Fallo de la Cámara Federal que ordena pedir el desafuero y la detención de Julio De Vido

“…lo referenciado constituye claras circunstancias objetivas que demuestran la viabilidad de obstaculizar la investigación y dan fundadas razones para presumir que el nombrado tendría a su alcance las oportunidades y los medios necesarios -considerando especialmente la capacidad de influenciar y determinar a terceros- para intentar entorpecer la pesquisa y provocar una grave afectación al avance del proceso y a la averiguación de lo ocurrido…”     

CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL – SALA 2 5218/2016/17/CA14    

Ex Ministro Julio Miguel De Vido

CFP 5218/2016/17/CA14 LARREGINA, Miguel A. y otros s/detención Juzgado 9 – Secretaría 18

Buenos Aires, 17 de octubre de 2017.   

VISTOS: Y CONSIDERANDO:

Que las presentes actuaciones se elevaron a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación deducido por el Sr. Fiscal Dr. Carlos E. Stornelli, contra el punto II del decreto obrante en fotocopias a fs. 1/14 de este incidente, a través del cual resolvió no hacer lugar a la petición formulada en los términos del artículo 283 del Código Procesal Penal de la Nación respecto de Julio Miguel De Vido, Jorge Omar Mayoral, Roberto Baratta, Jaime Horacio Alvarez, Atanacio Perez Osuna, Miguel Angel Larregina, Marta Nilda Perez, Fernando Jorge Lisse, Héctor Brotto,   Martín   Juan   Goicoechea,   Orlando   Marino   Taboada   Ovejero, Orlando Javier Pastori, Claudio Edgardo Masson, Gustavo Alejandro Maza, Hugo Ramón Sanchez, Cristian Funes, Lucas Zemunik, Guillermo Torres, Cintia Roxana Peña, Nadia Marquez, Gustavo Alejandro Lugercho, Carina Anahí Mendoza, Alexis Philpott, Diego Osvaldo Di Lorenzo, Ana María Vacaro, Osvaldo Martín Szewczuk, Eva María Balcazar Andrade y Paula Carolina Ferrari.

Según   el   representante   del   Ministerio Público Fiscal, existen en el sumario elementos que dan cuenta de la

presencia de riesgos procesales latentes que las medidas dispuestas por el Juez   no   alcanzan   a   neutralizar.   Señaló   además   que   no   se   ha   dado tratamiento   a   los   argumentos   desarrollados   por   dicha   parte   para fundamentar   su   postura,   concluyendo,   por   ende,   que   el   decisorio   no constituye una derivación racional de las constancias obrantes en la causa.

Ya en esta instancia, el Sr. Fiscal General Dr. Germán Moldes expresó a fs. 33/5 que respecto de aquellos cuya situación ambulatoria ha sido ventilada en el marco de sus respectivos incidentes de exención de prisión, resultaba abstracto cualquier planteo genérico, con lo cual, en definitiva, desistió de ese tramo del recurso.

Idéntica postura adoptó en lo que atañe a los demás imputados, aunque entendió que sus libertades debían ser sujetadas a una caución real equivalente a la fijada al resto de sus consortes.

Finalmente, se expidió en torno a Julio Miguel De Vido.  A su respecto solicitó que se impulse el desafuero del nombrado al considerar que su capacidad de estructurar lo que definió como “la más compleja y efectiva trama de corrupción ”, muestra por sí misma los riesgos que su libertad supone, y sin poder descartar la fuga, alude además a la posibilidad de entorpecer mediante la presión e influencia en posibles testigos, como así también a partir de sus vínculos con reparticiones en las que conserve algún grado de incidencia real.

III.

En la misma oportunidad, argumentaron a favor de lo decidido por el a quo  la Dra. Cristina Iuzzolino -por la defensa técnica de Masson, Peña, Szewczuk- la Dra. Yamila Noelia Granero –a cargo de la defensa técnica de Luguercho, Ferrari, Cortes, Vaccaro-, el Dr. Roberto Carlos Herrera -asistiendo técnicamente a Di Meglio, Di Lorenzo, Taboada Ovejero, Funes, Balcazar Andrade, Pastori, Mendoza, Sanchez, Torres  y Maza-, el Dr. Gustavo Kollmann -por Marquez y Philpott-, los Dres. Juan Pablo Perez Millan y Mauro Augusto Izzi -por Martín Juan Goicoechea-, los Dres. Julián Subías y Santiago Blanco Bermúdez -por Héctor Carlos Brotto- y los Dres. Rusconi y Palmeiro -por Julio Miguel De Vido-.

Todos ellos fueron contestes al afirmar que no existen en el sumario elementos que indiquen la necesidad de proceder a sus detenciones, bastando con las restricciones que le fueron impuestas a cada uno en ocasión de decidirse sus convocatorias a prestar declaración indagatoria. Agregó la defensa de Goicoechea que, frente al desistimiento formulado en esta instancia por el acusador público, la vía impugnativa quedó   cerrada.    Asimismo,   la   defensa   de   De  Vido   dejó   sentadas   sus objeciones en torno a la integración del Tribunal.

Procede aclarar que, aún cuando sus defensas técnicas   mejoraron   fundamentos   ante   esta   Alzada,   las   libertades ambulatorias de Cristina Vanesa Colivoro, Alan Miguel Bjerring, Verónica Soledad Cosentino yMatías Saldivar no han sido parte de la pretensión recursiva del fiscal dirigida contra las personas individualizadas en el punto resolutivo II.

Pues bien, puestos a examinar la cuestión, el  Dr. Martín Irurzun dijo:

En primer lugar, y en lo que atañe a Juan Martín Goicoechea, Marta Nilda Perez, Fernando Jorge Lisse, Roberto

Baratta,   Miguel  Angel   Larregina   y  Atanasio   Perez   Osuna,   la   postura

asumida por el Sr. Fiscal General impide cualquier análisis en torno al

acierto o no de su interpretación y limita el examen a la comprobación de

las pautas de motivación exigidas por las normas.

Conforme a ello, y en la medida en que su

pretensión se encuentra fundada, corresponde tener por desistido el recurso

deducido respecto de los nombrados.

b.

La   misma   decisión   corresponde   adoptar

respecto   de   los   pedidos   de   detención   que   pesaran   sobre   Jorge   Omar

Mayoral, Jaime Horacio Alvarez, Héctor Brotto, Orlando Marino Taboada

Ovejero,   Orlando   Javier   Pastori,   Claudio   Edgardo   Masson,   Gustavo

Alejandro Maza, Hugo Ramón Sanchez, Cristian Funes, Lucas Zemunik,

Guillermo Torres, Cintia Roxana Peña, Nadia Marquez, Gustavo Alejandro

Lugercho,   Carina  Anahí   Mendoza,  Alexis   Philpott,   Diego   Osvaldo   Di

Lorenzo,   Ana   María   Vacaro,   Osvaldo   Martín   Szewczuk,   Eva   María

Balcazar Andrade y Paula Carolina Ferrari.

Sin   perjuicio   de   ello,   la   postulación   del   Dr. Moldes dirigida a que se les imponga a los nombrados una caución real deviene   arbitraria,   pues   las   razones   en   que   la   sustenta   su   pretensión

-coherencia e igualdad en relación a aquellos imputados que promovieron

su exención de prisión-,  son ajenas a las pautas valorativas que rigen la

cuestión, según las cuales es el examen de los riesgos presentes en cada

caso el que define el modo más adecuado de garantizar la sujeción a

proceso.

Sentado ello, el examen se encuentra ahora limitado exclusivamente a la situación de Julio Miguel De Vido, respecto

de quien el Sr. Fiscal ha solicitado -y el Sr. Fiscal General ha mantenido- que se promueva su desafuero para proceder  a una “limitación de su

libertad personal” -conf. memorial de fs. 194/9-.

En la tarea de evaluar su procedencia conforme

al régimen establecido por la Ley 25.320, se impone entonces examinar si,

de acuerdo a lo alegado por el acusador, existen elementos que permiten inferir que la libertad del imputado es un obstáculo al desarrollo de la investigación.

Veamos.

Conforme han sido delineados los hechos en las declaraciones indagatorias recibidas hasta la fecha, la investigación tiene como objeto una “ maniobra defraudatoria, cuya perpetración se sitúa entre el 14 de enero de 2008 y el 26 de enero de 2016, que consistió en la ilegítima   obtención   de   fondos   provenientes   del   Estado   Nacional   –

concretamente   del   ex   Ministerio   de   Planificación   Federal,   Inversión Pública y Servicios (en adelante MINPLAN) y del Yacimiento Carbonífero de Río Turbio y de los Servicios Ferroportuarios con Terminales en Punta

Loyola y Río Gallegos de la Provincia de Santa Cruz (en adelante YCRT)-,

y su manejo a través de la Facultad Regional Santa Cruz (en adelante

FRSC) de la Universidad Tecnológica Nacional (en adelante UTN) y de la

“Fundación Facultad Regional Santa Cruz” (en adelante “Fundación”)

”, avanzando la imputación con el detalle de la modalidad comisiva.

Es por ello que, tal como advertí anteriormente,

a la hora de examinar la presencia de riesgos procesales no corresponda

limitar   el   análisis   al   arraigo   o   la   manera   en   que   los   involucrados   se

comportan formalmente en el proceso penal, sino que resulta especialmente

relevante determinar si existen datos reales, concretos y objetivos que

permitan razonablemente presumir  que los lazos funcionales tejidos al

amparo del acuerdo criminal se encuentran aún vigentes y pueden estar

siendo utilizados en perjuicio de la investigación penal.

En el caso, precisamente, la pretensión del Sr.

Fiscal   es   efectuada   en   el   marco   de   un   proceso   que   involucra   la

investigación   de   actos   de   corrupción   complejos,   que   habrían   sido

desarrollados con la necesaria intervención de funcionarios de diversas

áreas del Estado y al amparo de su estructura,  durante un extenso período

de tiempo.  En el contexto descripto, el reclamado es, en hipótesis, uno de

sus actores principales.

Avanzando entonces en el examen, observo que las circunstancias alegadas por el Sr. Fiscal para sustentar la restricción ambulatoria de De Vido se encuentran suficientemente objetivadas en la

encuesta.encuentra   íntimamente   ligada,   precisamente,   con   la   actividad   del Yacimiento Carbonífero de Río Turbio.

En base a ello, sin que lo expuesto implique abrir juicio alguno sobre su acierto o sobre la eventual responsabilidad del nombrado en las maniobras y sin perjuicio de cuanto defina el a quo  en ocasión de resolver su situación procesal, la totalidad de las circunstancias analizadas permiten concluir que, en tanto se verifican en derredor de De

Vido indicios de entidad suficiente como para presumir que su libertad constituye un riesgo para el proceso en curso, su encarcelamiento resulta la única alternativa viable para garantizar el éxito de esta investigación. Para

ello,  más allá de toda especulación, el tiempo es fundamental frente a los peligros concretos de obstrucción verificados.

En razón de lo expuesto, dada la condición de legislador   del   nombrado,   se   impone   proceder   conforme   requiere   el Ministerio Público Fiscal y  ordenar al a quo que proceda a la inmediata remisión del pedido de desafuero ante la Cámara de Diputados en los términos previstos por el artículo 70 de la Constitución Nacional y por el artículo 1° de la Ley 25.320.

De otra parte, y en base a lo advertido en relación a las particularidades que rodearon el envío de la documentación

secuestrada en la sede de la Fundación Facultad Regional Santa Cruz -conf. 818, 863, 867 y 944-, corresponde encomendar al a quo  la apertura de una investigación a efectos de esclarecer lo acontecido.

El Dr. Eduardo Farah dijo:

Coincido con mi colega en la solución dada a los puntos tratados en los apartados a.,  b. y d. de su voto.

Asimismo,   y   a   partir   del   examen   de   las actuaciones y los argumentos desarrollados por los Sres. Fiscales en ambas instancias, entiendo que la pretensión dirigida a formalizar el desafuero de Julio Miguel De Vido se encuentra objetivamente fundada y se ajusta, más allá de las limitaciones que ha puesto el propio legislador al sancionar la ley

25.320, a lo que estrictamente establece el artículo 70 de la Constitución Nacional.

En punto a los indicios que la sustentan,   el detalle efectuado en el voto que me precede es suficientemente descriptivo: la complejidad de los hechos, su extensión temporal, las vicisitudes que  rodearon la obtención de documentación,  la actividad procesal que falta emprender con miras a la determinación de los alcances de las maniobras y la   individualización   de   todos   los   responsables   y,   sustancialmente,   la ubicación   y   eventual   recuperación   de   los   fondos   involucrados   en   las maniobras   ilícitas,   habilitan   la   procedencia   de   la   diligencia   reclamada respecto de quien ha sido sindicado en autos como uno de sus principales responsables.

Ínterin, hasta tanto se avance en la imputación y se   defina   su   situación   procesal,   la   postulación   del   Sr.   Fiscal   General orientada   a   que,   sin   perjuicio   de   las   restantes   restricciones   a   que   se encuentra sometido -prohibición de salida del país, entrega del pasaporte y concurrencia mensual a la sede instructora- se le imponga una caución real de   suficiente   entidad   ha   sido,   en   este   caso   particular,   suficientemente fundada y deviene a esta altura atinada, sin perjuicio del examen que sobre su suficiencia quepa efectuar en la oportunidad reglada por los artículos 306 a 312 del Código Procesal Penal de la Nación.

En razón de lo expuesto, y de conformidad con lo requerido por el Sr. Fiscal General, corresponde encomendar al Sr. Juez de grado que junto a la formalización del pedido de desafuero ante la Cámara de Diputados -en los términos previstos por el artículo 70 de la Constitución Nacional-, imponga  a Julio Miguel De Vido una caución real

cuyo monto debe ser establecido de acuerdo a las circunstancias del caso tal como establece el artículo 324 del Código Procesal Penal de la Nación.

Así lo voto.

El Dr. Leopoldo Bruglia dijo:

Adhiero al voto del Dr. Irurzun en cuanto al tratamiento de las cuestiones abordadas en los puntos a., b. y d.

Ahora   bien,   teniendo   en   cuenta   los desistimientos efectuados por el Fiscal ante esta instancia, Dr. Germán

Moldes,   el   presente   recurso   de   apelación   ha   quedado   circunscripto exclusivamente al agravio referido a la negativa por parte del Juez de grado de proceder a la detención y desafuero   de Julio De Vido y vedada la habilitación de esta instancia para analizar la situación de otros imputados.

Sentado ello, a los efectos de analizar la materia del presente recurso en cuanto a la procedencia o no de una medida

restrictiva de libertad respecto a Julio De Vido, se debe evaluar si se  evidencia o subyace alguna circunstancia objetiva que constituya un riesgo procesal, circunscripto jurisprudencialmente a la posibilidad de eludir el

accionar de la justicia o entorpecer de algún modo la investigación que se viene llevando a cabo.

Nos   encontramos   ante   un   caso   bastante particular, que se encuentra caracterizado por diversos componentes que luego referiré,  los que  permiten afirmar la concreta  presencia de  riesgos procesales sobre la incautación y producción de la prueba, que podrían poner en peligro el progreso de la investigación.

Conforme la descripción del objeto procesal de esta causa, efectuada por el  a quo  a fs. 8/14, los hechos investigados en autos revisten una importante e inusual  complejidad, detallados como un significativo entramado de corrupción con permanencia en el tiempo, que presumiblemente permitió la disposición de fondos públicos sorteando “

los diversos controles en materia de contratación ”, generando un perjuicio a las arcas del Estado Nacional, en los cuales habrían intervenido en una triangulación contractual YCRT, la Facultad Regional Santa Cruz de la

Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la Fundación de la Facultad Regional   de   Santa   Cruz,   con   la   actuación   además,   de   numerosos funcionarios públicos de diferentes niveles jerárquicos del Ministerio  de

Planificación Federal de la Nación y las Municipalidades de Rio Turbio y de Río Gallegos.

Estamos ante una compleja plataforma fáctica, con sus particulares pliegues, que involucra una multiplicidad de actos efectuados   por   particulares   y   diversos   funcionarios   de   dependencias estatales asentadas en más de una jurisdicción, entidades autárquicas y hasta una fundación. Involucra la participación de funcionarios públicos

que ostentaban disímiles jerarquías, resultando además relevante –a los fines de la presente- el cargo que desempeñaba Julio De Vido al momento de los hechos, con su extensa trayectoria en la actividad pública ejercida en

la provincia de Santa Cruz y el actual puesto que -como Diputado de la Nación y presidente de la Comisión de Energía- ocupa en el Congreso de la Nación.

A la luz de la concreta imputación fijada por el juez   de   grado   al   momento   de   ordenar   su   declaración   indagatoria,   lo referenciado constituye claras circunstancias objetivas que demuestran la viabilidad de obstaculizar la investigación y dan fundadas razones para presumir que el nombrado tendría a su alcance las oportunidades y los

medios necesarios -considerando especialmente la capacidad de influenciar y determinar a terceros- para intentar entorpecer la pesquisa y provocar una grave afectación al avance del proceso y a la averiguación de lo ocurrido.

Algunas acciones ya se han visto reflejadas en autos conforme lo señala el voto del Dr. Irurzun, las que si bien -en

principio- no pueden imputarse directamente al referente cuya situación estamos   aquí   analizando,   permiten   demostrar   la   vulnerabilidad   de   la incipiente recolección de pruebas y la concreta posibilidad de que -quién

tenga la condiciones que entiendo aquí se encuentran reunidas- pueda alterar sustancialmente la materia probatoria necesaria para dilucidar los hechos que motivan la causa.

El incipiente inicio de la investigación   –más allá de la fecha de los hechos- es otro elemento objetivo válido para

considerar, teniendo en cuenta que las posibilidades de entorpecer la prueba son   sustancialmente   mayores   a   las   que   se   dan   en   otros   procesos   ya avanzados.

Estas circunstancias razonablemente evaluadas, revelan que el imputado puede poner en riesgo, dificultar o impedir la recolección   y/o   producción   de   medidas   probatorias,   obstaculizando   de alguna manera el cumplimento de diligencias jurisdiccionales, condicionar o influenciar sobre la prueba testimonial a producirse y afectar en términos

generales el avance de la presente investigación.

Por todo ello, considero pertinente la adopción de la medida cautelar propiciada por el Ministerio Público Fiscal, dado que se encuentran reunidos los requisitos necesarios que me permiten presumir que en caso de mantenerse la libertad del imputado, este podría provocar la frustración del accionar de la justicia.

Cabe   aclarar   que   a   los   fines   de   resolver   la presente cuestión no se requiere la acreditación concreta de una conducta por parte del imputado de que efectivamente haya entorpecido del algún modo la investigación y por lo tanto haber cometido un posible delito de acción pública que ameritaría la extracción de testimonios, sino que resulta suficiente   el   señalamiento   de   circunstancias   objetivas   como   las   ya  mencionadas   en   este   voto,   que   hagan   presumir   que   podría   llegar   a concretarse dicho riesgo procesal.

Por último, debo mencionar que he evaluado la posibilidad de imponer una medida menos gravosa que la presente, pero advierto   que   ella   resultaría   ineficaz   a   la   luz   del   peligro   procesal

referenciado. Las pautas fijadas por el a quo (cumplimiento del art. 310 del

CPPN,   retención   de   pasaportes,   prohibición   de   salida   del   país)   no

neutralizan las graves consecuencias que De Vido podría provocar en el

avance de la investigación, ya que exclusivamente tienden a evitar un

posible  peligro  de  fuga,  riesgo   procesal  diferente   al  evaluado   en  esta

incidencia respecto del imputado.

Por lo expuesto voto por revocar lo resuelto por

el Juez de grado con fecha 11 de septiembre del corriente año y, devolver

las actuaciones al juzgado de origen a los efectos de que se proceda

conforme a lo señalado en los considerandos y, por darse el   supuesto

previsto en el art. 1° de la ley 25.320, debe también hacerse lugar a la

solicitud de desafuero de Julio De Vido, tal como propugnan los Dres. Irurzun y Farah en los votos precedentes. Es en virtud de lo expuesto que corresponde y por ello este Tribunal

RESUELVE:

  1. TENER POR DESISTIDO el recurso de apelación que fuera deducido contra lo resuelto en el punto II del auto obrante en fotocopias a fs. 1/14 en lo que respecta a los pedidos de detención formulados en relación a Jorge Omar Mayoral, Roberto Baratta, Jaime Horacio Alvarez, Atanacio Perez Osuna, Miguel Angel Larregina, Marta  Nilda  Perez,  Fernando  Jorge  Lisse,  Héctor   Brotto, Martín  Juan Goicoechea, Orlando Marino Taboada Ovejero, Orlando Javier Pastori, Claudio Edgardo Masson, Gustavo Alejandro Maza, Hugo Ramón Sanchez, Cristian Funes, Lucas Zemunik, Guillermo Torres, Cintia Roxana Peña, Nadia Marquez, Gustavo  Alejandro  Lugercho, Carina  Anahí  Mendoza, Alexis Philpott, Diego Osvaldo Di Lorenzo, Ana María Vacaro, Osvaldo Martín Szewczuk, Eva María Balcazar Andrade y Paula Carolina Ferrari, en los términos que surgen de los Considerandos de la presente.
  2. REVOCAR el punto II del auto citado en lo

que atañe a Julio Miguel De Vido y, consecuentemente,

ORDENAR SU

DETENCIÓN

en el marco del presente expediente,

DEBIENDO

el Sr.

Fecha de firma: 17/10/2017

Firmado por: EDUARDO GUILLERMO FARAH, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARTIN IRURZUN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: LEOPOLDO BRUGLIA, Juez de Cámara

Firmado(ante mi) por: LAURA VICTORIA LANDRO, Secretaria de Cámara

#30451833#191165212#20171017110221373

Juez   de   grado,   previamente   y   a   sus   efectos,   proceder   a   la   inmediata

formalización del pedido de desafuero ante la Cámara de Diputados de la

Nación -conf. artículo 70 de la Constitución Nacional, artículo 1° de la Ley

25.320, y artículo 319 del Código Procesal Penal de la Nación-.

Regístrese, hágase saber y devuélvase.

EDUARDO GUILLERMO

FARAH

JUEZ DE CAMARA

(En disidencia Parcial)

MARTIN IRURZUN

JUEZ DE CAMARA

LEOPOLDO BRUGLIA

Juez de Cámara

LAURA VICTORIA LANDRO

Secretaria de Cámara

El Dr. Cattani no firma por encontrarse en uso de licencia. Conste.-

Ante mí: Laura V. Landro

Cn°40135; Reg n°44035

Fecha de firma: 17/10/2017

Firmado por: EDUARDO GUILLERMO FARAH, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARTIN IRURZUN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: LEOPOLDO BRUGLIA, Juez de Cámara

Firmado(ante mi) por: LAURA VICTORIA LANDRO, Secretaria de Cámara

En octubre 27th, 2017, publicado en: Jurisprudencia, Novedades por

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