— reclamos de los ciudadanos y tratamos de recibirlos, escucharlos, porque se siente bien la gente cuando uno la recibe y trata de mostrar que hay humanidad en las instituciones. Escucharlos. La causa de Once, del accidente de Once, fue una de las más rápidas en los últimos años en la Justicia argentina. Y sin embargo, cuando yo recibí y nos reunimos con María Luján Rey, a quien conocemos y que ha vivido esta tragedia de una manera especial, nos pusimos a ver su problema, que era el de la tragedia pero además el de constituir un tribunal oral. Y tuvimos que hablar con otros jueces aquí presentes para ver cómo hacíamos para armar un tribunal oral que lleve adelante ese juicio. Entonces la tragedia es doble. Y así pasó con los juicios de lesa humanidad: cuando la Corte declaró la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final hubo que formar una comisión para tratar de armar los juzgados, que no existían, y armar una infraestructura. La tragedia del tribunal es que no hay tribunales, y esto debemos decirlo. La tragedia del tiempo, que es otro problema dentro del sistema judicial. Siempre hablamos de los jubilados, de las personas que ya no tienen tiempo y tienen que litigar y perder un tiempo que no tienen. Pero además cualquier persona que hoy tiene un litigio y tiene que pensar que va a durar diez años es una expectativa absolutamente irrazonable. Tenemos que cambiar esto. Y no se cambia sólo con los horarios: se cambia con las estructuras, se cambia con las reformas de fondo. La tragedia burocrática. A mí siempre me impactó este mural que está en la Corte Suprema de México, que muestra los expedientes y atrás las caras sufrientes. Pero nosotros tenemos aquí, año 1968, María Elena Walsh decía “quítate la venda y mira”, refiriéndose a la Justicia. Esta tragedia de la burocracia es que hay un desenvolvimiento burocrático en los tribunales que se aleja del drama humano. Esto nunca debemos perderlo de vista y debemos encontrar mecanismos de solución. Este es el marco, esta es la magnitud de las demandas de la sociedad. Este es el reclamo de la historia de superar estas idas y venidas y de hablar seriamente, y encontrar políticas de Estado y encontrar soluciones concretas. No discutir tanto: hacer. Y luego de que escuchemos las propuestas que ustedes tienen, nos reuniremos con los demás poderes del Estado nacional, con el Congreso, con el Poder Ejecutivo y en las provincias, donde están los gobernadores también interesados en esto. Y juntos tenemos que ser capaces de acordar algunos principios básicos. Un modelo que sea aplicable para todos y funcione. ¿Cuáles son los principales temas? La primera idea es que tenemos que pensar en un cambio sistémico y cultural. Esto significa que no se puede cambiar una parte sin tener una concepción del todo. Es decir, del sistema. Porque, de lo contrario, no funciona. Y cultural significa que también tenemos que lograr que la idea de la tutela efectiva signifique algo más, signifique que también tengamos menos litigios. Una cultura para que en la sociedad se hable el lenguaje del derecho, del Estado de derecho. Esto involucra a todos los poderes. ¿Cuáles son los cambios en materia penal? Fíjense ustedes que hemos puesto muchas comisiones específicas. Porque ya los temas se hablaron. Hay que tomar decisiones. En materia penal, nosotros sabemos que se está trabajando muy seriamente en un nuevo Código Penal, que apoyamos. Tenemos aquí miembros de la comisión. También hay, en materia de organización del procedimiento penal, el sistema acusatorio, que nadie discute, que es un tema que en muchas provincias ya se aplica. Pero hemos dicho que si la aplicación del sistema acusatorio a nivel federal está planteada como un proceso muy gradual que se va a hacer, y parece razonable que así sea, con experiencias pilotos, en el tiempo intermedio —que pueden ser años— tenemos que ser capaces de tomar medidas urgentes, porque los juicios están ahora y los reclamos de la sociedad son ahora. ¿Y que vamos a hacer con todo este enorme caudal de causas que hoy están en trámite? Podemos hacer transformaciones intermedias y podemos hacer transformaciones en función de procesos especiales. Por ejemplo, hay una propuesta de hacer un proceso especial en causas de corrupción, porque tienen su especificidad. Necesitamos una estructura que apoye las causas de corrupción en materia técnica, que es básicamente decisiva en muchas de estas causas. Acelerar las causas de corrupción. Necesitamos un proceso especial para las megacausas, las causas que involucran a muchísimos actores, muchas personas en materia penal. Estas han sido siempre muy complejas, muy difíciles. Necesitamos pensar en las cárceles. Hay una comisión de cárceles que está trabajando hace mucho tiempo, pero la verdad es que tenemos que acercarnos a la definición constitucional en esta materia. Nos pareció interesante una de las propuestas que hemos escuchado, que es la idea de organizar escuelas en las cárceles por edades. Porque una de las grandes tragedias es la delincuencia juvenil, que cuando va a la cárcel empeora: no tienen futuro. Entonces: organizar cárceles que sean escuelas para chicos, para recuperarlos, para reinsertarlos. Organizar sistemas que sigan con posterioridad a la sanción penal, que han sido siempre muy precarios. Desarticular la economía del delito. Es algo en lo cual se ha trabajado poco y tenemos que lograr decisiones importantes y urgentes. Trabajar en la economía del delito significa desarticular los incentivos que llevan al narcotráfico, al lavado de dinero, a cualquier tipo de hecho delictivo. Y también la recuperación de activos y de extinción de dominios. La Corte Suprema ha dictado recientemente una acordada importante para recuperar bienes de origen delictivo. Pero hay cuestiones que hace muchos años que se discuten y debemos aclararlas de una vez por todas. La Corte Suprema, en el año 2014, hizo este mismo acto enfocado en la idea de luchar contra la impunidad. Ese era un momento muy especial de nuestro país. Luchar contra la impunidad significaba un cambio de paradigma que muchos países hicieron. Nuestros sistemas procesales fueron pensados en la defensa porque había que defender frente a los abusos del Estado, frente a los abusos de muchos otros. Entonces había que diseñar un sistema defensivo en materia procesal penal. Pero las sociedades fueron cambiando y se necesitó un sistema más pensado en el ataque, y no hay ataque si se usa la defensa. Entonces hay países que cambiaron fuertemente: concentraron las defensas, limitaron los recursos y se concentraron en la lucha contra la impunidad. Reformas que en nuestro país no se hicieron. Cuando vino aquí el juez Moro hablábamos muchísimo de estos temas y él nos decía que, cuando tenía una causa, tenía sólo esa causa; y además un juez adicional que lo ayudaba en esa causa, porque era una megacausa. No repetía dos o tres veces el mismo procedimiento, como sucede entre nosotros, que se hace una vez, luego en el tribunal oral se repite. Tenía un sistema de investigación que le trae al juez los hechos ya aclarados y el juez sólo tiene que analizar la legalidad. Los recursos están limitados. Es decir: hubo cambios legales para pensar en un sistema que, defendiendo las garantías, permita luchar contra la impunidad. Hicieron leyes para regular la situación del arrepentido, que nosotros todavía no tenemos, y esa es una de las causas por las cuales la Argentina no ha podido concretar a pesar de los esfuerzos que se han hecho de visitar a países de la región; no se han podido concretar investigaciones porque no valen, los convenios que se hacen en otros países, en nuestro país. Entonces tenemos que definir de una vez por todas qué hacemos en esta materia, si somos capaces de hacer reformas para que la lucha contra la impunidad sea efectiva o bien estamos siempre con cosas parciales que impiden la investigación. Queremos también, y esto se ha planteado en materia penal, que se elaboren principios de armonización entre la seguridad ciudadana y las garantías constitucionales. Aquí hay muchos que son profesores y profesoras en las facultades de Derecho, que conocen el tema, que tienen mucha trayectoria. Debemos ser capaces de alumbrar, desde el Poder Judicial, un punto de equilibrio como lo han hecho otros países. Siempre en el derecho recurrimos a la experiencia de otros países Debemos hacer aquí lo que en otros países de la región y del mundo han logrado. Niveles aceptables de seguridad con respeto de las garantías ciudadanas. Lo que no podemos es seguir discutiendo y pasando de discusión a discusión mientras nuestro pueblo no ve las soluciones. También en materia civil y comercial necesitamos transformaciones importantes. Tenemos un Código Civil y Comercial pero falta toda la estructura de implementación, es decir: leyes procesales, la oralidad, la infraestructura. En las jurisdicciones civiles del interior del país, en las justicias provinciales, en las jurisdicciones de familia, necesitamos ahí muchísimas transformaciones, y sobre todo la oralidad. Hay un proyecto que ahora está circulando aquí, elaborado en el Ministerio de Justicia, sobre la oralidad. Hay un proyecto sobre la digitalización y el proceso basado en datos electrónicos, el proceso digital. Hay proyectos importantes en esta materia para mejorar el trabajo en la Justicia civil. Las demandas en esta materia son enormes a lo largo y a lo ancho del país. Debemos ser capaceas de dar respuestas más rápidas. En esto hay algo central que atraviesa todos los fueros, y es la idea de que el ciudadano que va a un banco, maneja a un celular, está en contacto con el siglo XXI, pero cuando va a un juzgado pasa al siglo XIX. Todavía ve expedientes cosiéndose con hilos. Entonces, ¿cómo puede ser que no seamos capaces de lograr expedientes digitales en todos los ámbitos? Hace 10 años que lo planteamos en la Corte Suprema, y todavía no se ha podido lograr. Los colegios de abogados nos han traído iniciativas importantísimas. Pero reitero, el problema es la implementación. Hasta en eso hay discusiones. ¿Cómo puede ser que los argentinos discutamos hasta los programas informáticos? ¿No podemos ponernos de acuerdo en que haya un sistema en el cual la gestión sea digital? Hay áreas del Estado que ya tienen desarrollos importantes en materia de tecnología, como es la AFIP o el ANSES. Ahí es sencillo hacer un expediente digital, los juicios de los jubilados serían muchísimo más rápidos. La pregunta es si nos interesa que sea más rápido. Y en esto debemos hablar en serio y con sinceridad, porque ha ocurrido lo contrario durante muchísimos años. Entonces: el expediente digital es una urgencia, y debemos lograrlo en todas las jurisdicciones. Hay provincias que están muchísimo más adelantadas que la Nación. No pensemos que la Justicia es solo lo que se ve aquí en Buenos Aires. Las provincias han hecho muchos esfuerzos. Hay provincias que tienen desarrollos importantes en materia tecnológica. Entonces todos tenemos que lograr un parámetro más o menos consensuados en materia de tecnología porque, si nosotros tenemos gestión organizada en base a un software judicial y tenemos digitalización de los documentos, entonces la auditoría que se puede hacer sobre el trabajo que cada uno de nosotros hacemos es automática porque la información fluye. Y podemos trabajar en cualquier horario, como nos sucede, estamos con la computadora en cualquier tiempo y lugar. Y podemos lograr difusión de información, porque uno de los temas importantes es que se conozcan las sentencias, porque si se conocen las sentencias los ciudadanos pueden ajustar sus conductas y, si pueden ajustar sus conductas, disminuye la litigiosidad. Esto ocurre en muchísimos campos y tenemos una propuesta interesante referida a la difusión de información de los montos indemnizatorios. Hace muchos años que la Dra. Highton y el fuero civil iniciaron el proceso de cuantificación. Bueno, hoy hay tecnología para difundirlo y entonces las indemnizaciones pueden ir logrando un intermedio, un nivel estable que a su vez permite el aseguramiento, y el aseguramiento permite la previsibilidad económica. Pensemos de otra manera. No nos opongamos al progreso y hagamos que los que tienen que tomar medidas en esta área las tomen. Acceso a Justicia es un área muy nombrada hace muchos años. La Corte tiene una experiencia importante, muchos de los tribunales de todo el país han trabajado en acceso a Justicia. Pero podemos pensar que hoy en día no es necesario tener el proceso complejo que siempre se pensó para todos los casos. Hay casos que pueden ser solucionados de manera muy sencilla. Y tampoco es necesario que todos los conflictos vayan al centro de las ciudades donde históricamente están los tribunales. Esto ha cambiado. Hoy hay posibilidades de hacer procesos muy sencillos en los lugares donde está el conflicto. Y no pensemos en países tan extraños. Brasil tiene un sistema en el cual la Corte puede crear tribunales y los creó en el aeropuerto. ¿Por qué? Porque hay conflictos en el aeropuerto. ¿Y ese tribunal es un tribunal complejo? No, es un tribunal que llama a las partes y busca soluciones en el momento, oral. ¿Y nuestra tradición de los jueces de paz? ¿Qué mejor nombre que un juez de paz? Un juez que busca la paz. Y sin embargo hemos devaluado esa idea. Y poner los jueces de paz donde están los conflictos, en los barrios, en las villas, donde hay conflictos que se pueden solucionar, es una barrera extraordinaria, efectiva, que mejoraría la solución de los conflictos y haría que los grandes procesos sean para grandes casos muy conflictivos. Disminuiría la litigiosidad. Entonces no es un tema menor que tomemos decisiones en esta materia y decidamos invertir todos los poderes en una línea inicial en la conflictividad con jueces de causas sencillas, con procedimientos muy sencillos. Tenemos también el tema de la eficiencia y la eficacia en los poderes judiciales. Y aquí nosotros queremos comenzar con el tema del Consejo de la Magistratura de la Nación, institución que fue creada en la Constitución de 1994. ¿Cómo es posible que todavía discutamos la Constitución? ¿Cuántos miembros tienen que ser y cuántos sectores tienen que estar representados? Todavía hay varios proyectos distintos. ¿No es posible que nos pongamos de acuerdo? Porque si no resolvemos esto, esta institución no nos satisface y entonces tenemos graves problemas. Hoy, y esto quiero decirlo, notamos un gran esfuerzo que han realizado los miembros actuales del Consejo de la Magistratura, que han mejorado sustantivamente la cantidad de concursos. Lo han hecho en este último año, en el anterior. Pero no es un problema de personas, es un problema de diseño institucional y de los incentivos que dan las instituciones. Una institución que se renueva cada cuatro años de forma total es como que empieza de nuevo cada cuatro años. Una institución que tiene un diseño parlamentario para funciones ejecutivas en la administración no puede funcionar bien. La administración del Poder Judicial es algo que tiene que ser muy rápido, y necesitamos rápidamente informática, edificios; y esto pasa en todo el país, no solo en la Nación. Pensemos cómo están funcionando las administraciones de los poderes judiciales en todo el país. Los jueces y juezas no podemos estar en esos temas: en ningún lugar del mundo sucede que los jueces están a cargo de los edificios, de la informática. Yo invito, sobre todo al periodismo, que vayan a los juzgados y vean cómo los jueces y juezas tienen que ocuparse de la luz, de los escritorios, de los edificios en ruinas, de que no tienen baños, de que les fallan las computadoras, que la conectividad no está… digo, esto es algo que no puede seguir discutiéndose. Tendríamos que lograr aquí una propuesta concreta para solucionar estos problemas, porque no creo que tengamos la necesidad de discutir teóricamente sobre las composiciones de los consejos. También tenemos que terminar con una resistencia al cambio de nosotros mismos. No podemos resistirnos a los cambios. Tenemos que lograr pensar en la idea de servicio público. Es decir, la Corte hizo hace muchos años, año 2006 convocamos a una Conferencia Nacional de Jueces, que era “Los Jueces y la Sociedad”. Es decir, el juez y la jueza mirando los problemas sociales, y ese fue el tema de esa conferencia. Y lo seguimos diciendo, porque nosotros no cambiamos de acuerdo a las épocas. Creemos que tenemos que trabajar fuertemente en mejorar el servicio público que brindan los tribunales. Este servicio público significa que nosotros tenemos que tener una actitud más abierta. Si cambian las costumbres, si debemos cambiar el horario, bueno, hagámoslo: no puede ser una cuestión tan difícil. O trabajar de otra manera, de manera que los ciudadanos tengan servicios continuos. ¿Cómo puede ser que estas cuestiones generen tanta discusión y tanta resistencia? Debemos pensar más en estar cerca de nuestra gente que en nuestros propios intereses corporativos. Y en esto creo que estamos muy de acuerdo todos los miembros de la Corte y la mayoría de ustedes. Hay que tomar decisiones y cambiar, porque si las instituciones no cambian los ciudadanos cambian, y esto está pasando en todo el mundo. Si tenemos semejante expectativa social sobre los poderes judiciales, sobre todas las instituciones, si las instituciones no cambian, vemos que en el planeta hay una creciente desconfianza en las instituciones, una idea anti sistema. Entonces, hay que cambiar, y esto es lo que queremos. También hemos pensado que hay temas que hay que solucionar de una vez por todas, por ejemplo el régimen electoral. Todavía estamos discutiendo desde hace muchísimos años cómo es la Justicia electoral y cómo es la organización de las elecciones por parte del Poder Ejecutivo. Y este no es un problema de un gobierno o de otro gobierno, es un problema casi cultural. Y estamos ahí sin resolverlo. Hay que resolverlo. Hasta dónde llegan los tribunales y hasta dónde llegan… porque cada vez que hay elecciones, hay discusiones serias sobre la organización de los procesos electorales. Y así, con todos los temas que ustedes ven en estas comisiones. Hemos incorporado la educación legal no para ocuparnos de áreas que no nos corresponden, sino porque el Poder Judicial en sentido amplio lo formamos todos. Muchos jueces y juezas enseñan en las universidades, los abogados y abogadas son imprescindibles para que funcione el Poder Judicial. Y ahí hay una interacción: las universidades, los colegios de abogados y el Poder Judicial tienen que ser uno solo para brindar un mejor servicio. Nosotros tenemos que ayudar a los abogados y abogadas a que tengan mejores oportunidades de trabajo. Y los abogados y abogadas también ayudar al Poder Judicial. Entonces, la educación legal no es un tema menor. En casi todos los países se ha discutido y han encontrado soluciones. Nosotros hace muchísimos años que venimos discutiendo el tema y nunca se ha logrado una solución. Por eso es un tema difícil, pero lo hemos incluido para que se resuelva, para que digamos verdaderamente qué es lo que queremos hacer con la educación legal, cómo podemos mejorarla y cómo podemos hacer una organización que funcione bien respecto de los tribunales de distintos rangos. Entonces están todos invitados y hemos recibido muchísimas propuestas en relación a ese tema, ideas diferentes. Hay que resolverlo, porque necesitamos de los colegios de abogados como cooperación y de las universidades como fuente, en la cual estamos implicados. Todos nosotros hemos estado en la universidad, somos profesores… es algo común, pero tenemos que pensar no en las disputas sino en cómo brindamos juntos un mejor servicio. También es necesario que pensemos en el trabajo que tienen que hacer los empleados y los funcionarios, que son una parte importantísimas de los poderes judiciales, por eso hemos invitado a los sindicatos, a los funcionarios, que vengan y digan cuáles son sus ideas. Tienen que participar. Pero tienen que participar con un espíritu abierto. Pensemos en el servicio público y no en nuestros beneficios personales, si vamos a tener más o menos tiempo. Hay que pensar un poco más en grande, hacer una autocrítica. Es cierto también, y con esto quiero terminar un poco el panorama, que los poderes judiciales necesitan también ser mejor conocidos. Nosotros sabemos que las críticas son buenas. Las necesitamos. Las fomentamos. La Corte ha hecho muchos vínculos con el periodismo profesional. Valorizamos el periodismo profesional. Tenemos convenios, damos premios a aquellos que se especializan en áreas judiciales. Y eso es importante, se tiene que conocer mejor lo que hacen los poderes judiciales. Ahora, hay actitudes que pueden afectar el funcionamiento de los poderes judiciales. En primer lugar no todo está mal. Pensemos que la Argentina tuvo una enorme crisis económica en el año 2000, 2001, 2002, y todo eso fue a parar a los poderes judiciales de todo el país. Miles y miles de causas. Cuando nosotros entramos aquí en la Corte Suprema estaba lleno de expedientes, miles, 200 mil, 300 mil, y los poderes judiciales con las mismas cantidades de jueces y los mismos recursos hicieron frente a esa situación y la resolvieron, y pacificaron la sociedad. Miles de juicios de jubilados, miles, que cayeron en todos los tribunales del país en la Justicia federal y se hicieron con los mismos recursos, los mecanismos para tratar de sostener esa situación. Y los juicios de lesa humanidad, que fue una enorme transformación que aún sigue con los mismos recursos, la misma cantidad de jueces y los mismos procedimientos. Y ahora los juicios de corrupción, y los juicios en materia de inseguridad. Y así hay enormes oleadas de conflictividad que los poderes judiciales han afrontado con dignidad, con esfuerzo. Y esto debemos decirlo, porque también es cierto que los poderes judiciales en todo el mundo enfrentan estos desafíos. No pueden buscar la aprobación de las mayorías ni manejarse por las encuestas. En ningún país del mundo los poderes judiciales tienen altos reconocimientos en las mayorías, porque no es su función. Cuidado con esto, porque si pensáramos así volveríamos a la Edad Media, como lo describió alguna vez Umberto Eco: la idea de que vamos a la plaza pública a juzgar y de acuerdo al aplauso de las mayorías se condena o no. El debido proceso fue justamente el gran progreso dejando atrás la Edad Media. No volvamos hacia atrás: tenemos que ser rigurosos, tenemos que buscar el prestigio, no la aprobación de las mayorías. Y el prestigio es seguir una misma línea de principios durante mucho tiempo. Y eso significa que debemos ser abiertos, que nos controlen, que miren lo que hacemos, que mostremos nuestras ideas, que discutamos con seriedad. Tampoco podemos tolerar —y en esto nos parece que está en juego la independencia judicial— el agravio permanente, el insulto, la crítica desmedida, la búsqueda de desprestigio, que es algo que se ha transformado en moneda corriente en los últimos años. Pensemos los grandes conflictos que ha tenido el Poder Judicial en los últimos años y hemos salido adelante. Pero también pedimos a todos que reconozcan esas actitudes. Muchos que hacen críticas infundadas fueron beneficiarios en momentos difíciles de decisiones del Poder Judicial. No todo está tan mal. Siempre tenemos que ser equilibrados. Debemos ser armonía en esta sociedad que solo busca las divisiones. Las polarizaciones no nos conducen a ningún lado. Hasta Lincoln dijo “ninguna casa puede ser construida si hay divisiones”. Nuestra casa común se construye si buscamos cierta armonización de intereses y no esta oscilación pendular a la cual estamos tan acostumbrados. La convocatoria es eso: políticas de Estado, equilibrio, autocrítica, convocatoria a los demás poderes. Hemos dado muy poco tiempo para que seamos concretos. No volvamos a discutir y crear comisiones y hacer declaraciones. Busquemos las soluciones concretas que todos conocemos y luego hablemos con los demás poderes del Estado. Los vamos a citar aquí, ya hemos hablado, tenemos muy buena relación como para poder concretar rápidamente en todos los niveles. Incluyendo a las provincias que siempre decimos: una buena parte de las jurisdicciones del país son las responsables del 80% de la litigiosidad y las provincias, y lo ha dicho la Corte en reiteradas oportunidades, son autónomas. Debemos recordar que hay federalismo y sin embargo se habla del Poder Judicial como si sólo hubiera uno y aquí, en las pocas cuadras que rodean a este edificio. Las provincias tienen poderes judiciales. Muchos funcionan muy bien pero siempre hay que mejorarlos, hay que transformarlos. Entonces también necesitamos, y por eso están aquí las cortes de las distintas provincias. Para que ellos también se sumen a la discusión, iniciemos un proceso. Nadie dice que hoy vamos a transformar todo pero si nosotros iniciamos un proceso donde hablamos con sinceridad, donde estamos dispuestos a pensar en nuestro pueblo, en las necesidades que tiene, en las grandes transformaciones que necesitamos, en la enorme demanda social y sabemos que nuestro deber es cuidar de nuestro pueblo, sus derechos, no podemos infundir temor en la población. Debemos dar seguridad jurídica, que es la que necesita cualquiera que ve a su hijo que sale en la noche o el que tiene un trabajador que tiene un derecho o los jubilados o los empresarios. Toda la sociedad necesita un sistema, un Estado de derecho que funcione. Esa es nuestra enorme responsabilidad. Y yo sé que aquí, todos nosotros en la Corte sabemos que hay muchísimos jueces y juezas con esa buena voluntad. Por eso los hemos convocado y ojalá podamos lograr resultados muy concretos muy rápidamente. Muchas gracias a todos”

En marzo 7th, 2018, publicado en: Actividades, Otros temas Institucionales, Publicaciones por

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